18 de noviembre de 2015
JUSTICIA
El PRO despliega sus tentáculos judiciales
Mauricio Macri prepara a su tropa en Comodoro Py de cara a una eventual victoria en el balotaje. Montenegro y Angelici pugnan por un lugar. Torello quedó relegado. Los jueces federales apuntan a un diálogo institucional a través de Sanz, una postura que agrada a varios del PRO
El lunes siguiente a las elecciones generales del 25 de octubre comenzó a gestarse una interna, por ahora silenciosa, en el seno del PRO: los hombres fuertes del espacio comenzaron a tender puentes con los juzgados federales de Comodoro Py, en donde se encuentran los magistrados que tienen como competencia la investigación de los actos de corrupción que puedan suceder en el Gobierno nacional.
Dos son los referentes del macrismo que pugnan por quedarse como los interlocutores, de resultar electo presidente el candidato de Cambiemos, el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. El primero es el actual operador judicial más importante que tiene, el líder de los radicales PRO, el presidente de Boca Juniors y empresario del juego, Daniel Angelici.
El otro es el actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, el ex juez federal Guillermo Montenegro. Ambos procuraron mostrarse por el palacio de Justicia luego de los comicios generales.
En Comodoro Py, la mayoría de los jueces federales, considera que la situación es diferente. “Todos tenemos una lectura permanente de lo que ocurre. No se necesita un diálogo por fuera de lo institucional, porque todo es de conocimiento público”, analizó un experimentado juez federal, quien añadió que lo importante es saber escuchar. “Nosotros escuchamos, los conozco, pero mi trabajo depende de la ley. No pueden venir a exigir lo que ellos no hacen en el Congreso”, retrucó.
El primero realizó varios acercamientos a través del fiscal federal Carlos Stornelli, jefe de Seguridad del club de la rivera. Por ahora, fueron reuniones, almuerzos. Angelici, según fuentes macristas, quiere “quedarse con todo” y en base a eso busca expandir sus dominios judiciales hacia los juzgados
federales.
Montenegro, que también volvió a recorrer los pasillos cuenta con una gran ventaja; el “Gordo”, como lo apodan, fue durante tres años juez federal, de 2004 a 2007, cargo al que renunció para pasar a integrar el Ejecutivo porteño. “El ‘Gordo’ vino el día después de las elecciones y visitó todos los despachos, y habló con todos”, recordó una calificada fuente judicial.
Lejos quedó en la disputa uno de los hombres históricos de Macri en la Justicia, el apoderado del partido, José Torello. Lo suyo no se debe, según pudo saber Qué de calificadas fuentes macristas, a una pérdida de poder o de influencia, sino a la falta de tiempo producto de las necesidades legales de la campaña.
“Hay que tener en cuenta los múltiples escritos que presentamos y la estrategia que se llevó a cabo durante la campaña”, reflexionó una calificada fuente de legales del PRO. La estrategia incluyó, entre otras medidas, solicitar el traslado de fiscales partidarios a otra jurisdicción, impedir el acople de candidatos en varios distritos, prohibir la aparición del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en las cadenas nacionales la se-mana antes a la elección del 25 de octubre, entre otras.
Sin embargo, fuentes judiciales de Comodoro Py lo consi-deran como el menos potable de los tres. “Es muy difícil si, primero, no conocés a nadie dentro, y segundo, no tenés llegada”, precisaron.
No obstante ello, por ahora, en Comodoro Py remarcan que lo que se buscará es un diálogo institucional, que durante los últimos años no sucedió. La designación del senador nacional Ernesto Sanz como eventual ministro de Justicia, de resultar electo presidente Macri, cayó bien entre la mayoría de los doce jueces federales. “Ernesto es una persona seria, con la que siempre tuvimos buena relación”.
Cada uno de los magistrados tiene un perfil diferente, y como consecuencia, una forma propia de relacionarse con el Ejecutivo. “Algunos necesitan, y hasta piden a los gritos, un interlocutor”, analizó una fuente de Comodoro Py. Otros, por su parte, tienen sus “elegidos”. Es que en el Palacio Judicial también existen quienes tomaron una postura y apoyaron, sin hacerlo público, a alguno de los principales candidatos.
