DATOS ECONÓMICOS
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
La Oficina Anticorrupción quiere juicio oral para la expresidenta
En el marco de la causa Grupo Austral, en la que es querellante, la OA -además- pidió la elevación a juicio del exministro kirchnerista Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros datos.
La Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio de la ex Jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo en el marco de la causa Grupo Austral, en la que es querellante.
Pero además, hizo lo propio con otros funcionarios vinculados al gobierno kirchnerista, entre los que se encuentran el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; y el empresario Lázaro Báez, entre otros.
Para la OA, todos ellos formaron parte de una asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.
En ese sentido, sobre la expresidenta consideraron que “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”.
Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”.
De esta forma, el escrito plantea que la exmandataria “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad”.
Para la OA, Cristina Fernández es coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz.
En total, las adjudicaciones cuestionadas fueron 51, totalizando un monto cercano a los 46 mil millones de pesos. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado esta mañana ante el juzgado de Julián Ercolini.
“Todo el entramado delictivo reseñado pudo concretarse mediante la planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Báez”, advirte la Oficina.
Al respecto, detalla que “el primero de ellos consistió en la formal conversión de Lázaro Báez, quien se desempeñaba como empleado del Banco de Santa Cruz con categoría impositiva de monotributista, en empresario de la construcción, de modo tal de poder ser adjudicatario de las contrataciones de infraestructura del Estado”.
En este sentido, el escrito afirma que el 8 de mayo de 2003, pocos días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, Lázaro Báez constituyó la firma “Austral Construcciones S.A.” junto a sus socios Guido Blondeau y Sergio Gotti.
Asimismo, la OA señaló que “como segundo paso para efectivizar el plan delictivo, el ex presidente Kirchner montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza”, mientras que tras asumir la Presidencia de la Nación en 2007 Fernández “mantuvo esa estructura clave de poder”.
En esta línea, el escrito aseveró que “como tercer paso para consumar la maniobra disvaliosa, se dotó a la Dirección Nacional de Vialidad de mayor cantidad de fondos que en otros ejercicios, y luego se delegaron las principales etapas de adjudicación de las obras a la Administración General de Vialidad Provincial”.
Y agregó: “Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era favorecer a las empresas de Báez”.