Un alivio: Kicillof habilitó el uso de fondos del Inmobiliario Rural para obras hídricas
El gobierno bonaerense promulgó la ley sancionada en la Legislatura que le permite a los jefes comunales usar fondos del impuesto inmobiliario con el fin de reforzar la infraestructura hídrica ante la llegada del extraño fenómeno climático.
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El gobernador bonaerense Axel Kicillof promulgó la ley que permite a los 135 municipios de la provincia utilizar recursos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural para ejecutar obras hidráulicas y prevenir posibles inundaciones ante la llegada del fenómeno climático El Niño.
La medida tendrá una vigencia de 180 días y busca darles mayor margen de acción a los jefes comunales frente a la emergencia hídrica y ante la fuerte caída en la obra pública desde la llegada de Javier Milei a la presidencia de la nación.
La normativa, aprobada por la Legislatura durante octubre, autoriza a los distritos a reasignar hasta el 100% de los fondos que reciben para el mantenimiento de la red vial rural. De esta manera, podrán destinarlos a trabajos de drenaje pluvial, dragado de canales, reparación de alcantarillas y compra de maquinaria y equipamiento para infraestructura hídrica.
La iniciativa fue impulsada por el senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, quien planteó la necesidad de flexibilizar el uso de esos recursos para que los municipios puedan responder a las contingencias climáticas.
En ese sentido, advirtió que limitar el dinero exclusivamente al mantenimiento de caminos rurales deja a los distritos con pocas herramientas cuando los canales se desbordan y ponen en riesgo tanto a la producción como a las comunidades.
Sin embargo, la reasignación no será obligatoria, sino que quedará a criterio de cada intendente. Así, los gobiernos locales podrán decidir si destinan los recursos a prevenir inundaciones o si mantienen su utilización original para reparar y conservar los caminos rurales, muchos de ellos afectados por las condiciones climáticas de los últimos meses.
La promulgación de la ley reavivó el enfrentamiento con las entidades agropecuarias. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó duramente la decisión y consideró que la medida implica quitarle financiamiento a una infraestructura fundamental para el sector productivo.
Bajo el título "Cuando hay que resolver no sesionan; cuando hay que sacarle fondos al campo, sí", la entidad criticó el tratamiento legislativo y reclamó que las obras hidráulicas se financien con recursos adicionales, sin afectar las partidas destinadas a los caminos rurales. En la misma línea se expresó la Sociedad Rural Argentina, que alertó sobre las consecuencias que podría tener la decisión para la producción y las comunidades del interior.
