8 de abril de 2010
LEGISLATIVAS 2009
Los que pusieron la mosca para financiar la campaña
Cómo bancó cada partido, con fondos privados, la última contienda electoral. Adherentes y políticos que pusieron de su bolsillo para darles una mano a los candidatos. Las nuevas reglas de juego a partir de la reforma electoral votada por el Congreso
Ya cuando el eco de lo que fue una compleja y reñida elección legislativa quedaba lejos en los oídos de nuestros políticos, la sanción de la ley de democratización de la representación política puso nuevamente sobre el tapete el conflicto por las reglas de juego y las disímiles oportunidades a las que accede cada partido al momento de pelear por un puesto en los atriles del poder.
Además de instaurar el sistema de elecciones primarias, abiertas y obligatorias, la nueva norma establece toda una serie de cambios en la realización de la campaña y su financiamiento que, según sostienen desde el oficialismo, busca promover la igualdad de posibilidades al momento que cada fuerza despliegue sus trucos de seducción ante el electorado.
Entre las mayores modificaciones se encuentra la prohibición para contratar, en forma privada, espacios de publicidad en canales de televisión o emisoras radiales para el período de campaña electoral. Esa potestad sólo quedará a cargo de la Dirección nacional Electoral del ministerio del Interior, que será el organismo encargado de distribuir y autorizar la publicidad política luego de que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual emita el listado de medios destinados a tal fin.
Además, los partidos accederán a los horarios y medios mediante un sorteo público, que repartirá el 10 por ciento del tiempo total de programación entre las distintas agrupaciones.
De esta manera, la costumbre de abarrotar los espacios televisivos con los principales candidatos, que suelen gozar del mayor presupuesto para su autopromoción, quedó prohibida. Infringir esa disposición conlleva la sanción de la pérdida del derecho de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual por un plazo que puede oscilar entre uno y cuatro años, al igual que los fondos para el financiamiento público de las campañas por una o dos elecciones generales.
En lo referido al financiamiento privado, se mantiene la normativa de hacerlo público e informar ante la Justicia con jurisdicción electoral los datos del aportante, el monto y tipo de aporte. Pero se suma el requisito de especificar cuál fue el destino de ese dinero, individualizando cada contribución.
Además, a la limitación en la promoción de los candidatos de las distintas fuerzas en medios de comunicación masivos, la modificación de la ley de Financiamiento político imprime un nuevo límite a los gastos de campaña. Según el texto de la norma: “(los gastos) no podrán superar la suma resultante al multiplicar el número de electores habilitados por un (1) módulo electoral de acuerdo al valor establecido en la ley de Presupuesto General de la Administración Nacional del año respectivo. A efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, se considerará que ningún distrito tiene menos de quinientos mil (500.000) electores”. El módulo es una unidad de medida monetaria, fijada en el presupuesto y creada para determinar los límites de gastos autorizados.
Otro punto cuanto menos desafiante de la vieja manera de hacer proselitismo es la fiscalización que se efectuará sobre las encuestas de intención de voto. A partir de los próximos comicios, la Cámara Nacional Electoral creará un Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión, y aquellas empresas que deseen hacer públicas, por cualquier medio, encuestas de opinión o prestar servicios a las agrupaciones políticas, o a terceros, deberán inscribirse en él. Las consultoras que no estén inscriptas no podrán difundir sus trabajos de sondeo ni encuestas de opinión durante la campaña. Además, se establece un período de veda de ocho días previos a la fecha de los comicios.
Así las cosas, es impensable desarrollar la campaña para las presidenciales del próximo año bajo los mismos parámetros que las legislativas 2009 -donde se desplegó aún más que en otras elecciones la vorágine de la presencia de candidatos en los medios masivos-.
La vieja usanza de engrosar los fondos partidarios para ganar la lucha de adquisición de espacios mediáticos, la presencia rotativa de los postulantes en los programas de periodismo político y la guerra de encuestas e intención de votos, será, o de-biera ser, sólo un recuerdo. La excusa: poner fin a la desigualdad entre las fuerzas más populosas y las minoritarias, que en la contienda electoral pasada permitió, por ejemplo, que el Frente para la Victoria y Unión-Pro gastaran 13.175.416, 79 pesos y 14. 322.985 pesos, respectivamente, en concepto de campaña y propaganda, contra apenas 1.137.728 pesos del Acuerdo Cívico y Social y unos 351. 380 pesos de Nuevo Encuentro.
