5 de mayo de 2016
CUESTIONAMIENTO
El FR, a fondo contra el tarifazo en el gas: ¿Está bien autorizado?
La diputada nacional por el Frente Renovador, Liliana Schwindt, acusó al ministro Juan José Aranguren de “no disponer de facultades legales” para haber autorizado las subas en las tarifas de gas. Y además resaltó que “no se hizo audiencia pública, ni se menciona un estudio o análisis que justifique los precios determinados”.
Así, el massismo solicita un informe general sobre la Resolución Nro. 28/16, recientemente dictada por el Ministerio de Energía y Minería, en la que se determinan nuevos precios en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para el gas natural e instruye al Ente Nacional Regulador del Gas su total traslado a las tarifas de los usuarios, con excepción a la Región Patagónica, al Departamento de Malargüe (Mendoza) y a la región norteña de la Puna, que cuentan con un traslado parcial a las facturas finales.
Bajo esa resolución, el ENARGAS ya actualizó las tarifas de todas las distribuidoras del país, en sus tres componentes: gas natural, transporte y distribución. Sobre esos importes, se calculan luego los impuestos municipales, provinciales y nacionales que componen la factura para los consumidores finales.
Al respecto, Liliana Schwindt, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor en Diputados, manifestó que "el Gobierno no cumplió con los pasos legales. La cartera de Energía aseguró que hizo uso de facultades conferidas por las leyes nacionales N° 17.319 de Hidrocarburos y la de Ministerios, pero ninguna le otorga el poder para determinar el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte".
"Tampoco existe en la Ley N° 24.076/92 de Gas Natural, en decretos, resoluciones o disposiciones complementarias, alguna facultad que habilite al Ministerio a adoptar la decisión tomada”, aseveró la olavarriense.
“La Ley 17.319 se sancionó en 1967, cuando existían YPF Sociedad del Estado y Gas del Estado Sociedad del Estado, pero cuando se sancionó la 24.076, durante el proceso de privatizaciones, se declaró de interés público a la producción de gas natural”, agregó.
En un comunicado, se informó que en tres ocasiones, el Ministerio de Energía adquirió facultades para fijar el precio del gas: de forma transitoria en 1994 (a través del artículo 83 de la Ley 24.076); con el Decreto Nro. 181/04 que, usando competencias de la Leyes de Emergencia Económica, instruyó a la exSecretaría de Energía (actual Ministerio de Energía y Minería) a elaborar un esquema de normalización del precio que no podía extenderse del 31 de diciembre de 2006; y cuando en 2012, el artículo 27 del Decreto 1277 autorizó a la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (“artículo derogado por el propio presidente Macri con el Decreto 272/15”, según indicó la legisladora nacional FR).
Schwindt destacó también que “no se mencionó un estudio o análisis que justifique la medida, ni se hizo audiencia pública, cuando históricamente se lo hacía, incluso después de la Ley de Emergencia Económica".
Sostuvo a su vez que "los usuarios no fuimos consultados ni informados, y tampoco disponemos de informes transparentes, públicos y sujetos a oposición. Parece que el Gobierno se olvidó de que debe, en la Constitución Nacional, la Ley de Defensa del Consumidor establece que los ciudadanos debemos ser informados con antelación a las modificaciones en el servicio de Gas”.
Asimismo, la diputada nacional indicó que “es sospechoso que el aumento se haya autorizado en secreto y beneficie directamente a empresas de energía en las que hasta hace poco trabajaban varios funcionarios. Sobre todo en el caso del ministro Aranguren, que trabajó en Shell y, según él mismo denunció a la Oficina Anticorrupción, sigue teniendo acciones en la compañía”.
Schwindt continuó la lista de implicados con: José Luis Sureda fue directivo de PAE (Pan American Energy) hasta su asunción como Secretario de Recursos Hidrocarburíferos; David Tezanos exdirector de Ventas de Gas Natural de YPF y presidente del Directorio de Metrogas hasta asumir como Interventor del Enargas; y el subinterventor del Enargas, Daniel Perrone, quien fue directivo de Transportista de Gas del Sur (la principal transportista de gas por gasoductos del país).
Por último, en relación al impacto social de la medida, Schwindt expresó: “Los afectados siempre seguimos siendo los consumidores finales. El precio del gas natural de U$S 7,70 es tres veces más de lo que cuesta en Estados Unidos, y está muy por encima del gas importado de Bolivia, que ingresa a un valor cercano a los U$S 4. No existe en el mundo país con precios de hidrocarburos tan altos como los que tiene Argentina”.