29 de abril de 2010
ACUSAN A JEFES COMUNALES
Poda a las voces disidentes
Cientos de denuncias por prácticas mafiosas involucran a los intendentes de Merlo, Raúl Othacehé, y de Hurlingham, Luis Acuña. Diputados opositores y representantes de Derechos Humanos anticipan una presentación conjunta contra los jefes comunales
Curas, vecinos, dirigentes del socialismo, de la CC, abogados, gremialistas, periodistas, concejales; una variada fauna puebla las notas recopiladas por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.
Todas son denuncias. Amenazas, escraches, persecuciones, causas inventadas y cárcel son las variadas formas de presión que, dicen, ejerce un grupo de intendentes de la Primera sección electoral.
Raúl Othacehé, jefe comunal de Merlo, es el hombre señalado como el mentor de esta suerte de control cuasi mafioso de las voluntades.
Aseguran que su par de Hurlingham, Luis Acuña, es otro de los jefes. También mencionan a Alberto Descalzo, de Ituzaingó.
Todo está indicado en la extensa lista, que hasta la fecha suma más de 300 presentaciones, en la que trabajan la mencionada comisión y el Servicio de Paz y Justicia, del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
El hecho resulta inédito, ya que hasta la fecha no había existido una jugada tan organizada, promovida por dirigentes y representantes de alcance nacional, que tocara a históricos caudillos del Conurbano.
Muchos indican que es el momento político indicado, ya que los jefes comunales se encuentran entrampados en una fuerte interna justicialista, alterados por la situación de Alberto Balestrini, condicionados por el poder expansivo de Néstor Kirchner, intimidados por la ambición desmedida de Hugo Moyano y preocupados por su continuidad al frente de sus comunas.
“El intendente de Merlo, Raúl Othacehé, se mueve bajo un sistema mafioso que funciona en red con sus pares de Hurlingham, Luis Acuña, y de Ituzaingó, Alberto Descalzo”, asegura la diputada nacional Victoria Donda, titular de la comisión de Derechos Humanos.
“Tienen contactos con la Justicia de Morón, que es la que recepciona la mayoría de los casos, y con la policía local”, indica.
“Cuando se quieren sacar a alguien de encima, comienzan a perseguirlo, presionarlo, le inician causas judiciales; hasta tal límite que esa persona, o ese grupo, se tiene que ir o esconder”, agrega la legisladora de Libres del Sur.
La semana pasada la Comisión Parlamentaria tuvo su primer encuentro con un grupo de denunciantes. La reunión tuvo como característica particular el haberse realizado fuera del ámbito legislativo. Se llevó a cabo en Merlo, en la sede de Cáritas.
“Es una forma de ofrecer una mayor confianza a estas personas, de mostrar que la investigación y la denuncia no van a quedar restringidas al Congreso”, aseguran voceros de la comisión.
La síntesis del informe elaborado tras el encuentro refería que “la mayoría de las campañas difamatorias comienzan con volanteadas anónimas donde se pretende desprestigiar a la persona en el seno mismo de la comunidad; luego se la amenaza de muerte y, también, de obstruirle su fuente de ingresos. En muchos casos se le arma causas judiciales, se la encarcela y se demoran los procesos”.
La suspensión de Horacio Cepeda, elegido concejal en 2009 por el partido Nuevo Encuentro, que tiene como referente principal al diputado nacional Martín Sabatella, fue el detonante de todo el proceso de desenmascaramiento.
Con el voto favorable de veinte ediles del PJ y del PRO, y el rechazo de cuatro de la CC, ARI, Nuevo Encuentro y Libres del Sur, Cepeda fue suspendido semanas atrás por haber ejercido tres cargos incompatibles con su función.
“Horacio y su familia vienen siendo víctimas de una sistemática persecución”, aseguran desde el entorno político del concejal.
“Le empapelaban el barrio, y todo Morón, con afiches, pintadas, folletos anónimos, donde se lo acusa de ladrón. Llegaron hasta exhibir fotos de sus hijas y de su señora en lugares públicos, mostrando que lo estaban siguiendo. Y aunque todos estos hechos fueron denunciados, en la Justicia y en la prensa, no dejaron de suceder”, indican.
Las fuerzas políticas opositoras locales aseguran que la suspensión al edil es parte de esta lógica de amedrentamiento mostrado por Othacehé.
Al momento de la suspensión, Cepeda acreditaba dos actividades: una como agente del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el programa de Promotores Territoriales para el Cambio Social, y otra como capacitador para la dirección General de Escuelas, donde cobraba un sueldo como docente. Ambos ingresos no superaban los cuatro mil pesos. Dicen que la verdadera causa de la movida política era la actividad barrial y militante que el ex edil desarrollaba en varios barrios humildes de Merlo.
Marisol Vázquez y su marido, José Luis Romano, fueron perseguidos, amenazados, asustados por patotas que los hostigaron. Conducían de forma amateur, y sin vínculos políticos, un programa en FM Ciudad de Merlo, donde recepcionaban denuncias y promovían cruzadas populares ante causas de abusos, gatillo fácil, asesinatos.
Alfredo Miguel Nuin, secretario general del partido Socialista Auténtico, aliado del Proyecto Sur de Pino Solanas, tuvo que explicar en su página web a sus vecinos por qué, en un grosero operativo policial, le habían clausurado su histórica librería Los Gracos. Con treinta años de vida en Merlo, el comercio funcionó, además, como lugar de recepción de alumnos y padres, de correspondencia social y de asambleas de debates.
La abogada Rosana Matarolo, defensora de casos irregulares en Merlo, puede exhibir una completa lista de intimidaciones. Algunas muy violentas. Armado de una causa falsa por amenazas coactivas, allanamiento de propiedad, panfleteadas difamatorias y once intentos de robo en su casa, entre otras.
Otro abogado, Walter Brizzio, un ex PJ aliado a la CC, padeció interminables amenazas, hasta que le plantaron una causa judicial que lo llevó a la cárcel por tres meses, seis más en su domicilio y una larga espera para tener el fallo que lo absolviera por falta de fundamentación.
Los curas tercermundistas, que trabajan en barrios carenciados, no quedaron fuera de esta modalidad mafiosa.
El padre Raúl Vila, de la parroquia de Parque San Martín (Merlo), viaja seguido
a La Plata para ver en qué instancia se encuentra la causa que hace varios años iniciaron en su contra. Lo acusan de adulterar a su favor la cantidad de partidas que cobra del Estado para sostener el comedor guardería Jesús Obrero, que tiene en su parroquia.
El cura Miguel Velo, de la iglesia de Pontevedra (Merlo), se cansó de observar las volanteadas anónimas que lo acusan de ladrón, corruptor y demás yerbas.
Y la lista sigue de manera interminable.
Desde la comisión de Derechos Humanos aseguran que los casos, compilados
a lo largo de este año, serán presentados en el Congreso, con la posibilidad de autorizar una bicameral que investigue los hechos.
“Al menos vamos a exponer los casos”, dicen, conscientes del escaso número que tiene este sector opositor para imponer un proyecto.
El servicio de Paz y Justicia, de Pérez Esquivel, en tanto, anticipa que culminará la recolección de denuncias a fines de julio, y que en noviembre presentará un informe con toda la documentación detallada de cada caso. Habrá conferencia de prensa y presentación ante el gobierno provincial, la Procuración General de la Corte y la Suprema Corte de Justicia.