Las diferencias también se notan, y se notaron en junio, en lo concerniente a las contribuciones y donaciones tanto públicas como privadas. Y los números quedan al descubierto a partir de un completo informe de Poder Ciudadano, que se desprende del cumplimiento de la ley 26.215, art. 58, que indica: “Noventa días después de finalizada la elección, el presidente y el tesorero del partido y los responsables económico-financieros y políticos de la campaña deberán presentar, en forma conjunta, ante la Justicia Federal con competencia electoral del distrito correspondiente, un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos, con indicación de origen y monto, así como de los gastos incurridos con motivo de la campaña electoral…”.
Y el documento, elaborado por la Unidad de Recopilación y Producción de Datos de la Cámara Electoral, indica que del total invertido por todas las agrupaciones en la disputa electoral de la provincia de Buenos Aires, 28 millones de pesos correspondieron a aportes privados, mientras que los públicos, contemplados por la pertinente ley, no alcanzaron a los 7.400.000 pesos.
El informe del Frente Justicialista para la Victoria presenta a más de mil aportantes, entre los que, llamativamente, no aparece ninguno de los que fueron en los primeros lugares de la lista nacional, o sea, Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Nacha Guevara, Sergio Massa, Héctor Recalde y otros. Tampoco figuran la gran mayoría de los intendentes del oficialismo, ni siquiera Mario Ishii, que tras la derrota del 28 de junio salió a la caza de los traidores. Eso sí, no faltó dinero proveniente de los ministerios provinciales. Tanto los titulares de las diferentes carteras, como subsecretarios, directores y asesores de los propios ministros rompieron el chanchito de cara a lo que a la postre sería una sentida derrota kirchnerista.
Los máximos aportantes para la campaña fueron el productor agropecuario Mauro Gutt ($ 206.820); el senador bonaerense José Molina ($ 178.518); el director de la oficina de Area Metropolitana del ministerio de In-fraestructura, Francisco Cafiero ($ 161.000); el concejal de San Fernando Luis Giménez ($ 144.832); el subsecretario de Relaciones Institucionales de la jefatura de Gabinete bonaerense, Martín Cosentino ($ 137.712); y el vicepresidente de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, Néstor Cotignola.
En tanto, en Unión-Pro, entre los principales aportantes a la campaña 2009 se en-cuentra el propio Francisco de Narváez, que puso unos 280.000 pesos (260.000 pesos más que su compañero de fórmula, Felipe Solá); al igual que el empresario Domingo Pittaluga y la integrante del directorio de Descubra Medios SA. También aparecen en los primeros lugares de la nómina las empresas 14 de Marzo y Alenie SA, que se la jugaron con 130.000 y 115.000 pesos, respectivamente. Además debe contarse al ex funcionario de Scioli y actual diputado na-cional Alfredo Atanasof ($ 100.000); el principal operador de De Narváez, Gustavo Ferrari ($ 100.000); el ex ministro de Salud y actual diputado bonaerense, Ismael Pas-saglia ($ 92.000) y el diputado provincial Julio Saleme ($ 50.000).
En el mismo sentido, en lo que respecta al proselitismo del Acuerdo Cívico y Social, los donantes privados provienen de los más diversos sectores, pudiéndose contar hasta un aporte de 3.000 pesos de la empresa Metrovías. También figuran los cabezas de lista Margarita Stolbizer ($ 49.000) y Ricardo Alfonsín ($ 8.000). Además, en los primeros lugares de la lista se encuentran los legisladores bonaerenses Roberto Molini ($ 145.000), Andrés Antedoménico ($ 80.000), José Molina ($ 80.000), Ana De Otazúa ($ 65.000) y Luis Malagamba ($ 65.000).
Por último, en la vereda de Nuevo Encuentro, al tope de la nómina de aportantes aparece la Agrupación Nuevo Morón, con una suma superior a los 154.000 pesos. Además, por el lado de Libres del Sur, las mayores contribuciones para la campaña de Martín Sabbatella son de las legisladoras Laura Berardo ($ 35.000) y Victoria Donda ($ 15.000). También figuran el intendente de Morón, Lucas Ghi ($ 10.000); el titular de ATE, Hugo Godoy ($ 3.000), y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky ($ 7.000).
Millones de pesos destinados a la promoción de los principales candidatos contra austeras campañas de las fuerzas emergentes, chicanas políticas televisivas y radiales, guerra de porcentajes que buscan conquistar a los últimos indecisos; son paisajes de una vieja forma de hacer política que darán paso a la discutida reforma partidaria y electoral.
Más allá de las voces optimistas de igualdad de oportunidades en la campaña, la gran prueba la dará el Gobierno, que tendrá en sus órganos el mayor rol fiscalizador de la contienda. ¿Cuál será el resultado?
(Lea la nota completa en la versión papel de La Tecla)