Jefes comunales del peronismo, el radicalismo, LLA y el PRO elaboraron su agenda de las princiales demandas al Gobierno provincial. Las necesidades que sobresalen y los problemas que se repiten
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La provincia de Buenos Aires es el territorio más castigado por la crisis económica que atraviesa el país, por lo que golpea duro a los 135 municipios. Es que a la política de ajuste que implementa Javier Milei también se le suman los recortes que hace Axel Kicillof en diferentes sectores de la administración.
La decisión deliberada del gobierno nacional de quitar fondos al territorio bonaerense tiene como correlato en el Ejecutivo provincial un reordenamiento de partidas presupuestarias. En ese esquema es que los recursos provinciales son más finitos y el Gobernador opta por ajustar en programas sociales, obras, salud, seguridad y educación. Tal situación es explicada por los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, en función de lo que viven en carne propia en sus distritos.
El resultado es un particular libro de quejas que atraviesa a todo el mapa político bonaerense. Las demandas fueron planteadas por intendentes del peronismo, del PRO, de LLA y de la UCR, con diferencias lógicas en el diagnóstico, pero con varias coincidencias a la hora de señalar cuáles son los principales problemas que necesitan resolver con la administración provincial.
El reclamo que más se repite tiene nombre propio: IOMA. La situación de la obra social bonaerense aparece como una preocupación transversal, porque afecta directamente a las cuentas municipales y, en algunos casos, condiciona la atención sanitaria de los vecinos. Las demoras en los pagos que debe realizar a los distritos y la falta de actualización de los valores de las prestaciones son problemas centrales.
La segunda gran demanda tiene que ver con la seguridad, por lo que vuelve a aparecer una situación que los municipios plantean desde hace tiempo. Aunque se trata de una responsabilidad absolutamente provincial, las comunas destinan cada vez más recursos propios para sostener cámaras, centros de monitoreo, combustible, reparación de móviles y equipamiento.
En algunos distritos también se reclama una mayor presencia de efectivos y más patrulleros. Hay municipios que aseguran haber recibido apenas unos pocos móviles durante varios años y que actualmente cuentan con menos policías por habitante que al comienzo de sus gestiones.
La discusión tiene una consecuencia directa sobre las cuentas municipales, ya que cada peso destinado a seguridad es un peso que deja de estar disponible para otras áreas. El dilema se vuelve todavía más evidente cuando los jefes comunales sostienen que deben financiar responsabilidades que consideran propias de la administración provincial.
En ese punto también existe una coincidencia transversal, porque la queja aparece entre intendentes de la UCR, el PRO y el peronismo, aunque cada espacio la formule desde su propio posicionamiento. Algunos piden más recursos y presencia policial, mientras que otros directamente plantean que la Provincia debe hacerse cargo de una estructura que los municipios financian con fondos propios.
La obra pública conforma el tercer gran capítulo de las demandas y el pedido no se limita a nuevos proyectos. En varias comunas se reclama que la Provincia desembolse fondos comprometidos para obras que ya fueron licitadas, adjudicadas o conveniadas. Pavimentos, cloacas, desagües pluviales, escuelas, viviendas, infraestructura sanitaria y obras hidráulicas forman parte del listado. En algunos casos se trata de trabajos que quedaron demorados y en otros de etapas que todavía no comenzaron pese a que ya existen compromisos asumidos.
El patrón se repite, ya que son obras que exceden la capacidad financiera de los municipios y que, por su magnitud, dependen del acompañamiento de la administración provincial. El problema es que la escasez de recursos obliga al gobierno bonaerense a seleccionar qué compromisos puede cumplir y en qué momento.
Las obras hidráulicas tienen, además, una particularidad. No se trata solamente de infraestructura que mejora la calidad urbana, sino de proyectos vinculados directamente con la prevención de inundaciones y anegamientos. Para muchos municipios, el reclamo por desagües y entubamientos tiene un componente de urgencia que no admite demasiadas demoras.
Algo similar ocurre con la infraestructura sanitaria, porque hay pedidos para reactivar obras de cloacas, ampliar redes y completar plantas depuradoras. En otros distritos, el reclamo pasa por conseguir medicamentos, insumos y profesionales para hospitales que terminan recibiendo una demanda mayor como consecuencia de las dificultades del sistema privado y de las obras sociales.
La salud vuelve así a convertirse en un punto de contacto entre Provincia y municipios. Cuando un hospital bonaerense o un privado no cuenta con profesionales, medicamentos, insumos o prótesis suficientes, la presión se traslada hacia los centros municipales. Y cuando IOMA no paga o paga por debajo de los costos, el impacto vuelve a caer sobre las cuentas locales.
La crisis habitacional también aparece en el mapa, con algunos municipios que esperan la reactivación de convenios para la construcción de viviendas sociales y plantean que el crecimiento de la demanda supera ampliamente la capacidad de las administraciones locales para responder por sí solas.
En materia educativa, los reclamos apuntan principalmente a obras pendientes y a compromisos de infraestructura. Hay escuelas licitadas que esperan los desembolsos correspondientes, establecimientos que necesitan completar obras y municipios que también solicitan recursos para sostener tareas vinculadas al sistema educativo.
En paralelo, aparece otro pedido menos visible, pero relevante para las cuentas municipales: mayor previsibilidad. El requerimiento no es solamente por más dinero, sino por mecanismos que permitan planificar.
