Horas antes de la audiencia que tendrá lugar en la Corte por los fondos que Milei le debe a Buenos Aires por ANSES, senadores de La Libertad Avanza pidieron informes con detalles sobre la deuda pública.

“Negociá, pero antes explicá”: libertarios quieren detalles sobre las deudas de Provincia

El gobernador Axel Kicillof participará hoy de la tercera audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, donde representantes de la Provincia y del gobierno de Javier Milei se encontrarán para dirimir la cuestión de la deuda que el bonaerense le reclama a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que alcanza a más de 2,2 billones de pesos que el organismo nacionales tiene con el Instituto de Previsión Social (IPS).

Antes del encuentro, en el que se espera que la administración mileista haga una propuesta para saldar el adeudo, el titular del bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial brinde información acerca del monto actual de la deuda pública bonaerense y de los juicios vinculados al incumplimiento de pagos.

En la iniciativa, el legislador libertario se dirige al ministerio de Economía, a la Tesorería General y a la Contaduría General de la Provincia, requiriendo datos sobre el stock de la deuda al 31 de diciembre de 2024 en pesos y en moneda extranjera, y el porcentaje que se mantiene con organismos multilaterales, entidades financieras y tenedores de bonos.

En sus fundamentos, Curestis refiere observaciones realizadas en abril de este año por el Tribunal de Cuentas bonaerense, en el que, asegura, “se advierten situaciones que ameritan un mayor control legislativo y una explicación pública por parte del Ejecutivo provincial”.

Uno de los puntos clave, de acuerdo al proyecto, es el vinculado a las Letras del Tesoro, acerca de las cuales el senador de LLA explica que existe una “acumulación sistemática” de obligaciones que se trasladan de un ejercicio presupuestario al siguiente. En tal sentido, puntualizó que, al cierre de 2023, el saldo de Letras no canceladas ascendía a $89.662 millones, cifra que dio lugar a un programa equivalente a USD300 millones para 2024.

“La segunda situación es la existencia de deuda en cesación de pagos que se prolonga sin regularización desde el año 2001, agravada por la suspensión de pagos dispuesta en abril de 2020. Los 17 juicios con sentencia firme derivados de deuda anterior a 2002, más los dos con sentencia firme derivados de la suspensión de 2020, representan pasivos contingentes con capacidad de impactar concretamente sobre el patrimonio provincial”, remarcó.

De manera detallada, ejemplificó que existen dos juicios con sentencia firme e inapelable y 14 demandas alcanzadas vinculados a la suspensión de pagos de servicios de deuda dispuesta desde abril de 2020, pidiendo detalles sobre posibles planes de renegociación o regularización, sus plazos y el impacto fiscal de los mismos.

Además, reclamo que se informe sobre el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Movimiento de Fondos y el Estado de la Deuda Pública, cuya ausencia, señala Curestis, “afectan la transparencia y dificultan el control sobre las cuentas provinciales”.

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