14 de septiembre de 2012
LA PROVINCIA INCLUYE
Favorecen cupo laboral para liberados
La provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Inclusión Laboral para Liberados promueve la inclusión laboral de liberados que hayan cumplido una condena. “Queremos promover esto a las autoridades del gobierno y tomar el compromiso de las ONG y de las empresas, porque las personas que han obtenido la libertad luego de cumplir una condena deben ser consideradas para la inclusión”, expresó Marcela Pastore titular de esa dirección que funciona dentro del Ministerio de Justicia. Explicó, además, que la proporción dispuesta por la normativa será del dos por ciento (2%) de la totalidad del personal, dándole prioridad de ingreso a quienes hayan sido sobreseídos o absueltos.
La Ley Nº 14.301 dispone que el Ejecutivo provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado estarán obligados a ocupar a personas que han sido liberadas tras cumplir más de cinco 5 años de privación de libertad y reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, con domicilio o residencia en territorio provincial.
"Esta dirección -prosiguió PAstore- tiene como objetivo promover el acceso al trabajo de personas que han cumplido una condena mayor a 5 años. Se trata de una ley espejo de la que prevé un cupo para personas discapacitadas".
La funcionaria consideró que lla inserción se debe dar en todos los aspectos, pero aseguró que “la inclusión laboral, dignifica, trae salud, educación, y vínculos”.
En esta primera etapa, se prevé difundir la ley entre los municipios, que “hasta el momento dio muy buena recepción de muchos intendentes que están próximos firmar el convenio de adhesión con el ministerio de Justicia y Seguridad”, de donde depende la Dirección.
Además, se realizó una primera mesa de diálogo, que se repetirá mensualmente, con el objetivo de crear una red integrada por distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales interesados en la temática “para compartir debilidades y fortalezas”.
Uno de los principales obstáculos para poder concretar la aplicación de esta ley, aprobada en agosto de este año, está vinculada al prejuicio por parte de los distintos sectores, ya sean estatales o privados.
Pastore sostuvo al respecto que “no podemos negar que el prejuicio está, pero queremos contrarrestarlo con las buenas experiencias y saber que la persona que recupera su libertad es un vecino que ya ha cumplido su pena y no debe pagar otra”.