27 de junio de 2013
BAHIA BLANCA
Van a juicio oral por las viviendas
Entre 2004 y 2008, en la ciudad de Bahía Blanca, un grupo de sindicalistas, empresarios y un funcionario del Instituto de la Vivienda habrían articulado un negocio fraudulento en la construcción de 236 propiedades. El fiscal Rubén Alvarez determinó que desviaron más de 4 millones. Los vínculos familiares y el modus operandi
Hace 9 años, en 2004, se firmó un convenio en la ciudad de Bahía Blanca entre la Asociación Viajantes del Sur (AVS) y el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA) para la construcción de 236 viviendas. Transcurrió casi una década y en el camino quedaron dos rasgos distintivos: presunta corrupción acompañada de un fraude millonario por el que están implicados empresarios, sindicalistas, un ex funcionario del IVBA y una obra paralizada por años.
Debido a esto, el fiscal Rubén Alvarez llevó a cabo la investigación y la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del distrito confirmó la elevación a juicio oral y público del empresario Marcelo Néstor Astradas, el auditor del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, en ese momento Carlos Andrés Lira y a los sindicalistas Juan Carlos Pistone, Ángel Mariano Paz y Carlos Alberto Ferreyra.
La malversación de los fondos desviados ascendió a $ 4.214.220, en los cuales existió una triangulación entre la Asociación Viajantes del Sur, la empresa constructora GMG, presidida por Marcelo Astradas, y un auditor del IVBA, quien certificaba falsamente los avances de obra, situación que generó un perjuicio para el organismo provincial ya que abonó un 29,17 por ciento de más.
La historia y los vínculos familiares
La defraudación en la construcción de las 236 viviendas pertenecientes al barrio Viajantes del Sur se originó entre agosto de 2004 y septiembre de 2008, cuando el gremio (AVS) efectivizó el acuerdo con el IBVA. Los lazos y el accionar de los protagonistas parecen novelescos.
Una vez conseguido el acuerdo entre el sindicato y el IVBA, y luego de que la Asociación Viajantes del Sur haya adquirido las tierras y la financiación proveniente del organismo provincial, comenzaron a orquestarse las malversaciones de los fondos destinados a la construcción de las propiedades.
La primera irregularidad del caso fue notoria y desentramaría la secuencia fraudulenta en el desempeño de todos los participantes. Una vez firmado el acuerdo, inmediatamente Viajantes del Sur le transfirió los derechos a la empresa GMG Construcciones perteneciente a Marcelo Astradas, cuando el marco legal establece que AVS tendría que ser la intermediaria entre el Instituto de la Vivienda y la firma.
Sugestivamente, el dato revelador está en que uno de los titulares de Viajantes del Sur es Carlos Ferreyra, tío de Marcelo Astradas y quien le cedió a su sobrino la intermediación directa con el organismo bonaerense.
Para la Justicia, quedó demostrado el parentesco entre el titular de la firma GMG y Ferreyra, como así también, que éste último participó en las maniobras de los desvíos de fondos. Pero la historia no termina ahí. Ya desligada de arbitrar el diálogo con el IVBA y los trabajos, la Asociación Viajantes del Sur designó a Gustavo Astradas (hermano del empresario constructor que realizaría la obra) para regentear los trabajos y sus respectivos avances. Estaba claro que la inspección de las actividades nunca se llevaría a cabo. La AVS no sólo abandonó la mediación entre la compañía y el IVBA, sino que además, se desligó de controlar las tareas realizadas en el predio donde se erigirían las 236 viviendas. Así Ferreyra, tío de los Astradas, les entregó en bandeja el manejo de los fondos.
Para que Carlos Ferreyra no quede afuera del negocio, los Astradas le otorgaron a su tío el poder para administrar los créditos de GMG. Para que el entramado delictivo tenga su fase completa, era necesario que un funcionario del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires certifique “los avances de obra” falsos.
Aquí, el fiscal que llevó a cabo la investigación determinó que el hombre clave era el maestro mayor de obras y auditor del IVBA, Carlos Andrés Lira, quien adulteró los certificados que plasmaban el supuesto avance de la construcción, perjudicando y llevando al Instituto de la Vivienda a pagar de más un 29,17%.
En un apartado sobre las maniobras, el fiscal afirma que Ferreyra, patrocinándose de la administración infiel suya y del resto de los protagonistas, cobró por lucro indebido un monto de $ 1.994.421 proveniente del IVBA. Por su parte, el letrado Alvarez ratificó que Marcelo Astradas revocó temporalmente los poderes otorgados a Ferreyra, lo que lo llevó a obtener pagos del Instituto de la Vivienda por $ 2.219.999. La cifra total del desfalco asciende a $ 4.214.220.
