17 de diciembre de 2025
LEGISLATIVAS
El Presupuesto de Milei: superávit, sanciones penales y un Congreso bajo presión
Además de la ley de gastos, el oficialismo impulsa un régimen que penaliza el déficit y limita el margen legislativo, incluso entre aliados.
El Gobierno aceleró su ofensiva parlamentaria para lograr la media sanción del Presupuesto 2026 durante las sesiones extraordinarias. Con acuerdos previos con gobernadores y una distribución favorable de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría y convocó a una sesión en Diputados para este miércoles 17 de diciembre. La estrategia combinó negociación política y control del procedimiento legislativo.
El proyecto oficial proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal del 1,5% del producto. Sin embargo, el esquema incluye decisiones de fuerte impacto político y social: deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, prorroga beneficios impositivos a la energía renovable hasta 2045 e incorpora deducciones en combustibles líquidos y gasoil. El texto replica, en lo sustancial, la versión dictaminada en noviembre.
El dictamen reunió 28 firmas, con seis disidencias. Diputados del MID, Innovación Federal, PRO y la UCR cuestionaron principalmente la eliminación de las leyes de educación y discapacidad, la falta de resolución sobre la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y artículos vinculados al esquema eléctrico. Aun así, el oficialismo logró sostener la mayoría necesaria para llevar el proyecto al recinto.
En paralelo, la oposición presentó alternativas. Unión por la Patria impulsó un dictamen propio que reivindica las leyes vetadas o derogadas y propone sostener fondos para educación, discapacidad y salud pediátrica, además de otras partidas estratégicas. Provincias Unidas, por su parte, advirtió que el equilibrio fiscal no puede lograrse a costa del desfinanciamiento de políticas esenciales y sumó propuestas para bosques nativos, empleo, industria y protección del patrimonio estratégico.
El paquete se completa con el proyecto de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que prevé penas de prisión e inhabilitación para funcionarios que aumenten el gasto sin recursos acreditados y prohíbe el financiamiento monetario del déficit. La iniciativa generó rechazos incluso entre bloques aliados: desde la Coalición Cívica la calificaron de inconstitucional y acusaron al Gobierno de intentar condicionar el debate legislativo y concentrar poder en el Ejecutivo.