Con el poder del lobby y sin costo alguno, Bianco firmó el aval para La Reserva
El ministro de Gobierno bonaerense convalidó la ordenanza que amplió los indicadores urbanísticos del predio de Alfar. La resolución llegó mientras organizaciones ambientalistas buscan frenar el emprendimiento en la Justicia.
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El negocio inmobiliario en la costa sur marplatense sumó un nuevo respaldo estatal. Esta vez, la firma llegó desde La Plata: mediante la Resolución 493-MGGP-2026, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y hombre de confianza de Axel Kicillof, convalidó la Ordenanza 25.848/22, que modificó los indicadores urbanísticos de un predio ubicado en el barrio Alfar, sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 530. La decisión le da aval provincial a la normativa que permite desarrollar La Reserva Explanada, un emprendimiento de alrededor de 40.000 metros cuadrados de viviendas. El expediente avanzó un casillero más, mientras la controversia ambiental continúa en los tribunales.
La historia empezó en 2022, cuando el pedido privado para modificar las condiciones urbanísticas del terreno desembocó en una ordenanza sancionada el 28 de diciembre y promulgada dos días después. Con la nueva normativa, el Factor de Ocupación Total pasó de 0,16 a 0,30; la altura máxima, de nueve a doce metros; la densidad neta, de 80 a 100 habitantes por hectárea, y el Factor de Ocupación del Suelo, de 0,07 a 0,10. En otras palabras, se amplió la capacidad constructiva de una parcela de unas seis hectáreas en un sector costero sensible. La discusión sobre quién se beneficia con ese cambio no es un detalle: es el centro del conflicto.
Cuatro años después de aquella decisión municipal, la Provincia puso su sello. En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Gobierno repasa las competencias de sus áreas, menciona la intervención de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Ambiente, y concluye que las dependencias técnicas entendieron cumplimentado el trámite para convalidar la ordenanza. Con ese recorrido como fundamento, Bianco resolvió dar luz verde a la modificación normativa. No hay en el texto una evaluación comparativa detallada de los beneficios privados del proyecto frente a sus potenciales costos ambientales y territoriales. Hay informes de prefactibilidad, conformidades administrativas y una decisión que termina de respaldar la norma.
El artículo primero convalida la ordenanza municipal bajo la responsabilidad de los organismos técnicos intervinientes. El segundo deja establecido que, al aprobarse los planos de subdivisión o materializarse el uso, deberán cumplirse las exigencias de la legislación provincial en materia de infraestructura, servicios y equipamiento comunitario. Es decir, la resolución ratifica la modificación urbanística, pero mantiene obligaciones para las etapas posteriores. No constituye, por sí sola, una autorización irrestricta para ejecutar cualquier obra ni clausura las discusiones ambientales y judiciales que rodean al emprendimiento.
Una firma sin precio visible, pero con consecuencias
Ahí aparece la discusión sobre el poder del lobby inmobiliario. No hace falta dar por probado un acuerdo bajo la mesa para preguntar por qué un expediente de semejante impacto termina convalidado, qué alternativas se evaluaron y qué garantías concretas se establecieron para proteger el patrimonio natural. La firma de Bianco no demuestra por sí misma una gestión irregular, pero sí convierte al gobierno provincial en parte de una decisión que excede el trámite burocrático: la Provincia decidió respaldar una modificación urbanística cuestionada desde su origen.
La secuencia tiene otro componente que incomoda. En agosto de 2026, la Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina anunciaron una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon para intentar anular la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y solicitaron una medida cautelar para frenar el avance de las obras. Las organizaciones cuestionan el procedimiento y advierten sobre posibles efectos en los médanos, el arbolado y el escurrimiento del agua. Esos planteos forman parte de una controversia que deberá resolver la Justicia; no son, por sí solos, una sentencia que declare ilegal el emprendimiento.
Una vez más, la política puede modificar las reglas en favor de un desarrollo privado mientras las consecuencias sobre el territorio y la población quedan sujetas a discusión. Cuando las decisiones públicas pueden comprometer el ambiente y la calidad de vida de los vecinos, la pregunta es quién asume las consecuencias y por qué quienes las toman parecen no pagar costos políticos por ello. Porque, mientras el negocio suma avales, la factura social y ambiental queda abierta y la responsabilidad política parece diluirse entre firmas, expedientes y organismos.
Mientras los ambientalistas recurren a los tribunales, el expediente administrativo sumó la convalidación provincial. La diferencia es sustancial: una parte intenta que se revisen las autorizaciones ambientales y se frene el avance del proyecto; la otra acaba de obtener el respaldo formal de la Provincia para la ordenanza que modificó los parámetros urbanísticos. El conflicto sigue abierto, pero la decisión de Bianco ya quedó asentada en el Boletín Oficial.
En el papel, el procedimiento está cumplido. En el territorio, la disputa está lejos de terminar. La Reserva vuelve a exhibir una de las preguntas más sensibles del urbanismo marplatense: quién tiene capacidad para cambiar las reglas sobre la costa, qué controles se aplican cuando el desarrollo privado gana metros y quién asume las consecuencias si las advertencias ambientales se confirman. La firma provincial es un hecho. El costo colectivo, en cambio, sigue siendo parte de la discusión.
