La Provincia va por una cooperativa eléctrica: reclama $56 millones y amenaza con juicio
El gobierno bonaerense intimó a la Cooperativa Eléctrica de Zárate Islas a pagar una deuda superior a los $56 millones por fondos tarifarios cobrados a usuarios y no transferidos al fideicomiso provincial. Si no regulariza la situación en diez días, avanzará una demanda judicial.
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La Provincia de Buenos Aires intimó formalmente a la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate Islas a cancelar una deuda de más de $56,8 millones vinculada a fondos tarifarios que, según determinó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, fueron cobrados a los usuarios pero no ingresados al Fideicomiso de Inversiones en Transporte de la Provincia de Buenos Aires (FITBA).
La medida fue oficializada mediante la Resolución 478/2026 firmada por el ministro Gabriel Katopodis y representa uno de los casos más severos de incumplimiento detectados por la administración provincial dentro del sistema de distribución eléctrica bonaerense.
De acuerdo con la resolución, la deuda asciende a $56.845.461,33 al 30 de marzo de 2026, monto al que deberán agregarse intereses hasta el momento de su cancelación efectiva. La cifra incluye obligaciones acumuladas de distintos planes de regularización incumplidos, deudas corrientes por agregados tarifarios y observaciones surgidas de auditorías realizadas sobre la cooperativa.
La investigación administrativa determinó que la entidad no transfirió al FITBA recursos correspondientes a los componentes tarifarios de transmisión, generación distribuida y costo adicional de generación distribuida. Esos fondos tienen una afectación específica establecida por ley y deben ser depositados en el fideicomiso provincial destinado a financiar obras e inversiones en el sistema eléctrico.
La resolución detalla que la cooperativa había adherido en distintas oportunidades a planes de regularización impulsados por la Provincia, algunos de ellos aprobados en 2023 y 2024. Sin embargo, los incumplimientos persistieron y obligaron a recalcular la deuda incorporando intereses y nuevos períodos adeudados.
Durante los últimos dos años la Dirección Provincial de Regulación remitió intimaciones y cartas documento exigiendo la regularización de la situación. También dio intervención al Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), al que se le solicitó avanzar en un procedimiento sancionatorio por presuntos incumplimientos del marco regulatorio.
Además, la Provincia dispuso la retención de fondos que la cooperativa debía percibir a través del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias. Esos recursos podrían ser utilizados para cancelar parcialmente la deuda mediante un mecanismo de cesión de créditos supervisado por la Escribanía General de Gobierno.
El Gobierno bonaerense otorgó ahora un plazo excepcional de diez días hábiles para que la entidad cancele la totalidad de la deuda. La intimación tiene carácter perentorio y constituye la última instancia administrativa antes de la judicialización del conflicto.
Si la cooperativa no paga dentro del plazo establecido, Provincia Fideicomisos S.A.U. deberá iniciar acciones judiciales para recuperar los fondos. La propia resolución funciona como título ejecutivo, una herramienta legal que simplifica el proceso de cobro y permite avanzar directamente con la ejecución de la deuda.
Desde la Provincia remarcaron que los montos reclamados corresponden a recursos que fueron efectivamente percibidos de los usuarios a través de las tarifas eléctricas. Por esa razón, sostienen que no se trata de una deuda convencional sino de fondos con destino específico que nunca llegaron al fideicomiso al que debían ser transferidos.
El caso abre un frente delicado para el sistema cooperativo eléctrico bonaerense. Además de la demanda millonaria, la Cooperativa de Zárate Islas podría enfrentar sanciones regulatorias y penalidades contractuales por el incumplimiento de obligaciones vinculadas al manejo de recursos recaudados a través de las facturas de energía.