5 de julio de 2017
ENTREVISTA
Fernando Rozas: "Lo visto en El Marginal, dista de lo que pasa en las cárceles"
En una entrevista exclusiva con La Tecla, el interventor del Servicio Penitenciario Bonaerense habla de lo que se hizo hasta ahora, lo que se hacía antes y lo que se hará. Cómo funcionan los controles en las diferentes áreas.
Ocho meses pasaron desde que Vidal anunció la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y, en consecuencia, una serie de importantes modificaciones. En principio era hasta enero de 2017, pero luego se prorrogó por un año más. Al frente del organismo quedó el exdiputado provincial Fernando Rozas, quien, mano a mano con La Tecla, cuenta las “mejoras” producidas hasta ahora, que se fundamentan, en su mayoría, en la implementación de “correctos controles”.
-¿Qué cambió en el Servicio Penitenciario desde que se produjo la intervención?
-A partir de la intervención detectamos bastantes problemas que impiden el normal funcionamiento de cualquier institución, y hemos ido trabajando para que esas situaciones puedan ser mejoradas y optimizadas, sobre todo teniendo en cuenta la escasez de los recursos que existen en todas las áreas de la provincia de Buenos Aires. En esa línea pusimos manos a la obra, empezando por los recursos humanos, que era el principal inconveniente que teníamos.
-¿Dónde radicaba el inconveniente?
-Para que tengan una idea de los montos, el ministerio de Justicia tiene un presupuesto que ronda los 13.500 millones de pesos, de los cuales 11.400 se van en sueldos. Después quedan mil millones para obras, y el resto para el funcionamiento del ministerio, insumos y demás. Contábamos con un presupuesto altísimo de recurso humano, y cuando empezamos a ver cómo estaba distribuido encontramos que teníamos ratios de personal penitenciario interno comparados a Suiza. Teníamos 35 mil detenidos y 23 mil agentes penitenciarios. Sin embargo, cuando se iba a las unidades, ese número, esa proporción, no se veía reflejada. La gran mayoría del personal estaba cumpliendo funciones administrativas u otro tipo de tareas que no eran las que realmente tienen que ver con el SPB, que es el cuidado y el tratamiento de los internos.
-Ahí empezaron los traslados…
-Lo que se hizo fue disponer una cantidad importante de traslados, pasando gente que estaba en Jefatura del Servicio Penitenciario a unidades penitenciarias. Por ejemplo: cuando empezó la intervención había acá unos 2.500 agentes, y al día de hoy contamos con menos de mil. Eso también ayuda a que el personal que cumplía funciones en las unidades no se viera tan recargado. Teníamos personal penitenciario muy idóneo, muy responsable, con vocación, que venía haciendo regímenes de más de 240 horas mensuales, cuando personal del mismo escalafón, el mismo grado y que cobraba exactamente lo mismo, hacía 100 o 120 horas mensuales. Esto implica un mayor desgaste físico y psíquico para las personas que están en contacto con internos y que, obviamente, de acuerdo a la función, tienen un riesgo mucho más importante que el que está detrás de un escritorio.
-Esos traslados generaron un importante malestar en muchos empleados...
-Seguramente. A nadie le gusta pasar de estar atrás de un escritorio sacando fotocopias o imprimiendo artículos a estar en un penal o en un muro haciendo guardia de seguridad exterior. Lo que hay que entender es que la principal función en el Servicio Penitenciario Bonaerense es el cuidado, la asistencia y el tratamiento de los internos; por ende, la misión esencial es ésa. Si había personas a las que cuando entraron les dijeron que no iban a ver un preso ni en fotos, lo lamento, estaban equivocados.
-¿Cómo está el Servicio Penitenciario en cuanto a la infraestructura, que suele ser una de las grandes quejas de las organizaciones de Derechos Humanos?
