Tras la polémica por reconocer consumos problemáticos, el intendente de Saavedra amplió su descargo ante el Concejo Deliberante y denunció presuntas irregularidades en el procedimiento. Cuestionó la valoración de los testimonios, rechazó que existan pruebas de faltas graves en el ejercicio de sus funciones y advirtió sobre posibles intereses políticos detrás de la investigación.

Nebot va por todo: pide anular la investigación y apunta a una maniobra para desplazarlo

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El intendente de Saavedra, Matías Nebot, presentó una ampliación de su descargo ante la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, en el marco del expediente que analiza su desempeño al frente del Ejecutivo municipal. A través de dos escritos, uno presentado el 25 de septiembre y otro ampliatorio durante octubre, el jefe comunal cuestionó los fundamentos de la investigación, objetó la valoración de las declaraciones testimoniales y solicitó el archivo de las actuaciones por considerar que no se acreditaron irregularidades que justifiquen una eventual sanción.

El procedimiento se inició después de que Nebot reconociera públicamente, el 17 de julio de 2026, haber atravesado una situación de consumo problemático de sustancias y encontrarse en recuperación. Aquellas declaraciones, realizadas durante una jornada de concientización sobre adicciones, dieron lugar a la conformación de una Comisión Investigadora mediante la Resolución 23/2026 del Concejo Deliberante, aprobada el 5 de agosto. El cuerpo avanzó posteriormente con la recepción de testimonios y pedidos de informes a distintas dependencias municipales.

La investigación buscó determinar si existieron conductas vinculadas con el desempeño del intendente que pudieran configurar transgresiones a sus deberes como funcionario público. Entre los aspectos analizados aparecen presuntas ausencias prolongadas, dificultades en la conducción administrativa, visitas al Hospital Municipal de Pigüé y cuestiones relacionadas con la gestión sanitaria y de seguridad.

En su presentación, patrocinada por los abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager, Nebot sostuvo que la investigación presenta deficiencias desde su origen y que, pese a la prueba reunida, no se individualizó un acto de gobierno concreto que pudiera considerarse irregular. La defensa argumentó que el reconocimiento de una situación personal de salud no constituye, por sí mismo, una causal suficiente para avanzar hacia la responsabilidad política de un funcionario electo.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la aplicación del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece las condiciones para investigar y eventualmente sancionar a un intendente. Según la interpretación expuesta por sus abogados, la normativa exige la identificación de hechos vinculados directamente con el ejercicio de la función pública y no permite sustentar una acusación únicamente en apreciaciones personales o cuestionamientos generales sobre la conducta del mandatario.

En esa línea, la defensa también rechazó que una invocación genérica de la Ley de Ética Pública resulte suficiente para encuadrar las conductas investigadas. Consideró que la Comisión debería precisar qué obligación funcional habría sido incumplida, cuándo ocurrió el hecho y qué consecuencias produjo para la administración municipal.

Una parte central de la controversia giró alrededor de las declaraciones incorporadas al expediente. En su descargo inicial, Nebot cuestionó que la Comisión otorgara mayor valor a los testimonios de exintegrantes de su gabinete, entre ellos Mariano Mansilla, Micaela Cellucci, Fiorella Calmels, Ignacio Fabre y Agustina Barrera, mientras relativizaba otras declaraciones que ofrecían una evaluación diferente sobre el funcionamiento del Ejecutivo.

Según la presentación, el Acta N° 9 de la Comisión tomó como referencia cinco testimonios críticos y enumeró otros dieciséis que, de acuerdo con la interpretación de la defensa, no respaldaban esa misma versión. Los abogados objetaron especialmente que se restara valor a declaraciones de funcionarios por mantener una relación jerárquica con el intendente, cuando entre los declarantes también había exintegrantes de la administración municipal.

El planteo fue profundizado en la ampliación de octubre, que incorporó un análisis de las declaraciones producidas durante la etapa de defensa. Allí se mencionaron los testimonios del secretario de Salud, Oscar Gómez; la exsecretaria del área, Mónica Lorenzo; la jefa de personal del Hospital Municipal, María Maggie Janariz; y otros empleados y funcionarios que se desempeñaron en distintas dependencias.

