La feria que nació como respuesta a la crisis del menemismo con el aval de un intendente radical fue desmantelada tras un megaoperativo federal. Con el “paraguas” de la denuncia de La Ley de Marcas y el predio liberado, el Municipio buscaría avanzar con la licitación, que tendría interesados a empresarios locales y foráneos.

El auge y ocaso de “La Saladita” de Mar del Plata

“La Saladita” de Mar del Plata que arrancó como salida laboral en plena tormenta social, se convirtió en un circuito comercial paralelo que movía millones sin control y terminó bajo las topadoras, en un operativo inédito con más de 170 puestos demolidos, miles de productos secuestrados y una causa federal en marcha. Tras más de dos décadas de idas y vueltas legales, la feria de la Bristol pasó de símbolo de supervivencia a pieza incómoda del paisaje urbano, mientras el Municipio ahora quedaría en posición de avanzar con una licitación largamente postergada.

La historia se remonta a fines de los ‘90, cuando la crisis del último tramo del menemismo empujó a miles a la informalidad. En una Mar del Plata golpeada por el desempleo, el Concejo Deliberante habilitó en 1999 —durante la gestión del radical Elio Aprile— un espacio precario sobre la vereda de la Unidad Turística Fiscal de Playa Bristol para los vendedores ambulantes. La autorización, limitada en el tiempo, buscaba contener una emergencia social que desbordaba.

El experimento creció rápido. Lo que comenzó con artesanías derivó en un paseo cada vez más nutrido, donde con el correr de los años la indumentaria apócrifa ganó terreno. Los permisos, siempre transitorios, se extendieron entre 2003 y 2009, entre las intendencias del radical Daniel Katz y el vecinalista Gustavo Pulti, pero nunca terminaron de encuadrarse: faltó reglamentación, controles y un esquema claro de funcionamiento. Aun así, la feria siguió.

Desde 2010 en adelante, el predio funcionó directamente sin respaldo normativo. Para entonces, ya no era solo un refugio económico: había mutado en un engranaje aceitado, con lógica propia. La conducción sindical —ligada históricamente al Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara)— concentró la administración, mientras el número de puestos crecía y la operatoria se consolidaba al margen de cualquier regulación formal.

Detrás del crecimiento de la feria, el rol del Sivara fue clave. Durante años, la referencia central fue César “Indio” Lencina, quien desde la Mutual 18 de Enero logró ordenar —y también capitalizar— la actividad en la Bristol, en articulación con la estructura nacional del gremio que conducía su hermano, José. Bajo su órbita, lo que había surgido como una salida colectiva fue mutando hacia un esquema más concentrado, con control sobre la asignación de puestos y el funcionamiento interno del predio.

Tras la muerte de Lencina en 2022, se abrió una etapa de transición marcada por internas y reacomodamientos. La conducción quedó primero en manos de Alberto Greco y luego bajo un proceso de normalización impulsado por el sindicato a nivel nacional, que derivó en la designación de Juan Domingo Olmedo. Finalmente, a fines de 2025, Walter Rivero asumió como principal referente local, quedando al frente de una estructura ya consolidada pero cada vez más cuestionada, tanto por su operatoria como por su situación legal.

El salto definitivo en la tensión llegó en 2021, cuando el gobierno de Guillermo Montenegro envió al Concejo un proyecto para reemplazar la feria por una nueva Unidad Turística Fiscal, el “Paseo de Compras Bristol”. La iniciativa apuntaba a ordenar el espacio y concesionarlo, bajo la promesa de “jerarquizar” el sector. Fue aprobada en 2022, pero quedó en pausa.

La disputa escaló a la Justicia. Denuncias por infracción a la Ley de Marcas, investigaciones federales y cruces políticos reactivaron el conflicto. La causa tomó volumen con el avance de medidas de prueba durante 2024 y 2025, hasta desembocar en la intervención ordenada por el juez Santiago Inchausti.

El desenlace fue abrupto. El 15 de abril, un despliegue conjunto de fuerzas federales, provinciales y municipales arrasó con la estructura montada durante años. Prefectura decomisó unos 8 mil productos valuados en alrededor de 500 millones de pesos, en el marco de seis allanamientos que también alcanzaron domicilios y locales vinculados al sindicato.

La detención —y posterior liberación— de Rivero desarticuló cualquier intento de reacción. Según la investigación, la feria operaba con cobros informales que podían alcanzar cifras millonarias por puesto, sin registros fiscales.

Durante el allanamiento, varios de los vendedores senegaleses protagonizaron escenas de tensión y desconcierto —algunos, según testigos, “pegaban saltos asustados” ante la magnitud del despliegue— por temor a posibles consecuencias migratorias, en medio de un procedimiento que terminó de desarticular la estructura que los contenía.

En medio del operativo, de forma curiosa, el intendente interino Agustín Neme respaldó la decisión política de su antecesor que señaló que lo sucedido “es el resultado de una decisión clara de Guillermo Montenegro: no mirar para otro lado”. “Hubo denuncias, informes técnicos y un trabajo sostenido para terminar con una situación ilegal que llevaba años perjudicando a vecinos, turistas y comerciantes que sí hacen las cosas bien”, sostuvo. Y remató: “Orden, legalidad y reglas claras. Ese es el camino”.

Así, lo que nació como respuesta a la crisis terminó convertido en un problema estructural que la política decidió cortar de raíz. Con el terreno despejado y el marco judicial activado, en el Municipio ya se proyectaría el próximo paso: avanzar con la licitación de la UTF, donde —según trascendidos— asoman interesados capitales locales y foráneos.

La postal final es elocuente: donde durante más de 25 años hubo pasillos, toldos y venta informal, hoy queda un espacio vacío que vuelve a foja cero. Entre la necesidad que la vio nacer y el negocio que la transformó, “La Saladita” cerró su ciclo.

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