12 de junio de 2026
BOLETIN OFICIAL
El Tribunal de Cuentas cerró una investigación sobre Centrales de la Costa y exoneró a sus exdirectivos
Mientras el gobierno bonaerense denunció presuntas irregularidades millonarias en contratos firmados durante la gestión de María Eugenia Vidal, el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto observaciones sobre los ejercicios 2019 y 2020 de Centrales de la Costa y eximió de responsabilidad a sus exautoridades.
El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires resolvió dejar sin efecto observaciones que permanecían pendientes sobre los ejercicios 2019 y 2020 de Centrales de la Costa Atlántica S.A. y liberó de responsabilidad a los exdirectivos y funcionarios involucrados en esos períodos.
La decisión quedó plasmada en el Fallo 262/2026, firmado el 28 de mayo y publicado en el Boletín Oficial bonaerense, donde se dispuso el cierre de observaciones formuladas en resoluciones anteriores y se notificó a las autoridades de la empresa estatal sobre la medida.
En concreto, el organismo de control dejó sin efecto una observación correspondiente al ejercicio 2019, que había sido mantenida en suspenso desde septiembre de 2021, y otra vinculada al ejercicio 2020, que permanecía abierta desde junio de 2022.
De esta manera, el Tribunal de Cuentas resolvió liberar de responsabilidad a una extensa nómina de exdirectivos, gerentes y autoridades de la compañía energética provincial que habían quedado alcanzados por aquellas observaciones.
La resolución adquiere relevancia política porque se produce en un contexto en el que la gestión de Axel Kicillof impulsó auditorías y revisiones sobre distintos contratos celebrados durante la administración de María Eugenia Vidal.
Uno de los casos más resonantes fue el contrato firmado en 2016 entre Centrales de la Costa y la empresa Proenergy para ampliar en 100 megavatios la capacidad de generación de la Central 9 de Julio de Mar del Plata.
Según informó oportunamente el Ministerio de Infraestructura bonaerense, la adjudicación de esa obra por más de 101 millones de dólares habría presentado una serie de anomalías que justificaron la apertura de una auditoría integral.
Entre las irregularidades señaladas por la Provincia figuraban la rapidez con la que se adjudicó la licitación, modificaciones posteriores a las condiciones originales del pliego y diferencias entre la firma que resultó adjudicataria y la que finalmente recibió los pagos.
El gobierno provincial también cuestionó cambios contractuales que habrían trasladado costos y riesgos económicos a la empresa estatal, además de una penalización superior a los 12 millones de dólares aplicada por CAMMESA por incumplimientos en los plazos de puesta en marcha de la central.
Sin embargo, la resolución conocida esta semana no se refiere específicamente a esa contratación, sino a observaciones contables y administrativas correspondientes a los ejercicios auditados de la compañía.
La decisión del Tribunal de Cuentas representa un respaldo para las autoridades que condujeron la empresa durante esos períodos, al considerar superadas las observaciones que permanecían abiertas.
La compañía, actualmente denominada Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), atraviesa una etapa de transformación impulsada por el gobierno provincial. En 2024 la Provincia aprobó el cambio de nombre y amplió su objeto social con el objetivo de convertirla en un actor con alcance en el mercado energético nacional.
Así, mientras continúan las revisiones sobre contrataciones heredadas de años anteriores, el principal organismo de control externo de la Provincia dio por cerradas las observaciones pendientes sobre los ejercicios 2019 y 2020 de la ex Centrales de la Costa Atlántica S.A.