5 de abril de 2026
HORAS CLAVE
El gobierno nacional mantiene su hoja de ruta y busca aprobar la Ley de Glaciares
El oficialismo prevé avanzar la próxima semana con el dictamen en comisiones y llevar el proyecto al recinto de Diputados al día siguiente. Qué modificaciones buscan implementarse.
El Gobierno nacional busca acelerar en el Congreso la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y que apunta a incentivar las inversiones mineras en el país. El oficialismo prevé avanzar la próxima semana -el 7 de abril- con el dictamen en comisiones y llevar el proyecto al recinto de Diputados al día siguiente.
El cronograma parlamentario establece que el martes se reúna un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde se espera escuchar a especialistas antes de emitir dictamen. La estrategia de La Libertad Avanza, impulsada desde la Casa Rosada, es que el texto quede en condiciones de ser tratado en el recinto el miércoles.
La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara Alta en febrero, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. En Diputados, el oficialismo confía en contar con los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría simple requerida, con respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y espacios provinciales.
El eje central del debate gira en torno a la delimitación de las zonas habilitadas para la actividad minera. Mientras sectores ambientalistas plantean la necesidad de restringir la explotación en áreas que incluyan glaciares y zonas periglaciares, desde el sector minero y algunas provincias impulsoras del proyecto promueven ampliar esas áreas para facilitar nuevas inversiones.
En Argentina existen más de 16.000 glaciares distribuidos en 12 provincias, según el Inventario Nacional de Glaciares. Estos cuerpos de hielo cumplen un rol clave como reservas estratégicas de agua dulce, lo que convierte su protección en un tema de alta sensibilidad ambiental.
Durante el tratamiento en comisiones ya expusieron cientos de especialistas y representantes de distintos sectores. Según datos del proceso de audiencias, una amplia mayoría de los oradores manifestó reparos o rechazo a la reforma, aunque ese escenario no modificó la hoja de ruta del oficialismo.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental, en línea con los planteos de provincias como Catamarca, San Juan y Mendoza, interesadas en potenciar la actividad minera en sus territorios.
En paralelo, sectores críticos advierten que una flexibilización en la protección podría comprometer reservas hídricas futuras, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente escasez de agua.
¿Qué busca cambiar la reforma?
En primer lugar se transforma el principio de protección integral por uno centrado en la "función hídrica" de los glaciares, esta modificación podría restringir el concepto de protección al rol de proveedor de agua, dejando en segundo plano otras funciones ambientales como la regulación climática o el sostén de la biodiversidad.
La ley actual ordena individualizar “todos los glaciares y geoformas periglaciares”. El proyecto reemplaza esa redacción por una que limita el inventario a aquellos que cumplan funciones de reserva estratégica de agua o recarga de cuencas. El régimen de protección general pasaría a estar focalizado en la relevancia hídrica. En ese sentido, si la autoridad ambiental determina que un glaciar no cumple funciones hídricas específicas, quedaría fuera del régimen de protección.
La reforma faculta a las autoridades locales a identificar qué glaciares cumplen funciones hídricas y a informar su inclusión o exclusión del inventario nacional. Esto debilita el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que hoy tiene a su cargo el inventario integral y el monitoreo científico.
El proyecto que obtuvo media sanción mantiene a la minería, a la explotación hidrocarburífera y a la instalación de industrias en glaciares y zonas periglaciares como actividades potencialmente dañinas, pero introduce un cambio decisivo: serán las autoridades provinciales las que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si una actividad altera “de modo relevante” la condición natural del glaciar. El sistema de prohibición absoluta se cambia por uno que evalúa caso a caso.
Aunque la reforma no modifica los artículos sobre sanciones, autoridad de aplicación o funciones del Estado nacional, el nuevo esquema altera el carácter de “presupuestos mínimos” de la ley ambiental nacional. Según el artículo 41 de la Constitución, la Nación debe dictar normas que contengan presupuestos mínimos de protección, los cuales no pueden ser alterados por las provincias. Ahora, en nombre del federalismo, las provincias van a ser las que determinen que se considera un glaciar y si se pueden realizar actividades extractivas.