En plena temporada estival, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires acelera la puesta en marcha del Concurso de Ideas para renovar el complejo balneario, ignorando las objeciones locales. Mientras el municipio de General Pueyrredon se aferra a una cautelar que frena el proyecto, la Fiscalía de Estado busca desplazar a la justicia marplatense y llevar el conflicto al máximo tribunal de la Nación.

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En este febrero de 2026, la disputa por el control del complejo costero más emblemático de Mar del Plata atraviesa su momento de mayor tensión política y procesal. Lo que comenzó como un reclamo administrativo del municipio para recuperar la gestión del predio tras décadas de administración compartida, se ha transformado en una guerra de trincheras jurídica donde la Provincia de Buenos Aires ha decidido no retroceder ni un centímetro. A pesar de la vigencia de una medida cautelar dictada en octubre pasado por el juez local Simón Isacch, que ordenaba suspender cualquier avance sobre el futuro del complejo, el Ejecutivo provincial ha optado por una estrategia de hechos consumados: avanzar con la arquitectura del proyecto mientras intenta, por vía judicial, "patear el tablero" y sacar la causa de la jurisdicción marplatense.

La señal más clara de esta voluntad política se dio en diciembre, cuando el Ministerio de Producción bonaerense, junto a la Administración Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la Provincia (CAUBA), sellaron un nuevo convenio para reactivar el Concurso de Ideas. Para la administración provincial, la puesta en valor de las 24 unidades balnearias y su sistema de lagunas es una prioridad que no puede quedar supeditada a lo que consideran una "maniobra dilatoria" de la comuna. El argumento oficial sostiene que el concurso tiene un carácter profesional y urbanístico que trasciende la disputa por la caja o la administración, buscando dotar al sector de una mirada contemporánea y sostenible frente al inminente vencimiento de las concesiones actuales. Sin embargo, para el Palacio Municipal, este movimiento representa un desacato implícito a la orden judicial que buscaba preservar el statu quo mientras se discute el fondo del litigio.

En los tribunales, la batalla es aún más encarnizada. La Provincia ha desplegado una sofisticada ingeniería legal para anular la intervención de la justicia de Mar del Plata, que hasta ahora ha fallado mayoritariamente a favor de los intereses municipales. El último dato relevante del expediente revela la interposición de un Recurso Extraordinario Federal ante la Suprema Corte provincial. Con esta pieza, la Fiscalía de Estado busca que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien intervenga en el conflicto. La tesis de la Provincia es que el juez Isacch carece de competencia material y territorial; sostienen que, al tratarse de un conflicto derivado de convenios de deuda y administración de un ente interjurisdiccional, la causa debería tramitar en los tribunales de La Plata y bajo normas de derecho privado, y no en el fuero contencioso administrativo local.

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El trasfondo de esta pelea de jurisdicciones es el depósito de poco más de 14 millones de pesos realizado por el municipio en agosto de 2024, una cifra que, según la intendencia, cancela la deuda histórica y habilita la recuperación del predio. Mientras la Corte provincial analiza ahora si mantiene o levanta la cautelar que frena el concurso de ideas, la Provincia apuesta a agotar todas las instancias para demostrar que la actuación del juez local es "arbitraria" y violatoria de la garantía del juez natural. Así, mientras los profesionales de la arquitectura se preparan para imaginar el "nuevo" Punta Mogotes, la realidad del complejo sigue atrapada en un laberinto de recursos extraordinarios y quejas federales, donde la política bonaerense intenta ganar por prepotencia de trabajo lo que la justicia local, por ahora, le ha prohibido tocar.

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