11 de febrero de 2026
AL PIE DEL CAñON
Reforma Laboral: pactos, tensiones y posicionamiento combativo en un día clave
El oficialismo suma apoyos con 28 cambios al proyecto, la CGT se moviliza sin paro y Seguridad desplegará un amplio dispositivo para contener la protesta.
El gobierno de Javier Milei adoptó una estrategia más pragmática para garantizar la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado. A través de su mesa política, aceptó introducir modificaciones para sumar a la oposición dialoguista, una decisión que se cerró en la quinta reunión del año en Casa Rosada, horas antes de la sesión decisiva. El ministro Luis “Toto” Caputo destrabó el acuerdo al avalar la postergación del artículo 191, sobre Bienes Personales a sociedades, un pedido clave de los gobernadores aliados.
En paralelo, el Ejecutivo analiza una aplicación gradual de la quita de Ganancias, cuyo impacto sobre la coparticipación preocupa a las provincias. Pese al costo fiscal, el oficialismo prioriza asegurar el núcleo del proyecto y trabaja para consolidar quórum y una mayoría que supere los 37 votos. Patricia Bullrich afirmó que ya se consensuaron 28 cambios y que existen acuerdos con 44 senadores.
La negociación también incluyó gestos hacia la CGT. Aunque el discurso oficial mantuvo un tono confrontativo, el Gobierno introdujo cambios en puntos sensibles para el sindicalismo, como el financiamiento de obras sociales y la definición de actividades esenciales que limitan el ejercicio de huelga. En la Casa Rosada destacan que la central obrera haya optado por una marcha en lugar de un paro general.
Mientras tanto, Axel Kicillof se posiciona como el principal opositor político a la reforma. Encabezará una columna del Movimiento Derecho al Futuro en la movilización de la CGT y las CTA frente al Congreso. El gobernador profundizó sus críticas, calificó la iniciativa como “repugnante” y se desmarcó de mandatarios peronistas dialoguistas que respaldaron el proyecto.
La provincia de Buenos Aires formalizó su rechazo mediante un informe técnico de más de 50 páginas, que advierte sobre una “pérdida de derechos” y mayores niveles de precarización. El documento cuestiona la derogación de principios protectores, la facilitación de despidos, la transferencia de competencias de control a la Nación, el impulso a la tercerización y la reducción de licencias y garantías laborales como la reversibilidad del teletrabajo.
De cara a la sesión, el Ministerio de Seguridad implementará un fuerte operativo que incluye Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA, bajo el Protocolo Antipiquetes. Habrá controles en accesos a la Ciudad y un vallado especial en el Congreso para contener la movilización sindical. Las autoridades recomiendan evitar la zona por cortes, demoras y concentración de organizaciones sociales, políticas y gremiales.