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El massismo suma presión a Vidal y Conte Grand para que abran fiscalías en violencia de género
En el 8M, el Frente Renovador metió un proyecto con el objetivo de que en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, se creen Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género y Familiar. Las mismas deberían funcionar en cada uno de sus departamentos Judiciales. El Procurador General de la Provincia ya había sentado su negativa a una iniciativa similar del kirchnerismo.
En el Día de la Mujer, el Frente Renovador se sumó al pressing del kirchnerismo para que se creen fiscalías especializadas en violencia de Género.
Con un proyecto elaborado por el diputado Pablo Garate, desde el FR propusieron la creación en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género y Familiar, las cuales funcionarían en cada uno de sus departamentos Judiciales. Estas veintiún Unidades Funcionales especializadas en Violencia de Género y Familiar tendrán competencia exclusiva para intervenir en la recepción, investigación, seguimiento, esclarecimiento de hechos que puedan constituir delitos que presumiblemente involucren violencia de género y familiar según los términos de la Ley nacional N° 26.485 y la Ley provincial N° 12.569. “Aún a pesar de contar en nuestro país con numerosos instrumentos jurídicos, la violencia de género produce año tras año nuevas víctimas fatales en hechos de femicidios y homicidios dolosos contra mujeres. Además, personas LGTBI son víctimas de homicidios en razón de su identidad de género y miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren en su ámbito familiar violencia física, sexual, psicológica y otras, muchas de las cuales devienen en lesiones físicas y emocionales duraderas”, explicó Pablo Garate.
De esta manera, en plena lucha contra la violencia de género y en el día Internacional de las Mujeres, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand vuelven a quedar en el centro de puja por política/judicial.
Es que fines del 2017 fue el kirchnerismo, por medio de la por entonces senadora bonaerense Mónica Macha quien presionó por una iniciativa similar.
En aquel momento, incluso, el tema llegó a colar en la agenda prelectoral. La diferencia de miradas entre oficialismo y oposición en la forma de abarcar este flagelo evidenció algo más que dos formas distintas de concebir un mismo problema, ya que dejó al descubierto la guerra fría que subyace detrás de la discusión central: quién capitaliza y lidera políticamente la lucha contra la violencia de género en la Provincia.
La discordia se inició en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial, que presidía la legisladora de Cambiemos Nidia Moirano, donde descansaba -desde noviembre del año pasado- el proyecto enviado por la bancada kirchnerista para crear las unidades de investigación. El pressing de asociaciones feministas vinculadas a la redacción de la iniciativa y de diversos operadores judiciales obligó a Moirano a desempolvar el expediente y pedirle a Conte Grand que se pronuncie y emita su opinión. Pero la respuesta del jefe de los fiscales, ya en aquel entonces, no había dejado conforme a la oposición y sólo avivó la polémica.
En el informe de 16 páginas que firma el funcionario no hacía falta llegar hasta el punto final para advertir la intención del gobierno de ser, mediante la Procuración, el que defina dónde deben estar esas fiscalías. “Estimo oportuno revindicar las facultades del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires -emanadas de la Consti-tución provincial- a los fines de definir la política criminal en el diseño institucional de la Provincia y, en su consecuencia, decidir respecto de la estructura operativa y unidades funcionales idóneas para cumplir con los objetivos determinados”, rezaba el párrafo en cuestión.
Por aquel entonces, la respuesta generó malestar en el bloque kirchnerista, no sólo por contradecir sus intenciones, sino también porque consideran que el Procurador faltó a su palabra. Incluso, fuentes vinculadas a la bancada del Frente para la Victoria confirmaron a La Tecla que en una reunión mantenida entre Macha y Conte Grand, éste se había comprometido a trabajar en conjunto la iniciativa, pero luego se desayunaron con su opinión en el informe, donde resolvió unilateralmente no avanzar con el proyecto.
Otro de los aspectos en los que encontraron contradicción fue en la obstrucción para que el Poder Legislativo se meta en la regulación de las fiscalías; y le recordaron a Conte Grand que la cámara ya creó unidades especializadas en violencia institucional y fiscalías especializadas en violencia en el deporte.
