La Justicia rechazó intento de ex intendente PRO para frenar juicio por malversación
Tras ser procesado, la defensa del ex jefe comunal de Pilar, Nicolás Ducoté, había pedido suspender el juicio oral en su contra, pero el recurso fue negado por la Cámara de Casación.
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La Cámara Federal de Casación Penal desestimó un planteo del exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté (PRO), para suspender el juicio oral que se le sigue por presunta malversación de caudales públicos.
Con esa decisión, el expediente sigue su curso a la espera de la sentencia en el marco de una causa en la que el ex jefe comunal es juzgado desde el 3 de agosto por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, junto a otros nueve imputados.
La causa investiga el supuesto manejo irregular de fondos nacionales transferidos al municipio para programas de microcréditos entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. También se le imputa violación de los deberes de funcionario público.
La defensa había pedido postergar el debate hasta que concluyeran pericias contables sobre los microcréditos, sin embargo el tribunal oral rechazó el pedido al considerar “inoficioso” el recurso porque el juicio ya había arrancado cuando se elevó la queja.
El TOF 1 de San Martín retomará hoy las audiencias, en modalidad virtual, en torno a la investigación impulsada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, luego de los procesamientos confirmados por la Cámara Federal de San Martín.
El expediente analiza el destino de fondos nacionales enviados a Pilar en la gestión de Ducoté. En 2016 el municipio firmó tres convenios con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda: uno para microcréditos destinados a remodelar viviendas de vecinos vulnerables; otro para urbanizar un asentamiento precario; y un tercero para mejoras en redes cloacales y la instalación de una planta depuradora.
Según la acusación, las obras no se habrían concluido, y el procesamiento de 2021 sostiene que los imputados habrían actuado de manera “coordinada y funcionalmente” para concretar actos que “obligaron y comprometieron abusivamente al erario”, lo que habría generado “un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.
