21 de septiembre de 2009
Ituzaingó
Castigarán a padres de chicos que se emborrachen
Una polémica medida pretende impulsar el intendente Alberto Descalzo. La iniciativa que será tratada en el Consejo Deliberante prevé castigos para los padres de los menores que abusen del alcohol. Desde pagos de multa hasta arrestos
El inédito proyecto, que ya genera polémica, fue presentado ante algunos representantes de la comunidad y el jefe comunal lo girará para que se apruebe en el Concejo Deliberante, donde el oficialismo cuenta con mayoría hasta el de 10 de diciembre.
El plan, que en los papeles se denomina Servicio Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia en Actividades de Esparcimiento Nocturno, fue ventilado públicamente el sábado último en el centro cultural La Torcaza ante miembros de entidades intermedias, autoridades policiales, jueces del distrito de Morón e Ituzaingó, foros de seguridad y un grupo de vecinos. Si bien desde la comuna remarcan que cuentan con el apoyo de varios sectores, la medida que será enviada al HCD cosecha varios cuestionamientos.
Para disminuir el consumo de alcohol y drogas y aplacar los disturbios en los corredores nocturnos –que se concentran en la Av. Santa Rosa y en Acceso Oeste–, Descalzo pretende impartir castigos que van desde tareas comunitarias, el pago de multas y hasta el arresto para los padres de menores que sean encontrados “ebrios o intoxicados con narcóticos”. También recibirán las penas, que serán dispuestas por los Juzgados de Faltas, si los adolescentes generan “desórdenes en lugares de esparcimiento” o son detectados “en locales y en horarios no permitidos” para menores de 18 años.
La iniciativa prevé que una vez que el menor es detectado por este sistema, y auxiliado si es necesario, con una atención médica, los padres sean citados en el momento y notificados bajo apercibimiento con la intervención de un asistente social y jurídico. Si la situación se repite, llegarán las penalizaciones.
Los principales cuestionamientos que recibe el avance del gobierno descalcista apuntan a que la norma ataca los efectos y no las causas de la problemática, y que lleva implícitas flaquezas desde el punto de vista jurídico. En tal sentido, desde la asociación de jueces de Mo-rón ya adelantaron que se opondrán a la pena de prisión que plantea la iniciativa (ver recuadro).
El gobierno local busca fundamentar su iniciativa en base a lo que denomina el principio de corresponsabilidad social. Así justifica la intervención del Estado municipal cuando considere que los menores “se encontrasen desprotegidos por la negligencia o indiferencia” de sus padres. “En lugar de ir a la comisaría, que intervenga el juez y se lo lleve a los padres. La Municipalidad va a instaurar un servicio especial y el chico será entregado a los padres cuando llega al hospital, se les abrirá un acta en primera instancia con una advertencia, un apercibimiento, y si se repite van a ser sancionados con las penas previstas”, explicó el secretario de Gobierno local, Alfredo Almeida.
En contra
“¿Se va a aprehender a menores en la vía pública? ¿Quién los va a trasladar?”, se pregunta el concejal electo por Nuevo Encuentro, Sebastián Sanguinetti, respecto a los métodos que se utilizarán para detectar el comportamiento o el estado de los menores.
Lo cierto es que entre los fundamentos de su proyecto, el Ejecutivo Municipal se encarga de poner en relieve sus potestades de poder de policía.
Las críticas ante la iniciativa son varias y Sanguinetti plantea sus reparos. “Hoy tenemos más dudas que certezas respecto de este tema. Nosotros no estamos de acuerdo en que sea la policía la encargada de trasportarlos, ni queremos que los menores sean aprehendidos ya que estar alcoholizado no es una contravención, no es un delito. Nuestra visión es que un chico alcoholizado tiene un problema de salud. Creemos que debe actuar el sistema de Salud y no la fuerza de represión ¿Este proyecto prevé que actúe el sistema de Salud o el sistema punitivo?”.
En tanto, el concejal electo remarcó además que “hay que realizar controles porque a un menor alguien le vendió alcohol de forma ilegal. Para esto están las leyes, para controlar. El Estado no controló la venta a menores, y como no controló, castiga a los padres”.
Ricardo Vallarino, concejal por el Acuerdo Cívico y Social, también se mostró en contra al manifestar que el proyecto “tiene un problema conceptual, ya que trata de combatir los efectos y no las causas”. En tal sentido el edil remarcó que “habría que poner énfasis en la restricción de la venta de alcohol a menores para atacar la causa. Porque cuando no hay una política sistemática sobre el expendio de alcohol en los boliches o no se aplican recursos en eso, la solución no está en atacar el efecto”.
Vallarino criticó el sustento jurídico de la norma: “Es una competencia que está por fuera del ámbito municipal porque la responsabilidad civil de lo que pueda hacer un menor está establecida en la patria potestad”. “En cuanto a lo jurídico, el anteproyecto es un mamarracho”, disparó.
El peronista disidente Walter Elías tampoco se pronunció a favor del proyecto de Descalzo. El concejal dijo en diálogo con El diario que “el conflicto del alcohol con los menores se resuelve clausurando negocios. El Estado local tiene elementos como para controlar y clausurar locales. Hay que cerrar dos o tres locales emblemáticos y el tema se resuelve”.
Para Elías, “no hay legislación como para determinar si el menor se alcoholizó en su casa a través de una previa o en un boliche. Cuando un menor es detenido o demorado lo debe ir a buscar el padre y eso ya es suficiente vergüenza”. Además, explicó que “si se sanciona a los padres no hay forma de demostrar donde ese menor se alcoholizó. Habría que presentar testigos, citarlos. No se podría determinar si fue en su casa o en un boliche”.
Fuente: El Diario de Morón