El último informe del Instituto Argentina Grande expone la contracara del orden fiscal: consumo en mínimos, empleo formal en retroceso, obra pública paralizada y transferencias a provincias recortadas. La estabilidad nominal no logra traducirse en mejora del ingreso ni de la actividad real.

El ajuste ordena la macro, pero profundiza la caída del consumo, el empleo y la inversión

El cierre de 2025 dejó una fotografía económica atravesada por un contraste cada vez más marcado. Mientras el Gobierno exhibe superávit fiscal y cierta estabilidad nominal, los indicadores reales muestran un consumo deprimido, actividad estancada y un deterioro sostenido del empleo y la inversión, según el último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG).

El consumo masivo continúa siendo uno de los principales puntos críticos. Las ventas en supermercados cayeron más de 10% real en promedio desde el cambio de gestión y noviembre de 2025 marcó el peor registro mensual desde diciembre de 2023. La contracción se extiende a casi todo el país: 23 de las 24 provincias exhiben retrocesos, con el norte como la región más golpeada.

Lejos de una recuperación genuina, el gasto de los hogares se sostiene crecientemente con endeudamiento. Casi el 45% de las compras en supermercados se pagan con tarjeta de crédito, un máximo histórico, mientras la morosidad trepa a niveles récord. El uso del crédito aparece más como una estrategia para “llegar a fin de mes” que como una señal de confianza en el futuro.

Esa dinámica se refleja en las estrategias defensivas de los hogares. Según el relevamiento, el 48% debió desplegar algún mecanismo complementario de ingresos: gastar ahorros, endeudarse o vender pertenencias. El fenómeno impacta con fuerza en los sectores medios, que concentran el mayor uso de ahorros y crédito financiero.

La presión sobre los ingresos se explica, en buena medida, por el cambio de precios relativos. Aun cuando los salarios nominales muestran cierta recomposición, el peso de los gastos fijos se duplicó: hoy las tarifas y el transporte absorben más del 10% del salario mediano registrado, frente a menos del 5% en 2023, reduciendo el ingreso disponible.

En el frente productivo, la actividad económica muestra una recuperación prácticamente nula. El EMAE creció apenas 0,1% entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Industria y construcción continúan en terreno recesivo, mientras sólo la minería exhibe una mejora moderada, insuficiente para traccionar al conjunto.

El mercado laboral profundiza esta fragilidad. Aunque se crearon puestos de trabajo en términos netos, la totalidad corresponde a empleo informal o cuentapropista. En paralelo, se destruyeron más de 220 mil empleos asalariados registrados desde 2023, deteriorando la calidad del empleo y la base de ingresos estables.

El ancla fiscal es el eje ordenador del modelo. El gasto público real cayó alrededor de 27% respecto de 2023, el ajuste más severo desde la salida de la convertibilidad. La contracción explica casi en su totalidad el superávit primario, pero también reconfigura el nivel de actividad y la provisión de bienes públicos.

Dentro de ese recorte, la inversión pública fue la variable de ajuste más drástica. El gasto de capital se desplomó cerca de 75% en el último semestre, paralizando la obra pública y consolidando un nuevo piso bajo para la construcción, con efectos negativos sobre la infraestructura y la productividad futura.

El ajuste también se trasladó a las provincias. Las transferencias federales cayeron más de 70% real, forzando a los gobiernos subnacionales a aumentar impuestos y tarifas o a recortar servicios, profundizando las tensiones fiscales y políticas en el interior del país.

En el sector externo, el saldo comercial se redujo cerca de 40% en 2025. Aunque las exportaciones crecieron, las importaciones lo hicieron a un ritmo mayor, especialmente en bienes de consumo y de capital, debilitando una de las principales fuentes de dólares genuinos.

En síntesis, el informe del IAG plantea un interrogante central para 2026: hasta dónde puede sostenerse un esquema de estabilización basado casi exclusivamente en el ajuste fiscal, sin una recuperación del consumo, el empleo formal y la inversión. La macro ordenada convive, por ahora, con una economía real cada vez más tensionada.

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