De acuerdo con la documentación presentada por Nebot, estos testigos manifestaron no haber constatado personalmente situaciones vinculadas con el consumo de sustancias durante el ejercicio de sus funciones, ni ausencias o comportamientos del intendente que hubieran impedido el normal desarrollo de las tareas a su cargo.

En el caso de Mónica Lorenzo, quien estuvo al frente de la Secretaría de Salud entre agosto de 2024 y julio de 2025, la exfuncionaria aseguró que durante su gestión mantuvo una buena relación institucional con el jefe comunal y que recibió respuestas cuando necesitó comunicarse con él.

"Aún no estando en Pigüé, el Intendente siempre me atendía el teléfono", afirmó Lorenzo, según la transcripción incorporada por la defensa. También sostuvo que no había tomado conocimiento directo de ingresos indebidos del mandatario a sectores restringidos del hospital ni de situaciones que hubieran afectado la actividad sanitaria.

Por su parte, Oscar Gómez, actual secretario de Salud, declaró que el intendente acompañó decisiones relevantes para el funcionamiento del área y mencionó particularmente la restitución de la carga horaria de los trabajadores municipales.

"Se vio la forma para devolverlas. Decidió otorgar la carga horaria como se venía trabajando y eso normalizó en gran parte el funcionamiento del Hospital", expresó el funcionario.

En relación con las visitas al establecimiento sanitario, Gómez indicó que, durante su horario laboral, Nebot le había comunicado previamente sus recorridas en distintas oportunidades. También reconoció que otros funcionarios habían visitado sectores del hospital sin aviso previo.

La jefa de personal del establecimiento, María Maggie Janariz, sostuvo que el intendente concurrió con frecuencia al hospital durante el primer año de su gestión, aunque señaló que no recibió reclamos relacionados con esas visitas.

"Nunca tuve un reclamo por él haber asistido al hospital", manifestó.

La defensa considera que estas declaraciones contradicen parte de los cuestionamientos incorporados al expediente. Sin embargo, se trata de la valoración efectuada por el propio intendente y sus abogados, por lo que no implica que la Comisión haya aceptado esas conclusiones ni que la investigación se encuentre resuelta.

El conflicto político dentro del municipio

Otro capítulo del descargo está vinculado con la relación entre Nebot y antiguos integrantes de su equipo de gobierno. La presentación hace especial referencia al concejal Mariano Mansilla, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Gobierno y posteriormente regresó al Concejo Deliberante, donde conformó un nuevo bloque político.

La defensa cuestionó la imparcialidad de algunos de los testimonios críticos y vinculó esas diferencias con la reestructuración del gabinete municipal de octubre de 2025, cuando varios funcionarios dejaron sus cargos.

Según el escrito, Mansilla, Cellucci, Calmels y Fabre finalizaron sus funciones en el Ejecutivo el 29 de octubre de ese año. Los abogados plantearon que las circunstancias de esas desvinculaciones deben ser consideradas al evaluar sus declaraciones, aunque esa interpretación no constituye una acreditación de parcialidad por parte de los testigos.

Comisión Investigadora HCD

En particular, el documento remarca que Mansilla podría ocupar la intendencia ante una eventual suspensión o destitución de Nebot, de acuerdo con el mecanismo de reemplazo previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

El jefe comunal también expresó, durante su declaración ante la Comisión, su preocupación por la posibilidad de que la investigación pudiera responder a intereses ajenos al control institucional.

"Me preocupa y que espero que la conformación de esta comisión y que la decisión que tome esta comisión no actúe en beneficio de alguna ambición económica y política de algún integrante de este Concejo Deliberante", sostuvo.

Estas manifestaciones forman parte de la postura defensiva del intendente y no acreditan, por sí mismas, la existencia de una maniobra política destinada a apartarlo del cargo.

