27 de diciembre de 2010
INSEGURIDAD Y ZONAS LIBRES
Provincia-Nación eluden las responsabilidades
La escalada de la problemática no sólo presenta incidencia directa a nivel social sino que ahora, luego de los cambios políticos producidos a nivel nacional, parece haberse tornado en una pulseada de quien se carga los hechos sobre la espalda. Ataque y contraataque entre las Carteras, víctimas y victimarios, el manejo de lo territorial. Nadie se hace cargo y los hechos consumados hacen nido en los territorios
La cuestión de la seguridad se ha convertido en un tema de Estado, no con el tenor de prioridad que la urgencia de los hechos desarrollados aplicaría, más que nada por la sucesiva andanada de cruces políticos entre Nación y Provincia.
Desde los cambios sucedidos en el ámbito nacional con el desdoblamiento de las Carteras y la nueva función de Nilda Garré en Seguridad, comenzaron a llover palos en la rueda que muestran un elemento en común: nadie se hace cargo y todos delindan responsabilidades.
A la par de la cortina política del enfrentamiento ministerial y territorial, que lo único que logra estar son indefiniciones y vacío, los hechos siguen consumándose y las gestiones continúan llegando tarde.
El nuevo capítulo de la pulseada se escribió con los cuatro gendarmes atacados a los balazos en Lanús, horas después de que Cristina Fernández lanzara el plan de seguridad con 6 mil efectivos, en La Matanza, en la Escuela de Gendarmería Nacional Martín Miguel de Güemes. Programa destinado a sumar fuerzas a los cerca de 3 mil que ya realizan tareas de control en las rutas y estaciones de trenes bonaerenses y en zonas específicas como el Barrio Ejército de los Andes (Fuerte Apache) y la Villa La Cava.
Desde el ministerio que conduce ahora Nilda Garré, mantienen la hipótesis que la Bonaerense está detrás de los ataques. En el ministerio estiman que fueron efectivos policiales quienes atacaron a balazos a los cuatro gendarmes de Lanús.
El lanzamiento del Operativo Independencia y el posible fin de delitos encubiertos por mafias policiales serían las causas de la agresión. “Alguien mandó el mensaje para que no se metan en su territorio”, aseguran desde la cartera.
El hecho se consumó en el predio intervenido judicialmente de la Asociación de Curtidores de Buenos Aires apenas horas después de que la presidenta Cristina Fernández presentara el plan de seguridad para el conurbano bonaerense frente a una formación de miles de gendarmes.
Los agentes atacados habían reforzado ese día la presencia en el lugar, que está bajo custodia de esa fuerza federal desde 2009. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, había ordenado que se evitara una potencial toma por parte de habitantes de la lindera villa Diamante.
Con el correr de los días, en el Ministerio de Seguridad se afirma la idea de la operación política, ya que, según señalan, las pistas conducirían a pensar en un aviso de policías bonaerenses contra el uso de los gendarmes en su territorio.
Esa hipótesis se apoya en la forma en que fueron heridos los gendarmes. Fuentes de la Cartera relataron su certeza de que los disparos no fueron hechos "al bulto" ya que hubo precisión por parte de los agresores, que buscaron impactar en las partes no protegidas por el chaleco antibala.
Conocimiento de tiro, uso de armas 9 mm -como las reglamentarias de las fuerzas policiales- y disparos realizados desde varias posiciones contra la patrulla de gendarmes son circunstancias evaluadas en el Ministerio de Seguridad.
El predio donde fueron emboscados los gendarmes es motivo de una controversia judicial desde 2009. Allí debería desarrollarse una planta potabilizadora de residuos a cargo de las autoridades de la cuenca del Riachuelo. Desde octubre último, el juez Armella decidió una serie de medidas para que se cumpla ese objetivo. Hasta el momento, no habían ocurrido incidentes más graves que el acoso con piedras a los gendarmes por parte de los habitantes de la villa Diamante. El suceso del martes escapó a la lógica tensión de la zona. Por eso las autoridades nacionales no dudan en comentar que se trató de una agresión preparada.
Es que el Operativo Centinela pondrá en las calles del conurbano a más de 6000 gendarmes, con una diagramación que estableció el mayor desembarco de fuerzas federales en el territorio de la policía bonaerense.
Potenciales delitos cubiertos con protección policial quedarían así expuestos por la presencia de otra fuerza, si es que deciden actuar con una lógica de transparencia.
En el armado primario del operativo no tuvo participación de la policía bonaerense. Pero el gobernador Daniel Scioli consiguió la semana pasada introducir a esa fuerza en la organización de las planillas de patrullaje de la Gendarmería.
Los gendarmes no querían tener vínculo alguno con los bonaerenses. Afirman que tuvieron muy malas experiencias en años anteriores, en operativos en menor escala en el conurbano. Sin embargo, fue armada una mesa de coordinación entre las dos fuerzas.
"A nosotros no nos quedan dudas de que algún sector de la policía bonaerense mandó el mensaje de lo que puede pasar si los gendarmes se meten mucho en su territorio", ventiló una fuente de la seguridad del Estado.
Por ahora, en el Ministerio de Seguridad entienden que ya les "tiraron" los primeros heridos. En el ministerio bonaerense de Seguridad indicaron, apenas conocido el ataque, que se trató una desafortunada coincidencia con el lanzamiento del Operativo Centinela. La pelota circula sin control de un bando hacia otro. De ataques y contraataque viene la jugada.
Como reacción a lo que consideran un ataque provocado para intimidar, la Gendarmería recibió la orden de no esperar hasta el 1° de enero para efectuar el despliegue en el Conurbano y que desarrollen esta misma semana operaciones sorpresivas a criterio táctico.
Para completar una escena ya de por sí compleja y grisácea del descontrol total que contempla la seguridad en la provincia de Buenos Aires, un grupo comando de delincuentes atacó esta madrugada una comisaría en Glew, Almirante Brown, y liberó a 11 detenidos.
El operativo policial encabezado por el Jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, tiró como primeras certezas que al momento del hecho, había cuatro efectivos custodiando alrededor de 29 detenidos.
Repitiendo una sistemática de la gestión que se presenta cuando los hechos ya se desataron, se montó rápidamente un operativo rastrillaje coordinado por Paggi para dar con los prófugos. Hasta el momento, solo uno logró ser recapturado.
Las frases del Jefe mantienen la línea ministerial cercana a la desidia. “Estamos preocupados pero con la entereza que nos caracteriza para dar respuesta”.
“Estamos trabajando intensamente en las tareas que nos conduzcan para saber qué fue lo que motivó este caso”, remarcó.
Los hechos se desatan, parecen aparecer de la nada esquivando controles, prevención, accionares anunciados. En el medio, cobrando sumo protagonismo, la interna Nación-Provincia por el manejo de loa Seguridad y del territorio, principalmente. El conflicto entrega zonas liberadas y operativos armados para desestabilizarse entre ambos bandos.
El empellón nacional con su estrategia en el Conurbano provocó a una geografía política familiarizada ya con los desbordes y el vacío de respuestas. Los ecos del ataque al blindado todavía reverberan, mientras los nuevos hechos se ponen a hacer cola conociendo de destinatarios pero no de responsabilidades.