La Justicia Federal pone un freno al plan de Milei para la conversión del Banco Nación
La Cámara Federal de La Plata rechazó la apelación del Estado Nacional y de la entidad crediticia y confirmó la prórroga de una medida cautelar que mantiene suspendida la transformación del banco público en sociedad anónima. El tribunal consideró que no cambiaron las circunstancias iniciales.
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La Cámara Federal de La Plata rechazó los recursos de apelación presentados por el Estado Nacional y el Banco de la Nación Argentina ante la Justicia contra la prórroga de la medida cautelar que mantiene suspendida la transformación del banco público en sociedad anónima. Con este fallo, la Sala III confirmó la decisión adoptada el 10 de marzo por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien había extendido por seis meses más la vigencia de la cautelar dictada originalmente el 13 de marzo de 2025.
En este contexto, la Justicia Federal volvió a darle un revés al Gobierno nacional y al Banco de la Nación Argentina en una causa que mantiene bajo discusión una política de la entidad. La resolución fue firmada por los jueces Carlos Alberto Vallefín, Emilio Santiago Faggi y Roberto Agustín Lemos Arias y quedó fechada el 17 de julio. El expediente tramita ante la Justicia Federal de La Plata y tiene como actores a Juan Honorio Guerrero Iraola y otros, mientras que como demandados aparecen el Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Nación.
El conflicto volvió a escalar después de que el juez de primera instancia decidiera prorrogar la cautelar por seis meses. Frente a esa decisión, tanto el Estado como el Banco Nación apelaron. Entre sus argumentos plantearon que no correspondía una segunda prórroga, cuestionaron la fundamentación de la decisión, señalaron una supuesta demora procesal y sostuvieron que no estaban acreditados los requisitos para mantener la medida. Además, el Gobierno y el BNA plantearon que la cautelar afectaba el interés público porque, según su interpretación, paralizaba una política orientada a la modernización de la institución.
La Cámara, sin embargo, rechazó el planteo central de las demandadas. Los jueces señalaron que la legislación no impide expresamente que una medida cautelar sea prorrogada más de una vez. Para el tribunal, la Ley 26.854 permite extender su vigencia cuando las circunstancias que justificaron su dictado permanecen y existe una necesidad procesal que lo justifique.
El punto central del fallo es que, para los jueces, las circunstancias fácticas y jurídicas que habían dado origen a la cautelar no se modificaron sustancialmente. La Cámara recordó además que la decisión inicial ya había sido confirmada por ese mismo tribunal y consideró que tampoco existía una demora procesal irrazonable que pudiera atribuirse a los demandantes.
El tribunal también fue especialmente crítico con la estrategia argumental del Estado y del Banco Nación. Según la resolución, ambas partes volvieron a plantear cuestiones que ya habían sido analizadas y rechazadas en anteriores instancias de la causa. Para la Cámara, una apelación contra la prórroga de una cautelar no habilita a reabrir todos los debates que ya fueron resueltos al momento de concederla.
El dato procesal también pesa. La Cámara destacó que los actores cuentan con una sentencia favorable de primera instancia y que existe un impulso procesal suficiente para justificar la continuidad de la protección cautelar. Con ese argumento, rechazó los recursos interpuestos por el Estado Nacional y el Banco Nación.
La decisión implica, en los hechos, que la cautelar seguirá vigente durante otros seis meses mientras avanza la causa principal. La Justicia Federal no sólo confirmó la extensión de la medida, sino que además impuso las costas al Estado Nacional y al Banco Nación por haber resultado vencidos en esta incidencia.
El fallo representa así un nuevo capítulo en la disputa judicial alrededor del Banco Nación y las transformaciones que el Gobierno busca impulsar sobre la entidad. Mientras el Ejecutivo y el BNA sostienen que la medida judicial interfiere sobre una política de modernización institucional, la Cámara Federal de La Plata entiende que no existen, por ahora, elementos nuevos que permitan modificar la protección concedida originalmente.
La resolución no cierra el conflicto de fondo. Por el contrario, mantiene abierta la discusión judicial y prolonga durante otros seis meses una cautelar que ya había sido prorrogada. Con una sentencia de primera instancia favorable a los actores y la Cámara ratificando nuevamente la protección, el Banco Nación y el Estado Nacional deberán continuar transitando en los tribunales una disputa que tiene impacto directo sobre la estrategia de transformación que el Gobierno pretende aplicar sobre la entidad.
