31 de enero de 2011
PINAMAR
La moda del decreto militar contra la oposición
El intendente Blas Altieri aplicó una disposición anidada en tiempos de la dictadura para prohibir la revisión de expedientes a los opositores. De este modo, se restringió que los concejales puedan consultar documentos municipales, principalmente los vinculados a la contratación, presuntamente irregular, de obras públicas ejecutadas. La denuncia fue presentada ante el HCD
Todo tiempo pasado no siempre es mejor ni se afina con el progreso. Y en el caso de Pinamar, la figura se traza con singular precisión.
Es que desde la oposición, denunciaron al intendente Blas Altieri por aplicar un decreto gestado cuando todavía se sostenía en el país el gobierno militar.
La ordenanza es la General Administrativa número 267, que rige desde 1980 a dos años del final de la dictadura.
La marcha de una investigación que recae sobre las espaldas del jefe comunal y su gabinete, tras las imputaciones del abogado Lucas Ventos por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", motivó a la oposición a solicitar expedientes relacionados a contrataciones con empresas por obras públicas y licitaciones.
El concejal Gabriel Vidauli, del bloque de la UCR, requirió en diferentes dependencias de la comuna documentación vinculada a los contratos con privados, pero le fue negada bajo el decreto 267/80. Ese fue el origen de la nueva denuncia.
"Las más elementales normas de transparencia en el manejo de los temas políticos y la imprescindible colaboración entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, convierten a esta situación en algo muy grave", expresaron desde la oposición pinamarense, en la nota presentada ante la presidenta del deliberante Roxana Di Pascuale.
Fue entonces cuando la titular les confirmó a los bloques opositores que definitivamente Blas Altieri había puesto en vigencia la ordenanza restrictiva.
Parte de la respuesta también fue que la determinación del Ejecutivo, se tomó por los sumarios administrativos existentes por acusaciones y la posibilidad de que los expedientes fueran manipulados, en contra de los miembros del gobierno local.