La propuesta de incorporar al Presupuesto 2027 un fondo de infraestructura distribuido con criterios objetivos, previsibles y equitativos expresa esa preocupación. Los intendentes necesitan saber con qué recursos contarán para poder programar obras y no depender exclusivamente de convenios puntuales o de desembolsos que llegan con demora. La Provincia ya implementó herramientas para aliviar esa situación. Durante el último trimestre comenzó a llegar a los municipios la segunda cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal establecido en el Presupuesto de este año. La cuestión social agrega otra capa de presión ante la caída de la actividad y el deterio ro de los ingresos familiares, que incrementan la demanda de asistencia alimentaria y de distintos tipos de ayuda directa. Los municipios son, en muchos casos, el primer lugar en el que se expresan esas necesidades.
Los jefes comunales son quienes deben responder frente a los vecinos por problemas que no necesariamente generaron y que muchas veces tampoco tienen capacidad económica para resolver. La discusión sobre quién tiene la responsabilidad formal pierde fuerza cuando la demanda llega directamente a una oficina municipal.
Otros jefes comunales desempolvan reclamos como el de la financiación de los Juegos Bonaerenses, preocupados por los insuficientes aportes de las arcas provinciales para que los distritos cubran gastos de traslados, estadías, alimentación y otros rubros para el desarrollo de las compeptencias en todos los niveles.
El libro de quejas de los intendentes muestra, en definitiva, un problema que trasciende los colores partidarios. Forman parte de una agenda común que se expresa desde municipios gobernados por el peronismo, el PRO y UCR.
Las demandas llegan a Axel Kicillof en medio de su campaña nacional con vistas a ser candidato a presidente. El Gobernador tiene a parte de su gabinete con tareas políticas en diferentes provincias y tal situación expone aun más las falencias en su gestión. Al tiempo tiempo, se esperan soluciones a las problemáticas que son responsabilidad del Estado provincial en un contexto cada vez más complicado.
Un alivio que llega para los municipios desde la Provincia
Ya comenzó el último trimestre del año y los intendentes se preparan para administrar con lo poco que les queda de recursos. En ese sentido, en la última les llegó una buena noticia que genera algo de alivio a las cuentas distritales.
Desde el Ministerio de Economía, que conduce Pablo López, confirmaron a La Tecla que transfirieron la segunda cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. De esta manera, llega plata fresca para los jefes comunales en un momento clave. La nueva cuota, según lo estipula la ley de Presupuesto 2026, contempla un piso de 20 mill millones de pesos con un techo de 30 mil millones. De todos modos, de ese total el 70% es de libre dispobilidad y el 30% restante es por medio de proyectos presentados a los ministerios de Infraestructura, Transporte y Cultura.
Fuentes oficiales explicaron a este medio que lo que se giró a los municipios corresponde a la porción de libre de disponibilidad. Lo que queda será a través del mecanismo y tiempos que disponga cada cartera provincial.
En tanto, para lo que resta del año queda una tercera cuota que los alcaldes ya la esperan. La misma vence el 30 de noviembre y con el mismo monto que la segunda cuota. El Fondo establecido se cancelará recién en el 2027 con tramos más. El primero con tiempo hasta el 30 de abril y el último hasta el 30 de junio. Así, los distritos intentarán paliar la crisis con los fondos dispuestos.
El IOMA, un dolor de cabeza sin solución para los intendentes
Entre los intendentes, tanto oficialistas como opositores -aunque éstos últimos prefieran hacer mutis por el foro- existe una marcada coincidencia en que la situación del IOMA es una verdadera espada de Damocles para las tesorerías municipales.
Por un lado, la obra social que preside Homero Giles mantiene una deuda sideral con las comunas, atrasos que complican la ya deteriorada situación financiera de las mismas, realizando pequeños e insuficientes pagos parciales cada determinado tiempo.
Tal vez el de los intendentes de la UCR, nucleados en el Foro de jefes comunales del radicalismo, sea hasta el momento el reclamo más fuerte para que la Provincia se ponga al día con estos atrasos, un pedido que desean reiterar al gobernador Axel Kicillof, a quien han pedido, una vez más, la posibilidad de verse las caras.
Sin embargo, no solamente la demora en enviar fondos es una situación compleja, sino también la falta de actualización de los montos que paga el IOMA por prácticas, medicamentos o internaciones, que quedan, inicialmente, a cargo de los hospitales municipales.
Esto impacta, además, en la atención de los afiliados, ya que los profesionales cortan, de manera reiterada, la atención por falta de atención a sus reclamos. La situación genera indignación entre los usuarios y decenas de pedidos de informes en la Legislatura, incluso pedidos de interpelación al propio Giles.
Los dardos a la política de seguridad en medio de la campaña nacional
El área de seguridad siempre fue un tema más que sensible para la provincia de Buenos Aires y afecta de diferentes maneras tanto en el conurbano como en el interior. Los cuestionamientos a las políticas implementadas por Axel Kicillof pendulean entre la situación salarial de los agentes hasta lo vinculado con la estructura para hacer frente al delito. En los últimos meses comenzó a emerger una nueva crítica hacia el Gobierno bonaerense, con dardos que apuntan directamente al ministro de Seguridad, Javier Alonso. El funcionario es uno de los armadores que designó el Gobernador para construir el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en todo el país.
En ese marco, hay intendentes del oficialismo que coinciden con los de la oposición al momento de señalarlo como responsable de que la seguridad no sea una prioridad. “No puede ser que el ministro esté de gira por las provincias haciendo campaña para Kicillof mientras en el Conurbano te roban todos los días”, se quejó un jefe comunal del peronismo.
La misión que le encomendaron a Alonso es similar a la de otros ministros, pero el hecho de que ocupe una cartera clave lo pone bajo la lupa ante cualquier acontecimiento de gravedad en tierras bonaerenses. No obstante, el Ejecutivo busca avanzar con una ley de seguridad.
