Milei promulgó la nueva ley y ahora las provincias podrán entregar zonas periglaciales
El presidente Javier Milei promulgó la reforma a la Ley de Glaciares, una modificación regresiva que delega a las provincias la decisión sobre qué zonas merecen protección y cuáles pueden ser utilizadas para proyectos extractivos
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El presidente Javier Milei promulgó este viernes la reforma de la Ley de Glaciares (ahora Ley 27.804), una modificación regresiva que delega en las provincias la decisión sobre qué glaciares y ambientes periglaciales merecen protección real y cuáles pueden ser sacrificados para dar paso a proyectos extractivos.
La norma, aprobada en la Cámara de Diputados el 9 de abril con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, ya había obtenido media sanción en el Senado en febrero. Su publicación en el Boletín Oficial marca la oficialización de un cambio que, según ambientalistas y científicos, representa uno de los mayores retrocesos en materia de preservación de recursos hídricos en las últimas décadas.
Hasta 2010, la Ley 26.639 establecía una protección preventiva y de alcance nacional sobre todos los glaciares y el ambiente periglacial, considerándolos reservas estratégicas de agua dulce. La reforma modifica ese núcleo: ahora solo estarán protegidos aquellos cuerpos de hielo y geoformas periglaciales que las propias provincias determinen que cumplen una “función hídrica efectiva” o que actúen como reservas estratégicas de agua o recarga de cuencas hidrográficas.
El rol central del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) queda relegado; las provincias pasan a ser las verdaderas autoridades de aplicación.Esta delegación de facultades no es neutra. Provincias cordilleranas con fuerte interés en el desarrollo minero, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy o Salta, podrán ahora redefinir caso por caso qué zonas protegen y cuáles habilitan para exploración y explotación.
En la práctica, se abre la puerta a la megaminería a cielo abierto, la actividad hidrocarburífera y otras intervenciones que la ley original prohibía de manera categórica en estos ecosistemas frágiles.Organizaciones ambientalistas no tardaron en reaccionar. “Se trata de un saqueo planificado de nuestras reservas de agua en plena crisis climática”, denunciaron desde Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Entregar a las provincias la potestad de decidir qué glaciares se protegen es fragmentar la defensa ambiental y someterla a presiones políticas y económicas locales”, agregaron.Los riesgos son concretos e irreversibles. Los glaciares y el permafrost periglacial funcionan como gigantescas esponjas naturales: almacenan agua que liberan lentamente durante los periodos secos, regulando el caudal de ríos que abastecen a millones de personas y sustentan la biodiversidad andina-patagónica.
Permitir actividades extractivas en estas zonas implica contaminación por metales pesados, destrucción de la estructura hídrica natural, aceleración de la pérdida de hielo y mayor estrés sobre cuencas ya afectadas por sequías extremas y desertificación.En un contexto de calentamiento global, donde los glaciares argentinos ya retroceden a ritmo alarmante, esta reforma prioriza el corto plazo económico, atracción de inversiones mineras, por encima de la seguridad hídrica de las generaciones futuras. Para los críticos, viola el principio de no regresión ambiental reconocido por la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
Mientras el Gobierno celebra el “federalismo” y la llegada de dólares por minería, la realidad es mucho más cruda: se pone en jaque uno de los patrimonios naturales más estratégicos del país. El agua, no el cobre ni el litio, es el recurso que definirá el futuro de Argentina en el siglo XXI. Hoy, esa decisión quedó en manos de quienes más tienen para ganar con su explotación.
