Entre visitas de bajo perfil, el desplazamiento del histórico Operativo Sol y una creciente presión por la crisis en IOMA y el reparto de fondos, el gobernador bonaerense redefine su relación con el principal distrito turístico del país en un clima de tensión política y social.

Via La Tecla Mar del Plata

Mar del Plata, el distrito más importante de la costa atlántica, se ha convertido en un escenario complejo para el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En el último tiempo, las visitas oficiales han disminuido en cantidad y las esporádicas incursiones han sido caracterizadas por un marcado hermetismo y fuertes operativos de seguridad. En plena temporada estival de 2026, el mandatario parece optar por una agenda de bajo perfil en la ciudad, evitando la exposición pública masiva que solía marcar sus veranos anteriores.

A diferencia de otros años, donde la presencia en "La Feliz" era central para la narrativa de gestión, en la actualidad el gobernador prioriza destinos más afines —como Santa Clara— o visitas furtivas, como la ocurrida el pasado 19 de enero en el Museo MAR. Allí, recorrió la muestra “Vidas Submarinas” con el edificio cerrado al público y sin aviso previo a la prensa, una modalidad utilizada para evitar el contacto directo con focos de protesta local. Otra muestra de esta agenda que esquiva Mar del Plata radica en el ciclo “Conferencias de Verano” 2026; la primera se desarrolló en Villa Gesell, la segunda en San Pedro y la tercera en Quequén.

Uno de los hitos que marcó el quiebre institucional y simbólico en esta relación fue la presentación del Operativo Sol 2026. Por segunda vez consecutiva, el despliegue de seguridad no se lanzó en la tradicional Plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata. El 19 de diciembre de 2025, Kicillof trasladó el acto al partido de Mar Chiquita, un movimiento que también fue interpretado como un respaldo estratégico a la figura del senador provincial Jorge "Pitingo" Paredi. Esta decisión no solo confirmó la cisura de una tradición de diecisiete ediciones ininterrumpidas, sino que reordenó el tablero político de la Quinta Sección. Al evitar Mar del Plata para este anuncio, la Gobernación emitió una señal de preferencia que dejó al territorio marplatense en un segundo plano dentro de la logística estival bonaerense.

En el plano social, la gestión de la salud pública se ha consolidado como el principal punto de fricción. La crisis en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) ha generado un clima de hostilidad que se manifestó con crudeza durante el último año. El 6 de enero, los afiliados protagonizaron la protesta de los “Reyes Vagos”, caracterizando al gobernador, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al titular de la obra social Homero Giles como monarcas que abandonan a sus beneficiarios. Los reclamos, que incluyen la falta de prótesis e insumos quirúrgicos, escalaron el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, cuando pacientes oncológicos denunciaron un “peregrinaje cruel” para obtener medicación a través del plan Meppes. La acusación de los damnificados apunta a una priorización de la burocracia militante y el ahorro de costos por sobre la supervivencia, un conflicto que ha erosionado la imagen de la administración provincial en los barrios marplatenses.

A la crisis sanitaria se suma una disputa técnica y económica de larga data: el Coeficiente Único de Distribución (CUD). Según datos oficiales, la participación de General Pueyrredon en el reparto de fondos provinciales ha registrado una caída ininterrumpida desde 2019, pasando de un 2,26341 a un 2,13342 para el inicio de 2026. Esta merma de 0,12 puntos en siete años impacta directamente en la capacidad financiera del municipio para sostener servicios básicos. Ante esta tendencia, el bloque de concejales de la UCR+Nuevos Aires ha exigido formalmente que el Ministerio de Economía provincial explique los criterios de cálculo, cuestionando cómo es posible que, con una población y actividad turística estables, la ciudad siga perdiendo recursos. El radicalismo advierte que la opacidad en la determinación del CUD afecta la planificación de obras y seguridad, transformando una discusión técnica en un eje de confrontación política permanente en el Concejo Deliberante.

La tensión también se traslada a la soberanía territorial con el conflicto por el Complejo Punta Mogotes. Desde el ámbito legislativo local, el concejal Ariel Martínez Bordaisco ha profundizado el reclamo para que la administración del complejo balneario sea restituida íntegramente al municipio. La administración actual del predio es un ente bipartito donde la Provincia mantiene el control mayoritario, una situación que el municipio intentó saldar mediante un depósito judicial de la deuda histórica, el cual fue rechazado por la Gobernación. Desde el oficialismo local denuncian una "estrategia de dilación" y un "capricho político" por parte de Kicillof para no ceder un recurso estratégico de la costa marplatense, lo que ha profundizado la parálisis en la planificación urbana del sector y ha llevado el conflicto a una judicialización que parece no tener salida inmediata. Mientras se espera por una definición que clarifique si el conflicto continúa —o no— en manos de la Corte Suprema de la Nación, los concesionarios del complejo han manifestado su preocupación e incertidumbre frente al inminente vencimiento de las concesiones en agosto de este año.

En materia de seguridad ciudadana, el malestar social ha comenzado a articularse fuera de los canales partidarios tradicionales. Para el 18 de febrero, se ha convocado a una movilización masiva bajo la consigna “Mar del Plata está cansada de vivir con miedo”, impulsada inicialmente por cuentas de redes sociales dedicadas a denunciar delitos. La adhesión de diversos sectores le otorga a esta protesta un volumen que preocupa a la cartera de Seguridad bonaerense. Mientras la Provincia resalta la inversión en patrulleros y tecnología, el aumento percibido de los robos y la violencia en las calles alimenta una narrativa de abandono, que apunta a ser una responsabilidad no asumida por la administración de La Plata.

Por último, el escenario político interno del peronismo local añade una capa de incertidumbre al vínculo. El próximo 15 de marzo, el Partido Justicialista (PJ) de General Pueyrredon definirá su conducción en una interna con tres listas. La fórmula encabezada por Adriana Donzelli representa el sector alineado directamente con el gobernador Kicillof, enfrentándose a la lista de Daniel Di Bártolo, apoyada por La Cámpora, y a la de Rodolfo “Manino” Iriart por el Peronismo Marplatense. Esta fragmentación refleja que, a pesar de los intentos de unidad a nivel provincial, en Mar del Plata las diferencias estratégicas persisten.

Ante este complejo escenario, el gobernador parece estar recalculando su relación con la ciudad, administrando el conflicto territorial mediante delegados y evitando el choque directo, en una maniobra que prioriza la construcción de un perfil nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027 por sobre la resolución de las demandas estructurales de
Mar del Plata.

VICENTE LOPEZ

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