24 de mayo de 2011
LENGUA FILOSA SUELTA
Aníbal, victorioso ante “Cachi” Gutiérrez
El jefe de Gabinete de la Nación fue sobreseído por la Cámara de Casación en una causa en la que había sido querellado por “calumnias e injurias” por el intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, a raíz de declaraciones efectuadas a un medio por parte del verborrágico funcionario nacional
Finalmente, Aníbal se salió con la suya. Luego de iniciar una querella contra el jefe de Gabinete, el intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, se quedó con las manos vacías.
La historia data de los tiempos de la 125. Por entonces, Aníbal Fernández calificó de “pedófilo” a Gutiérrez, un apelativo que terminó costándole quedarse sin su candidatura a Diputado Nacional en el marco del Acuerdo Cívico y Social al intendente pergaminense.
De inmediato, Gutiérrez puso manos a la obra: inició la querella y buscó que Fernández pague los costos de tener una lengua filosa. EL último capítulo de esta historia se escribió hoy, cuando la Cámara de Casación ratificó el sobreseimiento del jefe de Gabinete.
Luego de obtener una resolución favorable, Fernández apeló. La Sala Segunda de la Cámara Federal hizo lugar a una "excepción de falta de acción" invocando la nueva legislación que restringió la aplicación de las figuras de "calumnias e injurias" en el Código Penal, y con los votos de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah sobreseyó a Fernández.
El intendente de Pergamino recurrió entonces a la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal del país, argumentando que "en nada se relacionaba la calificación de pedófilo que le lanzó ni el tema que se investigaba en Pergamino con el tema de interés público al que se estaba refiriendo Aníbal Fernández cuando criticaba la actuación del vicepresidente de la Nación en relación con la famosa resolución 125".
La Sala Uno de la Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Juan Fégoli y Raúl Madueño, entendió que "lo expresado por Aníbal Fernández en el reportaje en cuestión refiere claramente a circunstancias relativas a la situación judicial y a las condiciones morales de un funcionario público".
"De tal suerte, el interés público comprometido en autos aparece innegable", resumieron los jueces, al invocar la nueva ley de "Calumnias e injurias", sancionada a fines de 2009 por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner.