26 de febrero de 2026
VEEDORES EN OUTSIDE
Con ayuda de Kicillof, la AFA fijó domicilio en PBA y consolidó su “radicación definitiva”
La AFA formalizó su cambio de jurisdicción y quedó bajo control exclusivo de la Provincia de Buenos Aires. La resolución de la DPPJ consolidó su domicilio en Pilar y desplazó a la IGJ del poder de policía, en medio de una disputa política y contable entre la gestión de Kicillof y el gobierno nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino formalizó su radicación en la Provincia de Buenos Aires y abrió una nueva etapa institucional en su vínculo con el gobierno de Axel Kicillof. La decisión quedó plasmada en la Resolución RESO-2026-1159 de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), que tomó razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción y de la reforma estatutaria aprobada por la entidad madre del fútbol argentino.
El acto administrativo consolida el traslado del domicilio legal a territorio bonaerense y sella una relación directa entre la AFA y la administración provincial. Desde ahora, la entidad presidida por Claudio Tapia queda bajo fiscalización exclusiva de la autoridad registral bonaerense, desplazando el control que históricamente ejercía la Inspección General de Justicia (IGJ).
La reforma fue aprobada por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024, que modificó el artículo 1° del estatuto social para fijar domicilio en la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, el Comité Ejecutivo estableció la sede social en la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar, y la sede deportiva en el Predio “Lionel Andrés Messi” del partido de Ezeiza.
El 15 de noviembre de 2024, la DPPJ dictó la Resolución 9000 ordenando la inscripción registral del cambio de jurisdicción. Desde ese momento, según el criterio administrativo bonaerense, se produjo la radicación formal de la AFA en territorio provincial, con todos los efectos jurídicos derivados de esa inscripción.
El fundamento central se apoya en el artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que la modificación estatutaria produce efectos desde su otorgamiento. A partir de la inscripción en la nueva jurisdicción, el control de legalidad corresponde exclusivamente a la autoridad registral competente, en este caso la bonaerense.
La resolución es categórica al sostener que la IGJ carece de legitimidad y jurisdicción para expedirse sobre el cambio de domicilio o ejercer poder de policía sobre la entidad. Admitir un doble control, argumenta el texto, implicaría una superposición inadmisible de competencias y vulneraría el diseño federal previsto en los artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional.
Este movimiento administrativo tuvo además una lectura política inmediata. La decisión provincial se conoció pocas horas después de que la IGJ, conducida por Daniel Vítolo, solicitara la designación de veedores para examinar los estados contables de la AFA ante la supuesta falta de presentación de documentación requerida.
La simultaneidad de ambas acciones transformó una discusión técnica en una disputa de poder entre la Nación y la Provincia. Mientras el gobierno de Javier Milei impulsaba una medida de supervisión contable, la administración bonaerense consolidaba jurídicamente la radicación de la AFA y, con ello, su competencia exclusiva de fiscalización.
En términos prácticos, la nueva relación entre la AFA y la Provincia de Buenos Aires implica que cualquier control societario, revisión estatutaria o supervisión formal deberá canalizarse ante la DPPJ. La IGJ, según la interpretación provincial, perdió el poder de policía sobre la entidad desde la inscripción del cambio de jurisdicción.
Así, el fútbol argentino no solo redefinió su domicilio legal sino también su mapa institucional. La Provincia de Buenos Aires se convierte en el único ámbito de contralor administrativo de la AFA, fortaleciendo un vínculo político y jurídico que reconfigura el equilibrio de poder en torno a una de las instituciones más influyentes del país.