La Justicia acorrala a un intendente peronista: tiene que informar sobre trabajos en una ruta
La Justicia intimó al municipio de Carlos Casares, gobernado por Daniel Stadnik, a que brinde información completa sobre obras de infraestructura y alcantarillado en la Ruta Provincial N°50. El recurso fue presentado por una empresa.
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La Justicia hizo lugar parcialmente a un amparo contra el municipio bonaerense de Carlos Casares, que gobierna el intendente Daniel Stadnik (Fuerza Patria), y le ordenó entregar la información pendiente sobre las obras de infraestructura y alcantarillado ejecutadas sobre la Ruta Provincial N° 50.
La causa se originó en un pedido de acceso a la información pública presentado por una empresa. La firma reclamaba datos sobre los trabajos realizados en ese sector del distrito entre fines de abril y agosto de 2025. Ante la falta de una respuesta completa dentro de los plazos legales, recurrió a la Justicia.
El requerimiento abarcaba expedientes, órdenes de trabajo y de servicio, resoluciones, planos, presupuestos, estudios técnicos y la documentación vinculada a la contratación de las obras. También pedía precisiones sobre los responsables de las tareas, las fechas de ejecución, la cantidad y el tipo de alcantarillas colocadas, la maquinaria utilizada, las actas de inspección, eventuales autorizaciones provinciales y los registros fotográficos.
Durante el trámite, el municipio aportó parte de la documentación, pero el juez Pablo Germain consideró que esa respuesta no cubría la totalidad de lo solicitado y sostuvo que la comuna “no brindó una contestación precisa y completa” sobre los puntos que seguían pendientes.
El magistrado recordó que el derecho de acceso a la información pública tiene respaldo constitucional y que, cuando la administración no responde de manera adecuada, no es necesario agotar la vía administrativa para acudir a la Justicia.
Señaló, además, que la información en poder de los organismos públicos se presume accesible y que cualquier negativa debe estar debidamente fundamentada. “Las respuestas, agregó, deben ser precisas, completas, útiles y relevantes para quien formula el pedido”.
Con ese criterio, el juez resolvió que el municipio debe garantizar el acceso a la documentación y a los registros utilizados para la ejecución de las obras, incluidos los relacionados con contrataciones, presupuestos y aspectos económico-financieros.
La sentencia ordena a la Municipalidad de Carlos Casares poner a disposición la información pendiente dentro de los 30 días hábiles posteriores a que el fallo quede firme.
