Buscando apoyos legislativos, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con los gobernadores de las provincias del norte para crear un régimen de tarifa eléctrica diferencial por el calor. Mientras tanto, avanza en recorte de subsidios por Zona Fría.

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En medio de las especulaciones sobre el llamado “tarifario de los gobernadores”, el Gobierno nacional anunció un acuerdo con cinco provincias del Norte Grande para implementar un régimen diferencial de tarifas eléctricas vinculado a las altas temperaturas, denominado “Zona Cálida”.

La iniciativa surgió tras una reunión encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el funcionario Diego Santilli; la secretaria de Energía y los gobernadores de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta.

Según comunicó Casa Rosada, se trata de un “acuerdo histórico” orientado a contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan los hogares de la región debido al calor extremo.

Caputo confirmó que se consensuó una propuesta para redefinir los subsidios energéticos en las zonas cálidas y muy cálidas, con la intención de avanzar en su implementación “lo antes posible”.

Por el momento se desconocen los detalles de la aplicación y la letra chica del acuerdo, aunque el mapa elaborado por el Enargas en 2021 identifica a Formosa, Chaco y Santiago del Estero como las tres provincias más cálidas del país.

Sin embargo, dos de ellas no participaron de la reunión, pese a que también presentan climas cálidos y muy cálidos según el mismo análisis utilizado para la Ley de Zona Fría.

De manera paralela, el gobierno de Javier Milei busca modificar el régimen de tarifas diferenciales de gas para las regiones de bajas temperaturas, denominada Zona Fría, un esquema creado por ley del Congreso que enfrenta un proyecto oficial de reducción que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto pretende retrotraer el alcance de Zona Fría a la cobertura previa a la ampliación que el Congreso sancionó en 2021, motorizada por el kirchnerismo, lo que permitiría reducir en más de $250.000 millones el gasto anual en subsidios, según estiman los libertarios.

La modificación tendría un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires, donde alrededor de 1,2 millones de usuarios podrían afrontar subas de entre 30% y 50% en sus facturas de gas, aunque fuentes oficiales anticiparon que el Gobierno conservaría un esquema residual de asistencia.

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