El exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y el exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio, irán a juicio oral acusados de lavar fondos presuntamente provenientes de delitos contra la administración pública. La investigación se centra en la compra de un Audi Q8 valuado en más de $173 millones.

D’Onofrio irá a juicio oral por lavado de dinero: un Audi Q8 complicó al exministro

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, resolvió elevar a juicio oral la causa que tiene como principales imputados al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y al exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio. Ambos están acusados por el presunto delito de lavado de activos agravado, en una investigación vinculada a supuestos hechos de corrupción en la administración pública provincial.

La decisión se adoptó luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara la apertura del debate oral al considerar acreditada, en esta etapa del proceso, la hipótesis de que ambos adquirieron un vehículo Audi Q8 con dinero proveniente de actividades ilícitas. El expediente sostiene que los fondos tendrían relación con delitos contra la administración pública que son investigados en otros expedientes.

En marzo de este año, D’Onofrio había sido procesado y embargado por 350 millones de pesos.

La maniobra bajo análisis se remonta al 19 de octubre de 2023, cuando Facundo Asensio inscribió a su nombre el vehículo en una seccional de la Ciudad de Buenos Aires. La operación fue declarada por un valor de 30 millones de pesos, aunque el seguro contratado para la unidad estableció una cobertura por 173,8 millones de pesos, monto que para la Justicia reflejaría su valor real de mercado.

Pese a que la titularidad formal correspondía a Asensio, el juzgado concluyó que el verdadero usuario y beneficiario del automóvil era D’Onofrio. Entre las pruebas mencionadas figuran una cédula azul emitida desde el momento de la compra para habilitar al exfuncionario a conducir el vehículo y la registración del Telepase a nombre del exministro.

En marzo de este año, D’Onofrio había sido procesado y embargado por 350 millones de pesos, mientras que Asensio recibió la misma medida cautelar por 300 millones. El auto de procesamiento firmado por González Charvay en noviembre de 2025 calificó a ambos como coautores del delito de lavado de activos de origen ilegal, agravado en el caso del exministro por su condición de funcionario público.

Para justificar la procedencia del dinero utilizado en la compra, Asensio presentó un contrato de mutuo firmado el 12 de octubre de 2023 con la firma Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A., integrada por sus padres. Según la defensa, esos fondos provenían de la venta de un inmueble concretada meses antes y debían ser restituidos antes del 31 de diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, la instrucción concluyó que los recursos utilizados en la operación podrían estar vinculados a una trama más amplia investigada por la Justicia bonaerense. En el Departamento Judicial de La Plata avanzan expedientes por presuntos delitos de fraude, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, que involucran al exministro.

D’Onofrio también está bajo investigación por supuestas maniobras irregulares vinculadas al sistema de fotomultas y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), un esquema que habría permitido la obtención de beneficios económicos indebidos a partir de estructuras montadas dentro del área que conducía.

Las defensas de ambos imputados intentaron frenar la elevación a juicio mediante pedidos de sobreseimiento. D’Onofrio argumentó que no existía un delito precedente acreditado y destacó que una de las causas abiertas en la justicia provincial había sido archivada por falta de pruebas. Por su parte, Asensio sostuvo que la acusación se apoyaba únicamente en su condición de titular registral del Audi y negó conocer un eventual origen ilícito de los fondos.

El juez González Charvay rechazó esos planteos, consideró concluida la etapa de instrucción y dispuso la elevación de la causa al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Martín que resulte sorteado. Además, ordenó extraer testimonios para profundizar la investigación sobre posibles maniobras adicionales y la eventual participación de otras personas.

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