16 de junio de 2026
POLÉMICA
Retroceso en la Justicia: Milei elimina criterios de género en la designación de jueces
A través de un decreto, el Gobierno nacional modificó el régimen de designación de magistrados y derogó aspectos centrales de las normas impulsadas por Néstor Kirchner en 2003. Entre los cambios más cuestionados figura la eliminación de los criterios que promovían la diversidad de género en la integración de los tribunales.
El presidente Javier Milei avanzó con una profunda reforma en el procedimiento de designación de jueces y funcionarios judiciales al modificar los decretos 222 y 588 de 2003, normas que habían sido impulsadas durante el gobierno de Néstor Kirchner para dotar de mayor transparencia y participación ciudadana a la selección de magistrados.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 467/2026 y elimina una serie de instancias de control y observación pública previas a la nominación presidencial. El Gobierno argumentó que esos mecanismos generaban una "duplicación de procedimientos" y demoraban la cobertura de vacantes en la Justicia.
Sin embargo, uno de los puntos que más controversia genera es la derogación del artículo 3° del Decreto 222/2003, que establecía criterios orientadores para la selección de integrantes de la Corte Suprema, entre ellos la búsqueda de una composición que reflejara la diversidad de género, especialidades y procedencias dentro del sistema judicial.
Con la modificación, el Poder Ejecutivo recupera una mayor discrecionalidad para definir candidatos sin la obligación de considerar esos parámetros. Desde distintos sectores judiciales y académicos advierten que la decisión implica un retroceso en materia de representación y equidad dentro de los máximos órganos de justicia.
El decreto también elimina las instancias de recepción de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia, reduce los mecanismos de publicidad previa y concentra el proceso en la decisión presidencial y el posterior tratamiento de los pliegos en el Senado.
Según la argumentación oficial, los controles de transparencia y participación ciudadana continuarán existiendo durante el trámite parlamentario. No obstante, especialistas señalan que la reforma reduce espacios de discusión pública previos y debilita herramientas que durante más de dos décadas permitieron evaluar antecedentes, conflictos de interés y perfiles de los candidatos antes de su nominación formal.
La decisión se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos al funcionamiento institucional del sistema judicial y de debate sobre la cobertura de numerosas vacantes en tribunales nacionales y federales.