Los escritos también contienen observaciones sobre la forma en que la Comisión recibió y evaluó las pruebas. La defensa cuestionó la utilización de preguntas que, a su entender, daban por ciertas afirmaciones provenientes de otros testigos antes de que fueran corroboradas.

Asimismo, objetó el tratamiento de información vinculada con la salud y los procesos de recuperación, al considerar que esos datos debían contar con resguardos especiales de confidencialidad, conforme a la legislación vigente y al propio reglamento interno de la Comisión.

Otro de los puntos discutidos fue la incorporación de material audiovisual y publicaciones periodísticas utilizadas para analizar la conducta pública del intendente. Nebot cuestionó los criterios de selección de esos registros y sostuvo que las imágenes o expresiones públicas no resultan suficientes, sin otros elementos probatorios, para determinar responsabilidades institucionales.

En materia de seguridad, la defensa también rechazó que pudiera atribuirse directamente al intendente una eventual falta de intervención en cuestiones vinculadas con el narcomenudeo, al sostener que las competencias específicas en esa materia corresponden principalmente a organismos provinciales y judiciales.

El descargo abordó, además, las observaciones sobre la convocatoria del Foro Municipal de Seguridad y la presentación de instrumentos de planificación del área. Para los abogados, esas cuestiones requieren una individualización precisa de las obligaciones y eventuales incumplimientos antes de ser consideradas elementos de acusación.

Respecto de la Secretaría de Salud, la defensa reconoció que la Comisión había señalado deficiencias en la información remitida sobre programas y documentación administrativa, pero rechazó que esas omisiones pudieran atribuirse automáticamente a una conducta personal del jefe comunal.

La postura de Nebot sobre su situación personal

Durante su declaración, el intendente volvió a referirse a la decisión de hacer pública su situación de salud y ratificó que atravesaba un proceso de tratamiento.

Matías Nebot

Nebot explicó que las dificultades económicas del municipio, especialmente las decisiones relacionadas con la reducción de la carga horaria de empleados municipales, habían tenido un impacto importante en su vida personal.

"No obstante pude tomar la decisión de iniciar un proceso de tratamiento, del cual estoy totalmente orgulloso, contento y quiero decir que volvería a decirlo de la misma forma", manifestó.

También aseguró que su intención al compartir públicamente esa experiencia fue contribuir a que otras personas que atraviesan situaciones similares pudieran buscar ayuda y acompañamiento.

En este punto, la defensa invocó la Ley Nacional de Salud Mental y sostuvo que una situación de consumo problemático no puede utilizarse automáticamente para presumir incapacidad o incumplimiento de las funciones públicas.

El intendente defendió, además, su desempeño administrativo y aseguró que las decisiones de gobierno fueron tomadas de manera conjunta con los integrantes de su equipo.

Sobre las visitas al Hospital Municipal, sostuvo que forman parte de sus responsabilidades como jefe comunal y que continuará realizándolas.

"En ningún momento hice algo fuera de la ley, sino que acompaño al personal, controlo que todo funcione", afirmó.

En el tramo final de la ampliación, Nebot ratificó que, a criterio de su defensa, los elementos incorporados al expediente no permiten acreditar una falta grave en el ejercicio de la función pública.

Por ese motivo, solicitó que la Comisión Investigadora declare la improcedencia de la imputación y disponga el archivo de las actuaciones. De manera subsidiaria, pidió que se declare la nulidad de la valoración de las pruebas o, en su defecto, la nulidad del procedimiento por las irregularidades que denuncia en su conformación y desarrollo.

La presentación también mantiene los cuestionamientos sobre la composición del órgano investigador, la imparcialidad de sus integrantes, la protección de datos sensibles y los criterios empleados durante la recepción de testimonios.

El expediente se desarrolla en medio de diferencias políticas dentro del distrito de Saavedra y enfrenta dos cuestiones que deberán ser evaluadas en el ámbito institucional: los alcances de las facultades de control del Concejo Deliberante y la necesidad de acreditar conductas concretas que puedan configurar una responsabilidad política del intendente.

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