El último grupo lo componen los que “van a hacer su trabajo”. Allí es donde todas las fuentes consultadas nuclean a la mayoría de los jueces federales. De los doce, cuatro, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez de Georgi, Luis Rodríguez y Sebastián Ramos, fueron nombrados en 2012, por lo que son la última camada. “Hay jueces que tienen más de 20 años, otros que tienen 10. Todos conocen su función. Somos los únicos jueces que estamos en la Constitución. Lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo, nada más”, respondió uno de los jueces federales consultados por Qué.
Desde el entorno de Montenegro también apuntaron a que el interlocutor será Sanz y que se limitaran a ello. “Guillermo no habla, ni lo va a hacer, sobre el área Justicia por la sencilla razón de que Sanz ha sido propuesto para ese ministerio. Es un tema de respeto”, explicaron.
Montenegro, según pudo saber Qué, sabe de la relación del radical con la mayoría de los jueces federales, como consecuencia de su trabajo en la cámara. “Por eso Mauricio lo designó”, afirmaron.
Esto no quitaría la posibilidad, ante una situación puntual, del pedido de algún favor por parte de la Justicia. “Siempre relacionados a temas que no infieran con el procedimiento de las causas”, explicaron. Uno de los ejem-plos sería, llegado el caso, posponer alguna orden de desalojo.
Angelici es, de los dos, quien más ansias de extender sus influencias tiene. El binguero no perdió tiempo. Su posición actual como hombre fuerte de la Justicia de la Ciudad lo convirtió en uno de los números puestos. Su relación de amistad con Stornelli es uno de los pilares que busca utilizar para “gestar su ingreso”. Sin embargo no es el único. Aunque el presidente de Boca es abogado, estudió en la Facultad de Derecho de la UBA, es representado por Diego Pirota, quien defendió al vicepresidente Amado Boudou hasta febrero de este año en la causa en la que fue procesado por el juez Ariel Lijo por la compra de Ciccone, cuyo socio en su estudio jurídico es Darío Richarte, ex número dos de la ex SIDE durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Ambos son amigos de Angelici, Pirota incluso es socio y participa de forma activa en la vida del club xeneize. A ellos además se le incluye el auditor general de la Nación, Javier Fernández. “Angelici es Richarte y Fernández”, sostuvo un juez federal.
Sin embargo, de existir un interlocutor, por ahora, la cancha se inclinaría a favor de Montenegro. “A Angelici le falta. Tiene una tendencia a pensar que se las sabe todas, y acá hay ma-gistrados, como es el caso de (María Romilda) Servini de Cubría y (Norberto) Oyarbide, que tienen más de veinte años en el cargo. No va a venir a decir qué es lo que hay que hacer”, sintetizó una calificada fuente.
Dos semanas después de las elecciones, varios funcionarios judiciales de la Provincia se reunieron en un almuerzo. El tópico central fue la situación en la Provincia. “Lo más probable es que haya que hacer una ofrenda”, deslizó uno de ellos. Inmediatamente, tuvo una respuesta negativa por parte de sus pares, que le criticaron su accionar durante la Gobernación de Scioli.
No obstante ello, la conclusión que quedó en el aire fue que habrá causas judiciales en las que más de un funcionario provincial y municipal deberá dar cuentas por algunas maniobras denunciadas hace tiempo.
Esta situación llegó a los oídos de los ope-radores judiciales de Cambiemos. “Todos ahora esperan el mismo gesto por parte de Comodoro Py”, vaticinaron desde el seno del PRO. Es que para el macrismo, cuyos referentes se expresaron en más de una ocasión en la necesidad de mayor transparencia y lucha contra la corrupción, sería “una señal”, que algunos de los funcionarios investigados tenga una condena.
Cabe recordar que en los tribunales de Comodoro Py hay dos causas que involucran a altos funcionarios del Ejecutivo. Una de ellas, la de Ciccone Calcográfica, tiene procesado a Boudou. Esa causa, que lleva adelante el juez Lijo, según pudo saber Qué se encamina a la elevación a juicio oral luego de que la Cámara confirmó el procesamiento. La otra, que investiga Claudio Bonadío, es sobre la sociedad que explota los hoteles, propiedad de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Hotesur, por presunto lavado de activos.
“Los que se autodenominan operadores judiciales es porque necesitan venderse a sus respectivos jefes políticos como tales. Acá nadie va a decir qué hacer, todos lo sabemos”, reflexionó un juez federal.