Además, Marcelo Astradas también se encuentra involucrado por ser supuesto partícipe al haber estafado a 36 familias en el cobro de las cuotas de las viviendas, cuando el destino del dinero tendría que haber sido adquirido por el IVBA.
Bevilacqua reactivó la finalización
El intendente Gustavo Bevilacqua gestionó con autoridades provinciales la culminación de este proyecto que estuvo paralizado por el defase económico generado según el fiscal Alvarez, por Carlos Ferreyra, Carlos Lira, Marcelo Astradas, Carlos Pistone y Ángel Mariano Paz.
Desafío Económico dialogó con el director general de Vivienda de Bahía Blanca, David Revale, y afirmó que “luego de que el Instituto determinó que había una sobreparticipación en la obra que estaban realizando con Viajantes del Sur, solicitó al Municipio si podía hacerse cargo de la obra con el dinero que mandarían desde el organismo provincial” y agregó que “se hizo una licitación que la ganó Construcciones Málaga SA con un monto de $ 34.146.524”.
“Hemos pedido una ampliación del 20% que es lo que nos permite la ley de Precios para poder hacer el pavimento de entrada para que ingresen los colectivos al corazón del barrio”, subrayó el arquitecto Revale a Desafío.
Por último, el titular de Vivienda del distrito expresó que “la firma está cumpliendo con los plazos estimados. Bevilacqua está poniendo lo mejor de sí para poder finalizar este proyecto tan necesario y estimamos que antes de 2013, la construcción estará terminada”.
Por el momento los acusados serán elevados a juicio oral y deberán dar respuestas por el desvío de fondos por $ 4.214.220, además de explicar los vínculos familiares que llevaron a la conformación de un negocio fraudulento.
Información reservada
Desafío Económico se comunicó con la UFI Nº 18 de Bahía Blanca, a cargo de Rubén Alvarez, quien además llevó a cabo la investigación del convenio entre Viajantes del Sur y el IVBA. Insólitamente, ante las consultas realizadas por este medio, el letrado Alvarez dijo que “en materia penal no doy datos por teléfono, ni siquiera a las víctimas.
Primero se pide una entrevista y si se concede, doy datos, pero por teléfono no. Además hay que traer una credencial, para saber a quién le brindo datos”. Lo llamativo es que la revista no solicitó documentación, por el contrario, preguntó sobre el desarrollo actual del tema y la elevación a juicio oral de los implicados.
No es la primera vez que el fiscal se muestra reacio a brindar información. Tiempo atrás, la edil de la UCR Aloma Sartor solicitó “una reunión” con Alvarez por el caso del Coprotur que avanzaba de manera muy pausada. Por estos motivos, la concejal pidió y reclamó una reunión con el fiscal para tomar conocimiento sobre “en qué instancia se encuentra la investigación”. Queda claro que hasta a los concejales se les dificulta establecer diálogo con el letrado.
Diferente fue el caso del Municipio que respondió las consultas a Desafío: “Respecto de la información que pidió la fiscalía, no teníamos relación ni documentación, ya que el convenio se realizó entre la Provincia y particulares. Luego de que interviniéramos, la fiscalía no solicitó nada, aunque en caso de que pidieran información, estaríamos a disposición”.
Artilugios legales para desviar atención
Las estrategias trazadas por el abogado de Marcelo Astradas fueron claras: su defendido se mostró como víctima del caso y en su declaración ante el fiscal Alvarez sostuvo que nunca se quedó indebidamente con dinero, ya que los fondos siempre fueron destinados para la construcción del barrio.
El medio local La Brújula 24 sintetizó en una nota que, según un hombre cercano al fiscal “Astradas denunció a su propio tío para mostrarse distanciado, pero nosotros sostenemos que todo estuvo orquestado de antemano para concretar las estafas y las defraudaciones, hasta intentó presentarse como querellante, pero le fue negado porque es considerado la cabeza de todas las maniobras”.
Por otro lado, con respecto al cobro a futuros propietarios, el empresario de GMG deslizó que era para finalizar cada una de las viviendas familiares. Sin embargo, tendrá que responder cómo existieron siete cheques provenientes del IVBA a nombre de él, cuando el marco legal establece que los recibos tendrían que haber sido destinados a la AVS, que era el nexo entre el Instituto y la constructora. Las estrategias para desvincularse y apartarse de las responsabilidades del caso son claras. Habrá que esperar qué dictamina la Justicia.
“El fiscal no solicitó nada”
“Con respecto a la información que pidió la Fiscalía, nosotros no teníamos relación ni documentación ya que el convenio se realizó entre la provincia de Buenos Aires y particulares. Luego de que intervinimos, la Fiscalía no solicitó nada ya que todo transita por el camino legal. El tema anterior era totalmente ajeno al Municipio de Bahía Blanca”, sintetizó David Revale a Desafío Económico.
LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION Nº 60 DE DESAFIO ECONOMICO