31 de agosto de 2012
PACTO FISCAL
La porción de la que todos hablan
El dinero que la provincia de Buenos Aires podría recuperar si renunciara al Acuerdo firmado en 1992. El planteo de la oposición y la postura del gobierno de Daniel Scioli al respecto
Cinco mil doscientos millones de pesos recuperaría este año la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la oposición, si decidiera dejar de ceder a la Nación el 15% de fondos coparticipables para financiar el sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
El gobierno bonaerense estima que la cifra es bastante menor, y analiza que, políticamente, no es momento para lanzarse en un reclamo de esas características.
Es que, pese a la ajustada situación financiera que padece la Provincia, el sciolismo considera que “ha bajado mucho el nivel de tensión con la Nación y no es éste el momento para reavivarlo”.
A sabiendas de ello, representantes de los distintos bloques opositores en la Legislatura bonaerense tomaron la iniciativa y reclamaron esta semana a la Corte Suprema de Justicia por “la restitución de fondos de coparticipación”, unos 14 mil millones de pesos que, según sostienen, la Nación debió haberles reintegrado tras la reestatización del sistema jubilatorio, en 2008.
El planteo
Un nutrido grupo de senadores y diputados provinciales de la Coalición Cívica, el Frente Amplio Progresista, la Alternativa Peronista, Lealtad Peronista, Pro Peronismo, Proyecto Bonaerense, UCR, Unión Celeste y Blanco y Unión Peronista, comparecieron ante la Corte Suprema en la causa iniciada contra el Estado nacional por la provincia de Santa Fe, en la que ésta reclama la declaración de inconstitucionalidad de la prórroga del Pacto Fiscal, dispuesta por la ley de Presupuesto de la Administración Nacional, Ejercicio 2006 (Ley Nº 26.078).
Pretenden con ello que el Tribunal les permita representar a la Provincia en carácter de “amicus curiae” en la causa iniciada en el mismo sentido por Santa Fe, a la que también adhirieron Córdoba y Corrientes (ver aparte).
El Pacto Fiscal de 1992 estableció una cesión del 15 por ciento de fondos coparticipables para financiar el sistema de AFJP. Los parlamentarios opositores explican que cuando el sistema previsional regresó al Estado, ese acuerdo debió haber cesado, con lo cual “el gobierno bonaerense hubiera obtenido sólo en 2012 unos 5.200 millones de pesos adicionales a su presupuesto”.
En esa línea, estimaciones privadas, como la de la consultora Economía & Regiones, indican que sólo Buenos Aires aportó en el período 2003-2012 a la Anses 21.853 millones de pesos por el aporte convenido en el Pacto Fiscal 1. Para el IARAF, en base a datos del ministerio de Economía nacional, en ese lapso la Provincia contribuyó con 22.471 millones de pesos.
El texto de la presentación judicial señala que “el gobierno federal ha reestatizado el sistema previsional argentino, obteniendo de esa manera cuantiosos recursos que le permiten autoabastecerse sin necesidad de detraer de las provincias argentinas un 15% de la masa coparticipable, y sin gestión privada ni financiera, lo que antes podía justificarse por ser el sistema estatal altamente deficitario”.
Añade que “al iniciar el proceso de reforma previsional, un proceso de reducción de aportes patronales, sumado a la resignación de aportes personales dirigidas a las AFJP, justificaron el financiamiento con recursos provenientes de otras fuentes, como afectación de la coparticipación”.
Prosigue: “Sin embargo, a partir de la sanción de la Ley 26.425 se modificaron significativamente las condiciones fácticas que llevaron a la firma del acuerdo”.
En el planteo se argumenta que “a partir de 2008 se derogó el Sistema de Capitalización, Anses recuperó el flujo de aportes con efectos hacia el futuro y el stock de aportes acumulados en las cuentas de capitalización, que pasaron a conformar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyos rendimientos engrosan los recursos corrientes”.
Por ello, Marcelo Díaz, Walter Martello, Mónica López, Sergio Panella, Marcelo
Di Pascuale, Orlando Yans, Carlos Fernández, Abel Buil, Santiago Nino, María Isabel Gainza, Walter Carusso, Alfredo Meckievi y Ricardo Vázquez analizan
que “los presupuestos por los cuales el Estado nacional retiente el 15% de los recursos coparticipables ya no existen”.
Entienden que “perdió su fundamento jurídico, fáctico y ético”, y que “las circunstancias que generaron el aporte solidario de las provincias cambiaron sustancialmente”, por lo que piden la devolución de esos fondos “que son imprescindibles para el presupuesto provincial para los servicios esenciales de salud pública, educación, seguridad, justicia, rutas, entre otros”.