31 de diciembre de 1969
Bahía Gate
"Fuí elegido por la mayoría y debo ser respetado"
Aseveró, el intendente Lopes en conferencia de prensa. Además, explicó que se negó a declarar porque el fiscal Zorzano no le merece confianza. Volvió a decir que se violaron las garantías constitucionales
El jefe comunal debía prestar declaración indagatoria ante el fiscal Gustavo Zorzano, quien lo investiga en el marco de la causa que ha dado en denominarse Bahiagate.
Lopes se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción 5, en el primer piso de calle Estomba 127, pero se retiró sin declarar.
Minutos más tade brindó una conferencia de prensa en un hotel céntrico de la ciudad. Lo acompañaron sus abogados y el ex asesor letrado de la comuna, el Dr Carlos Fahey.
Lopes explicó por qué Mónica Grimberg y Mirta Martínez utilizaron telefónos celulares de la comuna cuando ya no pertenecían al gabinete. Además fundamentó su negativa a declarar porque "el juez no me merece confianza".
El intendente remarcó que esperaron que él pidiera la licencia para ocupar el Palacio Municipal como si fuera un botín de guerra.
"Fui elegido por la mayoría y debo ser respetado", afirmó.
Volvió a decir que se violaron las garantías constitucionales y que todo esto tiene un grado de perversión espantoso.
A los que dicen que mis abogados ponen palos en la rueda les digo que lo que hacen ellos es defender las garantías constitucionales que me corresponden".
Además denunció que los concejales tuvieron en su poder el descargo que iba a presentar ante la Comisión Investigadora antes de que lo elevara, diciendo que lo habían "chupado" de la computadora de un estudio de abogados.
El intendente se encuentra en uso de licencia y ayer volvió a pedir ante el Concejo Deliberante una prórroga de 30 días para permanecer fuera del gobierno.
En tanto, en el descargo elevado ayer al Concejo Deliberante, Lopes pidió que se declare, sin más trámite, la nulidad de todo lo actuado por la comisión investigadora conformada en el cuerpo deliberativo.
El doctor Zorzano lleva a cabo una ardua investigación desde noviembre pasado. Las acciones comprendieron casi una docena de allanamientos por supuestos enriquecimiento ilícito, estafa, admisión de dádivas, falsificación de documentos y/o uso de documentos falsos, defraudación agravada y malversación de caudales públicos, que involucra a Lopes, funcionarios municipales y empresarios locales.