El gobierno bonaerense contrató de forma directa a C&S Informática para crear el módulo de ejecución de obras de CONTRAT.AR II. La empresa ya había sido beneficiada en 2025 con otro contrato por $160 millones para adaptar el sistema de compras y contrataciones del Estado.

PBA adjudicó a C&S un nuevo contrato por USD 350 mil para ampliar CONTRAT.AR II

La Provincia de Buenos Aires adjudicó un contrato por más de $481 millones a la empresa C&S Informática S.A. para desarrollar nuevas funcionalidades del sistema CONTRAT.AR II, la plataforma digital que busca centralizar y transparentar los procesos de contratación y seguimiento de la obra pública provincial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 49/2026 de la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis, en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Provincia de Buenos Aires, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El nuevo contrato contempla el desarrollo del denominado "módulo de ejecución de obra" y el mantenimiento correctivo y evolutivo del sistema. Según la documentación oficial, permitirá digitalizar etapas que hasta ahora se desarrollan mediante circuitos administrativos dispersos, incluyendo certificaciones de obra, redeterminaciones de precios, controles de avance físico y financiero, seguimiento de planes de trabajo y tramitación electrónica de documentación técnica.

La adjudicación se realizó mediante el mecanismo de "selección directa", una modalidad excepcional prevista por las normas del BID cuando existe una empresa que posee una experiencia considerada de "valor excepcional" para la tarea requerida. La Provincia justificó el procedimiento al sostener que C&S Informática ya se encontraba desarrollando la plataforma CONTRAT.AR y que había obtenido resultados satisfactorios tanto desde el punto de vista técnico como operativo.

Cabe destacar que durante la negociación con la empresa se acordó un contrato por USD 347.683,90, que en los considerandos aparece valuado en $483.606.049,20. Sin embargo, al momento de la imputación presupuestaria y de emitir la orden de compra, la resolución termina estableciendo un monto final de $481.542.201,50, que es el valor efectivamente adjudicado y presupuestado.

El proceso contó con la revisión previa del BID, que en distintas instancias solicitó ampliar las justificaciones sobre la contratación directa antes de otorgar su "no objeción". Finalmente, el organismo internacional avaló la operación.

Una segunda contratación

La adjudicación no constituye el primer contrato de la empresa con la Provincia para este proyecto.

En enero de 2025, mediante la Resolución 9/2025, el mismo ministerio había adjudicado a C&S Informática una contratación directa para la adaptación, desarrollo y mantenimiento del módulo de contratación del sistema CONTRAT.AR.

Aquella contratación había sido presupuestada inicialmente en $151,6 millones y terminó adjudicándose por $160,7 millones, con un plazo de ejecución de 14 meses.

Ahora, apenas un año después, la misma firma fue nuevamente seleccionada para ampliar la plataforma mediante el desarrollo del módulo que permitirá administrar digitalmente la ejecución de las obras públicas.

Sumando ambos contratos, el Estado bonaerense comprometió más de $642 millones para el desarrollo y evolución del sistema.

Qué es CONTRAT.AR II

CONTRAT.AR II es una plataforma tecnológica impulsada por el Ministerio de Infraestructura que busca informatizar y unificar los procesos vinculados a las contrataciones y la gestión de la obra pública provincial.

El sistema se encuentra disponible públicamente y permite consultar licitaciones, contrataciones y distintos procedimientos administrativos vinculados a la inversión pública.

La nueva etapa apunta a extender la digitalización más allá de la licitación y adjudicación de las obras, incorporando herramientas para monitorear la ejecución, certificación y evolución financiera de los proyectos desde una única plataforma.

Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa forma parte de los compromisos asumidos ante el BID para modernizar la gestión pública y mejorar el seguimiento de las inversiones en infraestructura vial, escolar y de servicios básicos.

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