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Argentina
31 de diciembre de 2013
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Macri y un shopping que hace agua

Donde existe una necesidad, nace un derecho” rezaba el famoso dicho popular de Eva Duarte de Perón. En este caso, fue distorsionado: “Donde hay necesidad, existe un negocio”. En un predio de Caballito, la empresa IRSA construirá un megaemprendimiento, a pesar de la resistencia de los vecinos del lugar, legisladores, ex funcionarios, comuneros y hasta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Macri y un shopping que hace agua
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El shopping que se emplazará a 100 metros del estadio de Ferrocarril Oeste vio luz verde después de varias trabas legales por irregularidades en la presentación de documentación respaldatoria. Abrirá sus puertas antes de Navidad. La obra consta de una construcción de 38 metros de altura, equivalentes a 12, en donde se emplazarán 40 locales, un centro de salud y un estacionamiento con 50.000 metros cuadrados.

A simple vista, el shopping representaba una oportunidad única e inigualable para todos los ciudadanos aledaños a la cancha de Ferro. Sin embargo, no fue así y en el medio existieron singularidades, ya que en los terrenos no se pueden construir comercios, rechazo de vecinos, quórum insuficiente en la Legislatura Porteña para aprobar el boceto, una nueva rezonificación y hasta transformaron radicalmente la idea inicial de instalar aliviadores pluviales por las reiteradas inundaciones. Lejos quedó esa noción enraizada con la prevención.

En diálogo con Desafío Económico, el legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, argumentó que “los vecinos querían hacer obras para contención de inundaciones, parques públicos y un lago; pero como producto del acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo entró en un paquete de leyes donde se votaron, entre otras cosas, la autorización para erigir el shopping”.

La historia del predio comenzó en 1999, cuando la administración de IRSA adquirió de manera fraudulenta -en una sospechada transacción en la que medió una sociedad fantasma uruguaya-, una porción de tierra similar a dos estadios de fútbol. La compra fue realizada al club Ferrocarril Oeste y en los últimos 24 meses, la empresa comenzó a construir en un espacio que doblegaba al que figuraba en los planos iniciales.

Inmediatamente el proyecto mutó a la construcción de un shopping, algo que visto desde el lado económico, era mucho más rentable. De todas maneras, el croquis debía pasar por la Legislatura porteña para poder cambiar la zonificación y fue enviada en 2008 y 2011, aunque el jefe de gobierno Mauricio Macri no logró los 40 votos necesarios para aprobar los cambios.

El expediente ingresó en la Legislatura bajo el número 2513-J-2013. El documento deberá ser tratado y analizado por la Comisión de Planeamiento Urbano, ya que plantea excepciones a la normativa actual.

“Tuvo un grado de ilegalidad. En la primera zonificación del predio no figuraba el shopping y se incorporó en la segunda lectura”, ratificó a Desafío Económico el diputado Camps.

IRSA sabía que en algún momento la votación se destrabaría. Entonces, casi con desfachatez y autoritarismo, comenzó a construir la obra sin autorización de nadie. Sin informes de impacto ambiental, contaminación, estudios sobre posibles inundaciones y el riesgo latente de quebrar a los comerciantes ubicados en zonas linderas, el megaemprendimiento avanzaba raudamente.

Con respecto a esto, el legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, aseguró que “desde hace más de diez años los vecinos y comerciantes de Caballito vienen resistiendo la instalación de este shopping y de nuevas torres.

Macri propone cambiar la actual zonificación residencial R2aII para crear una ‘norma urbanística especial’, una vergonzosa excepción diseñada a la medida de IRSA”.

Camps sostuvo a Desafío que “el lugar figuraba como urbanización futura y todos los proyectos apuntaban a la construcción de un parque para mitigar el tema de las inundaciones”.

Mientras tanto los vecinos de Caballito -en contra de este negocio privado- juntaron 12.000 firmas para frenar el propósito de la empresa. Otra dato llamativo es que los terrenos se encuadran a la zonificación UF (urbanización futura), situación que impide la privatización del 65% del predio y la posterior explotación del emprendimiento. Aunque la privatización de IRSA fue total.

¿Puede una firma edificar un centro comercial de 38 metros, cocheras y más de 40
locales, cuando el proyecto ni siquiera había sido tratado en el Parlamento? Claramente no, aunque la compañía que edificó el Shopping Dot, Alto Palermo, Abasto, Paseo Alcorta y Patio Bullrich, entre otros, apostó por no perder tiempo y comenzar con la construcción hace más de un año sin permisos ni papeles.

Con los hechos consumados, el gobierno de la Ciudad le otorgó un gran negocio a IRSA. Al margen quedaron las solicitudes de los vecinos que pregonaban por obras para mitigar las inundaciones. La rentabilidad triunfó sobre la necesidad, a pesar de que las inundaciones de abril dejaron víctimas y daños irreparables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Repudio a la construcción del shopping

Desde la Federación de Comercio, Industria y Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) denunciaron un pacto. El vicepresidente del organismo, Arturo Stábile, expresó que “por tercera vez, ignorando la opinión de vecinos y comerciantes, la Legislatura insiste en otorgarle un permiso especial a la empresa IRSA” y añadió que “construir un shopping de dos manzanas a 100 metros de un estadio generará problemas de seguridad y refleja la voluntad del PRO de no querer que se juegue más en el Estadio Arquitecto Etcheverri, de Ferro”.

Martín Iommi, miembro de la junta comunal de Caballito, ratificó que “el único negocio de IRSA no es el que tiene en la Playa Ferroviaria de Caballito”. En 2012, la ley nº 4.477 de la Legislatura Porteña abrió las puertas para que IRSA se quede con dos canchas que actualmente pertenecen a Ferro, donde se practica fútbol y hockey y puede ser utilizado por 2.500 chicos y chicas. Según el concurso de la ANSES, las canchas deben ser edificios junto a otras 15 hectáreas comprometidas en el proyecto ganador”.

Por último, Facundo di Filippo sintetizó al medio Diario Z que “la Justicia autorizó continuar con la obra, pero no se puede inaugurar hasta que no se falle sobre el fondo de la cuestión, porque el freno que se aplicó en un principio fue ante una serie de irregularidades, de permisos que la empresa no tenía y ahora presentó, pero para nosotros es todo trucho e irregular”.


LEA LA NOTA COMPLETA EN LA EDICION Nº 66 DE DESAFIO ECONOMICO

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