19 de febrero de 2026
TIERRA ARRASADA
FATE: el golpe a la industria, intervención de la Provincia y el impacto en San Fernando
La decisión de la fábrica dejó en la calle a casi mil trabajadores y sus familias en un contexto en el que la política económica de Javier Milei destruye la producción nacional. El rol del Gobierno bonaerense ante una coyuntura extrema.
El cierre definitivo de la histórica fábrica de neumáticos FATE desató un conflicto de alto voltaje político y social en la provincia de Provincia de Buenos Aires. La empresa anunció el cese inmediato de actividades en su planta de Virreyes, partido de San Fernando, y el despido de 920 trabajadores.
“Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, señaló la compañía. Se trata de la planta más grande del país en el sector, con capacidad para producir más de cinco millones de neumáticos por año y con más de ocho décadas de trayectoria.
La firma, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, aclaró que no se trata de un concurso preventivo ni de una reestructuración, sino de un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. “Es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”, indicaron fuentes cercanas a la empresa.
El impacto directo en San Fernando
El golpe tiene un fuerte anclaje territorial. De los 920 despedidos, 300 son vecinos del distrito, según confirmó el intendente Juan Andreotti.
“Hoy es un día muy triste para nuestra ciudad. La empresa Fate, que estaba en San Fernando hace más de 80 años, cerró sus puertas dejando 920 personas sin trabajo, de los cuales 300 son vecinos de San Fernando”, expresó.
Andreotti cuestionó las políticas nacionales, en particular la apertura indiscriminada de importaciones y la caída del consumo, y sostuvo que la situación “no solo afecta al empresario y a los trabajadores, sino a toda nuestra comunidad”. Además, remarcó que más de 300 familias atraviesan incertidumbre y aseguró que el Municipio acompañará dentro de sus posibilidades.
El cierre repercute también en proveedores, comercios y servicios asociados a la planta, que durante décadas fue uno de los principales polos industriales del distrito y del norte del conurbano bonaerense.
El miércoles 18 de febrero, los operarios que regresaban de vacaciones encontraron los portones cerrados. Desde primeras horas se concentraron frente a la planta junto a dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
El secretario general del gremio, Alejandro Crespo, denunció que la empresa utilizó como argumento la importación “totalmente indiscriminada” de neumáticos, pero sostuvo que el grupo empresario “tiene la espalda económica suficiente para atravesar esta situación sin descargar el ajuste sobre los trabajadores”.
Crespo recordó que existía una cláusula firmada de no despidos y convocó a todas las organizaciones obreras a movilizarse para exigir la reapertura de la planta y la preservación de los puestos laborales. “Iniciaremos todas las acciones necesarias”, afirmó.
Doble conciliación obligatoria: Nación y Provincia intervienen
La magnitud del conflicto activó dos instancias de intervención estatal. Por un lado, la Secretaría de Trabajo de la Nación promovió una mediación entre la empresa y el sindicato y dispuso la suspensión por 15 días de los despidos, ordenando retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria mediante la Disposición 2027-17 GDEBA-DPNCMTGP, también por el plazo de 15 días, retrotrayendo las acciones al inicio del conflicto y dejando sin efecto las cesantías mientras se busca una fórmula de acuerdo. La audiencia contó con la presencia del sindicato y funcionarios provinciales, pero la empresa no envió representantes.
El ministro de Trabajo de la Provincia, Walter Correa, defendió la medida: “Para la provincia los trabajadores de Fate no son una planilla de Excel, sino trabajadoras y trabajadores que tienen familias”.
Correa explicó que la Provincia actuó de oficio para “preservar la paz social” y subrayó que cuenta con potestad constitucional para ejercer el poder de policía del trabajo en defensa de los derechos laborales.
Reforma laboral y defensa del poder de policía provincial
En el trasfondo del conflicto aparece el debate por la reforma laboral impulsada a nivel nacional. En ese marco, ministros y autoridades laborales de distintas jurisdicciones se reunieron en la Casa de la Provincia de La Pampa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reafirmar que el poder de policía del trabajo es una facultad no delegada por las provincias a la Nación.
El encuentro fue encabezado por Walter Correa y su par pampeano, y contó con la participación de autoridades laborales de Tierra del Fuego, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Misiones, entre otras. Allí avanzaron en la redacción de una carta pública para expresar su preocupación por la falta de convocatoria al Consejo Federal del Trabajo y por las implicancias que la reforma podría tener sobre las competencias provinciales.
Las jurisdicciones firmantes coincidieron en la necesidad de fortalecer los ámbitos federales de coordinación, garantizar instrumentos eficaces de control y consolidar una posición común en defensa del federalismo y de la autonomía provincial en materia laboral. Correa advirtió que, de aprobarse determinados artículos de la reforma, la Provincia no podría haber intervenido en un caso como el de FATE.
Un caso testigo para la industria bonaerense
La empresa argumentó que el cierre responde a una erosión sistemática de la competitividad desde mayo de 2024, con caída de la demanda, aumento de importaciones y reducción de márgenes. La planta operaba al 30% de su capacidad y había atravesado un Procedimiento Preventivo de Crisis en 2024.
El presidente de la firma, Javier Madanes Quintanilla, había advertido sobre el impacto del ajuste económico y cuestionado lo que definió como “menosprecio al capital nacional”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó “gran preocupación” y sostuvo que el cierre no puede analizarse como un hecho aislado. Según la entidad, la industria perdió casi 65.000 empleos en los últimos dos años.
En la provincia de Buenos Aires, donde la industria representa un pilar del empleo formal, el cierre de una planta emblemática como la de San Fernando reabre el debate sobre el modelo productivo, la apertura comercial y el rol del Estado provincial en la defensa del trabajo.
Con la doble conciliación obligatoria en marcha y negociaciones abiertas, el conflicto de FATE se convirtió en un caso testigo que combina impacto social local, disputa política federal y discusión estructural sobre el futuro de la industria bonaerense.