-La infraestructura es un tema central de la gestión. Tenemos unidades que datan del siglo XIX. En las últimas décadas, prácticamente no se han invertido recursos financieros para la cuestión edilicia, en el mantenimiento de los penales. Tenemos muchos complejos con déficits importantes, básicos: por ejemplo, se llueven los techos. En varias unidades del Conurbano hay hasta problemas de cloacas. Una de las razones es que fueron creadas para cierta cantidad de internos y hoy están excedidas. No soportan la cantidad de detenidos que hoy ostentan. Es un tema que también va atado al Poder Judicial.
-¿Y qué se está haciendo para mejorar?
-Lo que estamos tratando de hacer es poner en valor las unidades ya existentes, y esto significa que todas tengan los vidrios y calefacción. Y está en ejecución la orden de compra de termotanques, para que cuenten con agua caliente. Y si bien en algunas estamos por encima del cupo que deberían tener, porque la capacidad de las unidades no alcanza para la cantidad de detenciones que se generan, tratamos al menos de que esas personas tengan su colchón, una buena comida y una buena infraestructura, para que no pasen penas en el cuerpo, sino solamente la que les corresponde, que es la privación de la libertad.
-¿Cuál sería la responsabilidad del Poder Judicial?
-El gran inconveniente que tiene el SPB no es solamente que en las últimas décadas no se han construido las unidades necesarias de acuerdo al crecimiento vegetativo de la cantidad de internos, además tenemos un esquema bastante complejo con respecto a lo que es el Poder Judicial de la Provincia. Muchos jueces, debido a lo que se denomina “acercamiento familiar”, ordenan que algunos detenidos queden próximos a lo que es su área de residencia o vivienda. Eso genera que las unidades del Conurbano, que es de donde son la mayoría de los presos, estén atestadas y tengamos unidades del interior de la Provincia en las que hay menos internos de lo que indican los cupos.
-¿La Justicia les está pateando en contra?
-Nosotros necesitamos reordenar el sistema penitenciario y que el Poder Judicial entienda, vía la Suprema Corte de Justicia, que por más que el detenido esté alejado de su vivienda o entono familiar, tendríamos que hacer una mejor distribución.
No solamente por cuestiones de seguridad, sino también de salubridad; o sea, por el bienestar mismo de los internos. En el sistema federal, cuando una persona del Conurbano comete un delito puede tocarle la unidad de Trelew o la del fin del mundo, y no por eso se plantean esquemas de acercamiento familiar. Estaría bueno que a eso lo podamos resolver y que nos podamos manejar como se maneja el sistema federal.
-¿Cuántas son las plazas que hacen falta en el Servicio Penitenciario?
-De acuerdo a los estándares que tenemos, estimamos una población que ronda entre
7 mil y 8 mil internos. Si tenemos en cuenta eso tendríamos que estar hablando de la necesidad de construir cinco nuevas cárceles para mil quinientos internos. Pero una sola de ellas le costaría al Estado provincial unos dos mil millones de pesos; y, como dije antes, para el año en curso tenemos un presupuesto para infraestructura sólo de mil millones. Si no se rompiera ninguna bombita, ningún vidrio, ni ninguna cañería en ninguna de las unidades, en 2017 solamente podríamos hacer media cárcel de 1.500 internos.
-¿Entonces no se puede hacer nada?
-Esta situación llevó a que hayamos pedido al ministerio de Justicia de la Nación, que conduce el doctor Garavano, una partida de 500 millones para terminar las nuevas unidades de Campana y Lomas de Zamora, las cuales estuvieron paradas durante un largo período. Había solamente movimiento de suelos; y para fin de año o principio del año que viene van a estar terminadas.
-¿Estuvo bien dado el Martín Fierro de Oro a la serie El marginal?
-Esa es una apreciación subjetiva de personas que manejan el ámbito artístico. Es una visión que considera la gente que hace televisión. Sin perjuicio de ello, lo que yo he podido ver en las recorridas que hago por las distintas unidades dista bastante de lo que se vio en El marginal. Eso es importante que la gente lo entienda. Un producto de televisión está siempre preparado para que se consuma masivamente, por lo que puede haber diferencias sustanciales. Sería mejor mostrar al servicio desde un documental y no desde una serie de ficción.