18 de mayo de 2026
POR NO HACER NADA
La Provincia deberá pagar más de $ 20 millones por un caso de bullying
Un fallo judicial condenó a la DGCE a compensar a un chico que era agredido por sus compañeros en una escuela de Chivilcoy. Las autoridades del establecimiento no actuaron cuando los alumnos les contaron lo que ocurría, según la denuncia.
El gobierno bonaerense deberá pagar más de 20 millones de pesos a un joven que fue víctima de acoso escolar (bullying) en una escuela de Chivilcoy, sin que las autoridades escolares hicieran nada para impedirlo.
Es en virtud de un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Mercedes, que condenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) a compensar al muchacho por las “situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia” que sufrió cuando era alumno del establecimiento.
En el juicio, la Provincia argumentó que lo que ocurrió fueron “hechos aislados”, pero el juzgado, en un decisorio de más de 40 páginas, contradijo esa apreciación, dando por probado que las instancias de bullying “excedieron hechos aislados” sino que el chico sufrió “situaciones reiteradas de hostigamiento y violencia por parte de sus pares”.
Los hechos ocurrieron en la escuela técnica Mariano Moreno, de Chivilcoy, y quedaron acreditados por testimonios, actuaciones escolares y documentos médicos que analizó la jueza a cargo del tribunal.
En la sentencia se reproducen testimonios de excompañeros de la víctima que afirmaron que las autoridades escolares no les hicieron caso cuando fueron a contar lo que estaba sucediendo. “No nos daban bola. A veces nos decían que estaban ocupados y estaban tomando mate”, dijo uno de ellos.
Otro afirmó que algunos docentes de la escuela “estimulaban para que siguiera ese hostigamiento”.
La jueza determinó que las agresiones recurrentes que sufrió el joven le generaron un problema de depresión y dificultades para relacionarse socialmente. Y consideró que la “invisibilización” de la situación fue uno de los aspectos más graves del caso.
El monto impuesto a la DGCE supera los 20 millones de pesos y es por el “daño moral” sufrido por el ahora exalumno. Inicialmente eran unos 8 millones, pero la magistrada aplicó la actualización por el índice de inflación. Para ello, declaró inconstitucional del artículo 7 de la Ley de Convertibilidad, que prohíbe la indexación de las deudas.