5 de enero de 2026
BAJO LA LUPA
La eliminación del PROFIDE y la incógnita sobre fondos adeudados a constructoras
El Gobierno bonaerense, con la aprobación en la Legislatura, eliminó dos fondos fiduciarios y uno pasó a la órbita del Instituto de la Vivienda. Las obligaciones del fideicomiso que todavía no se cancelaron generan preocupación.
La aprobación del Presupuesto 2026 para la provincia de Buenos Aires dejó como saldo también la eliminación de fideicomisos destinados a obra pública e infraestructura. La decisión de Axel Kicillof busca centralizar mayor poder en el Ejecutivo, pero hasta el momento hay incertidumbre en torno a la cancelación de fondos adeudados a las empresas constructoras.
En el artículo 63 de la Ley N° 15.557, publicada el 15 de diciembre, se promulgó también la disolución y liquidación del “Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial” (PROFIDE). Además, tuvo el mismo destino el “Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires” (PROMEI).
En cuanto al PROFIDE, se estableció que el Poder Ejecutivo, a través del Instituto de la Vivienda de la Provincia, absorba las tareas, obras en ejecución y todas las operatorias. Asimismo, continuarán vigentes las obligaciones con el fin de asegurar la ejecución de los actos relativos a la disolución y liquidación del Fondo.
También se ordenó que “durante el proceso de liquidación, y previo a la transferencia a la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de Fideicomisario, del remanente de los activos fideicomitidos que queden en su poder, se deberán arbitrar los medios necesarios para posibilitar la cancelación anticipada de aquellos instrumentos financieros emitidos por la provincia de Buenos Aires que estuvieran vigentes a favor del Fondo a la fecha de su disolución”.
Según pudo conocer La Tecla, existiría una deuda de unos 19 mil millones de pesos del PROFIDE a distintas empresas que tienen en ejecución varias obras. Parte de la misma se tenía previsto que se cancele el 11 de diciembre, pero hasta el momento no aconteció.
La preocupación en los acreedores crece porque no tienen certezas sobre cuándo podrán cobrar los certificados de obra que ya presentaron. Al mismo tiempo, la incógnita es mayor debido a que trascendió que el fondo fiduciario tendría superávit y no contaría con problemas para afrontar gastos.
No obstante, según la ley aprobada, en el artículo 66 se estableció que “una vez producida la disolución” del ‘Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires’ (PROMEI) y del ‘Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial’, y transferidos los remanentes, si existieren, a los Fideicomisarios correspondientes, éstos deberán transferir dichos fondos al Tesoro Provincial, con comunicación de tal circunstancia a la Legislatura en un plazo de 120 días”.
En tanto, se aclaró que la disolución de los Fondos tiene vigencia a partir de la publicación de la normativa. Un dato que no es menor es que se facultó al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos citados en el párrafo que antecede.
De todos modos, al margen de los tiempos que se establecieron para el procedimiento de liquidación, desde el sector privado advierten que mientras el tiempo corre y la deuda no se pague se incrementa el monto. El llamado de atención cobra mayor relevancia ante un contexto económico de inestabilidad luego de los cambios en la política del tipo de cambio oficial del dólar.
Acá entran en juego las UVIs (Unidades de vivienda) que están relacionadas al precio de insumos y bienes vinculados al costo de construcción. Las mismas sirven para cotizar precios en contratos de obra pública destinados a la construcción de viviendas.
El Gobierno bonaerense lleva adelante las licitaciones y contratos para la construcción de viviendas, el financiamiento de obras de desarrollo urbano, bajo el valor en pesos de las UVIs. La cotización se encuentra publicada en la página web oficial del Banco Central y se actualiza mensualmente a través del Índice del Costo de la Construcción para el Gran Buenos Aires que publica el INDEC.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció un régimen específico para la determinación de precios en los contratos de obra pública destinados a la construcción y mejoramiento de viviendas, a través del Decreto N° 635/2021.
La medida alcanza tanto a los contratos de obra pública para la construcción de viviendas como a los programas o planes sociales de vivienda financiados por el Estado provincial, y se enmarca en la adopción de un sistema de precios vinculado a la Unidad de Vivienda (UVI), tomando como referencia el valor en pesos publicado diariamente por el Banco Central de la República Argentina.
Asimismo, establece que los precios de los contratos de obra pública destinados a viviendas deberán cotizarse de acuerdo al valor en pesos de la UVI vigente en la fecha que indiquen los pliegos de bases y condiciones. Para ello, se toma como índice el valor diario de la UVI publicado por el Banco Central.
En la práctica, los contratos se denominan en pesos y en su equivalente en unidades UVI, lo que permite actualizar los valores de las obras de manera automática, sin recurrir a mecanismos tradicionales de redeterminación de precios.