Mercurio, negocios inmobiliarios y polémica: un megaproyecto pone en alerta al AMBA
Un complejo de más de 300 viviendas genera preocupación en San Isidro por la posible contaminación de un antiguo predio industrial. Los vecinos reclaman controles y apuntan a la intervención de la Provincia.
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Un ambicioso desarrollo inmobiliario en el norte del Conurbano bonaerense quedó en el centro de una controversia por posibles riesgos ambientales. Vecinos de Martínez, partido de San Isidro, cuestionan la construcción de un complejo residencial sobre terrenos donde funcionaron antiguas fábricas y advierten sobre la eventual presencia de mercurio en el subsuelo.
El proyecto, denominado Black Martínez, se encuentra ubicado en un predio delimitado por las calles Juncal, Santo Domingo y Cuyo. Allí funcionaron anteriormente instalaciones de la firma de indumentaria infantil Cheeky y una planta de GTE Sylvania, dedicada a la fabricación de tubos fluorescentes, actividad industrial que utilizaba mercurio elemental durante sus procesos productivos.
Según destacó el portal De San Isidro, la preocupación de los residentes, nucleados en la Asamblea Predio Cheeky, apunta a la posibilidad de que existan residuos contaminantes enterrados. Según advierten, las tareas de excavación y remoción de tierras podrían movilizar sustancias peligrosas y generar consecuencias ambientales y sanitarias para los habitantes de la zona.
La iniciativa inmobiliaria contempla 309 unidades habitacionales, 15 locales comerciales y 770 cocheras distribuidas en dos niveles subterráneos. La magnitud del emprendimiento también despertó cuestionamientos por su eventual impacto sobre la infraestructura urbana, especialmente en la provisión de agua potable, las redes cloacales, los desagües pluviales y el tránsito vehicular.
Ante el avance de las máquinas, los vecinos exigen la suspensión de cualquier movimiento de suelo hasta que se realicen inspecciones ambientales y se cuente con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental aprobada. Además, reclaman la intervención de las autoridades municipales y provinciales para determinar si existen sustancias contaminantes vinculadas con las antiguas actividades industriales.
Desde el Municipio de San Isidro señalaron que el emprendimiento todavía atraviesa la etapa de evaluación ambiental. En ese marco, explicaron que el Estudio de Impacto Ambiental fue publicado en la página oficial para su consulta pública durante 30 días, período en el que los ciudadanos pueden presentar observaciones que posteriormente deberán ser analizadas por las autoridades.
Respecto de la posible contaminación histórica del terreno, la comuna aclaró que se trata de un procedimiento independiente de la evaluación urbanística. También informó que el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires intervino en la autorización de las demoliciones, mediante una resolución que establece las condiciones ambientales que deben respetarse durante los trabajos.
De acuerdo con la información municipal, las tareas de demolición cuentan con el aval provincial y se desarrollan bajo los requisitos establecidos por el organismo ambiental. Sin embargo, esa autorización no equivale a la aprobación ambiental definitiva del desarrollo inmobiliario, que continúa bajo evaluación.
Mientras avanza el procedimiento administrativo, el conflicto mantiene enfrentadas las preocupaciones de los vecinos y la continuidad de los trabajos autorizados. El punto central del reclamo pasa por determinar si el pasado industrial del predio dejó contaminación en el subsuelo y qué medidas deberán adoptarse antes de avanzar con las excavaciones previstas para el complejo.
