23 de marzo de 2026
TODOS A LA MESA
Los reclamos que deberá escuchar Kicillof en medio de su planteo a Nación
Los intendentes se darán cita esta semana en La Plata con demandas urgentes por la caída de recursos, el aumento de la asistencia social y la falta de obra pública.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a una reunión para analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei en las finanzas locales. El encuentro se realizará este jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación, en La Plata, y contará con la participación tanto de jefes comunales oficialistas como opositores.
La cumbre se desarrollará en un contexto de creciente tensión financiera en los municipios, que vienen denunciando dificultades para sostener sus cuentas y afrontar la demanda social. Bajo el eje “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, el Gobierno provincial buscará unificar diagnósticos y reforzar sus críticas hacia la Casa Rosada.
Durante la jornada, el equipo económico de la Provincia, encabezado por el ministro de Economía Pablo López y el ministro de Producción Augusto Costa, expondrá sobre el estado de las cuentas públicas y el impacto de las políticas nacionales. Según sostienen en la administración bonaerense, la caída de recursos afecta directamente la coparticipación que reciben los municipios, profundizando la presión sobre sus presupuestos.
En paralelo, la Provincia mantiene un reclamo contra Nación por una deuda que, según sus cálculos, supera los 22 billones de pesos. Dentro de ese monto se incluyen fondos coparticipables, la paralización de la obra pública y transferencias recortadas. Entre los principales conceptos figuran 8,7 billones por obras comprometidas y no finalizadas, 3,8 billones por deudas directas como el FONID y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, y otros 3,1 billones por programas discontinuados.
A esto se suma la disputa judicial en la Corte Suprema por la suspensión de transferencias de Anses destinadas a cubrir déficits previsionales provinciales, cuya deuda se estima en más de 2,2 billones de pesos. Desde el Ejecutivo bonaerense advierten además una pérdida de 4,3 billones por la caída de la coparticipación y otros 2,3 billones por menor recaudación producto de la situación económica.
En los municipios, el impacto ya se traduce en un aumento de la demanda social. Intendentes de distintos signos políticos alertan sobre mayores pedidos de asistencia para cubrir gastos básicos como alimentos, alquileres y servicios. A esto se suman los efectos del freno de la obra pública, el cierre de empresas y la caída de la actividad en sectores clave como la construcción y el comercio, lo que incrementa la demanda de empleo.
Un informe reciente también refleja el deterioro de los recursos municipales: si bien en enero de 2026 las transferencias provinciales crecieron en términos nominales, registraron una caída real del 2,24% frente a la inflación. Aunque algunos distritos lograron mejoras puntuales, casi medio centenar sufrió bajas significativas. En este escenario, la Provincia impulsa un Fondo de Emergencia para fortalecer a los municipios, mientras la Legislatura seguirá de cerca la evolución de la crisis a través de una comisión bicameral de monitoreo.
A este escenario se suma el deterioro de las cuentas provinciales. En el tercer trimestre de 2025, Buenos Aires registró un déficit financiero de $1,4 billones, equivalente al 5,7% de sus ingresos totales. Desde la gestión de Axel Kicillof atribuyen gran parte de ese rojo al ajuste nacional y a la interrupción de transferencias, con un reclamo que ronda los $12,9 billones —y que políticamente elevan a $15 billones— por fondos destinados a educación, salud y obra pública. Sin embargo, también crecen las críticas por el manejo interno de la Provincia, que incluyen el aumento sostenido del empleo público en medio de paritarias tensas y una oferta salarial inicial del 1,5% para enero de 2026.
Asimismo, crecen los cuestionamientos porque se acumulan deudas con proveedores en áreas sensibles. Empresas que prestan servicios al Estado advierten sobre pagos demorados que superan los 120 días y la aparición de cheques rechazados, lo que expone un sistema al límite. Con proveedores que ya no pueden sostener el financiamiento implícito al gobierno provincial, el panorama económico de cara a 2026 aparece marcado por la fragilidad y la creciente tensión financiera.