17 de diciembre de 2009
ESCANDALO
Quedó bajo la lupa la conducción de Vialidad
Luego de la tragedia de los Pomar, los funcionarios que rodean a Arcángel Curto podrían salir eyectados de sus cargos: son los contadores Pisano (DGA) y su segundo Lardapide
No sólo en la cartera de Seguridad se sienten los coletazos por la tragedia de la familia Pomar. Ahora la conducción de la Dirección de Vialidad bonaerense quedó en el ojo de la tormenta, pero básicamente por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos, digitación de obras viales y escaso control de las mismas.
Los cuestionamientos no sólo alcanzan al titular de la dependencia, Arcángel Curto, sino básicamente a los hombres encargados de la contabilidad del organismo, los contadores Marcelo Edgardo Pisano (DGA) y su segundo, Elbio Martín Lardapide.
El primero está sindicado como el nexo con la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura, verdadero corazón de esta cartera. En la Subsecretaría articula el trío encabezado por el subsecretario Martín Repetto y los asesores de la ministra Cristina Alvarez Rodríguez, José Enríquez (un hombre de Balestrini) y Mariano Ríos Ordoñez (yerno de Balestrini).
Fuentes consultadas por La Tecla, confiaron que las sospechas en cuanto a las obras viales, de infraestructura y de viviendas son variadas, pero que saltaron a la luz luego del caso Pomar.
“Por la Subsecretaría pasan proveedores, empresarios varios, se pregunta hasta el cansancio por los expedientes para habilitar countries en la provincia y se supervisan todos los números de Vialidad. Ningún expediente sale si no lo miran Enríquez y Ríos Ordoñez”, confió la fuente que realiza una pormenorizada investigación sobre el área.
Pisano oficiaría de nexo entre ambas reparticiones. En los despachos hasta los propios empleados cuentan que las autoridades hurgan y buscar micrófonos en todos lados. “Temen ser grabados”, aseguraron a La Tecla.
Lardapide es otra figura controvertida en este esquema. Este contador durante la gestión de Claudio Mate en el Ministerio de Salud bonaerense tuvo un rol estratégico: fue el Director de Contabilidad y Servicios Auxiliares; y la mano derecha del polémico Director General de Administración, Carlos Rubén Arens.
Lardapide fue procesado por la Justicia penal platense (y luego sobreseído), concretamente por los fiscales de Delitos Complejos, Esteban Lombardo y Carlos Agüero. En su resolución, ambos doctores indicaron que Lardapide (y la también imputada María del Carmen De Souza, ex Directora de Políticas del Medicamento) “entre enero y junio de 2003, no controlaron las facturas presentadas al cobro por la droguería Drofasa”.
Aunque el artículo 70 del reglamento de Contrataciones de la Provincia regula la provisión de drogas antineoplásica, la fiscalía constató que la cartera política realizó una contratación directa, “permitiendo que se pagara de más y en beneficio de la droguería por una valor de $2.215.598,05”.
Drofasa es una de las droguerías presuntamente vinculadas con la mafia de los medicamentos y el triple crimen de General Rodríguez.
En un reportaje, Sebastián Forza mencionó al ex gerenciador del PAMI Rubén Romano como un hombre de su entorno. Romano fue denunciado por hacer manejos con medicamentos y estaría relacionado con la gerenciadora Thivon, que maneja la droguería Drofasa.
A Drofasa, la Sedronar le revocó el permiso para importar efedrina en mayo de 2008 y por eso le quedaron dos toneladas varadas en Aduana. Esta droguería engrosa la causa que tiene en su escritorio el juez federal Norberto Oyarbide, y por la cual están detenidos, entre otros, el sindicalista Juan José Zanola y su esposa, Paula Aballay.
El dato no es menor: en 2003 en la cartera sanitaria bonaerense ya tenía una importante injerencia Alberto “Beto” Costa, el ex funcionario, que actualmente está preso por sus presuntos vínculos con “el Yabrán de los medicamentos”, Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier.
Costa fue expulsado por el ex ministro Zin cuando se hicieron públicas estas vinculaciones. La gestión Zin denunció la administración de Arens y Lardapide en Salud al decretar la emergencia administrativa, en los primeros días de la gestión iniciada en 2007.