“Con esta postura, pretendidamente exclusiva del Procurador, quedaría sin control interpoderes, y sujeta a las definiciones discrecionales de cada gestión al frente del Ministerio Público, la existencia o no de fiscalías especializadas en violencia de género en cada departamento judicial”, supo señalar la legisladora del FpV-PJ Mónica Macha en respuesta a Conte Grand.
Por fuera de los alcances y limitaciones que tanto la estructura legislativa como la judicial pretenden imponerse, la puja entre oficialismo y oposición dejó al descubierto que la lucha contra la violencia de género no escapa a las arbitrariedades políticas. En el medio, los datos fríos son alarmantes: el último informe del Observatorio de Violencia de Género dio cuenta de que cada cuatro días, en la provincia de Buenos Aires una mujer es asesinada.
En el Día de la Mujer, el Frente Renovador se sumó al pressing del kirchnerismo para que se creen fiscalías especializadas en violencia de Género.
Con un proyecto elaborado por el diputado Pablo Garate, desde el FR propusieron la creación en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género y Familiar, las cuales funcionarían en cada uno de sus departamentos Judiciales.
Con un proyecto elaborado por el diputado Pablo Garate, desde el FR propusieron la creación en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, de Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio especializadas en Violencia de Género y Familiar, las cuales funcionarían en cada uno de sus departamentos Judiciales.
Estas veintiún Unidades Funcionales especializadas en Violencia de Género y Familiar tendrán competencia exclusiva para intervenir en la recepción, investigación, seguimiento, esclarecimiento de hechos que puedan constituir delitos que presumiblemente involucren violencia de género y familiar según los términos de la Ley nacional N° 26.485 y la Ley provincial N° 12.569.
“Aún a pesar de contar en nuestro país con numerosos instrumentos jurídicos, la violencia de género produce año tras año nuevas víctimas fatales en hechos de femicidios y homicidios dolosos contra mujeres. Además, personas LGTBI son víctimas de homicidios en razón de su identidad de género y miles de mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren en su ámbito familiar violencia física, sexual, psicológica y otras, muchas de las cuales devienen en lesiones físicas y emocionales duraderas”, explicó Pablo Garate.
De esta manera, en plena lucha contra la violencia de género y en el día Internacional de las Mujeres, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand vuelven a quedar en el centro de puja por política/judicial.
Es que fines del 2017 fue el kirchnerismo, por medio de la por entonces senadora bonaerense Mónica Macha quien presionó por una iniciativa similar.
En aquel momento, incluso, el tema llegó a colar en la agenda prelectoral. La diferencia de miradas entre oficialismo y oposición en la forma de abarcar este flagelo evidenció algo más que dos formas distintas de concebir un mismo problema, ya que dejó al descubierto la guerra fría que subyace detrás de la discusión central: quién capitaliza y lidera políticamente la lucha contra la violencia de género en la Provincia.
La discordia se inició en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial, que presidía la legisladora de Cambiemos Nidia Moirano, donde descansaba -desde noviembre del año pasado- el proyecto enviado por la bancada kirchnerista para crear las unidades de investigación. El pressing de asociaciones feministas vinculadas a la redacción de la iniciativa y de diversos operadores judiciales obligó a Moirano a desempolvar el expediente y pedirle a Conte Grand que se pronuncie y emita su opinión. Pero la respuesta del jefe de los fiscales, ya en aquel entonces, no había dejado conforme a la oposición y sólo avivó la polémica.
En el informe de 16 páginas que firma el funcionario no hacía falta llegar hasta el punto final para advertir la intención del gobierno de ser, mediante la Procuración, el que defina dónde deben estar esas fiscalías. “Estimo oportuno revindicar las facultades del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires -emanadas de la Consti-tución provincial- a los fines de definir la política criminal en el diseño institucional de la Provincia y, en su consecuencia, decidir respecto de la estructura operativa y unidades funcionales idóneas para cumplir con los objetivos determinados”, rezaba el párrafo en cuestión.
Por aquel entonces, la respuesta generó malestar en el bloque kirchnerista, no sólo por contradecir sus intenciones, sino también porque consideran que el Procurador faltó a su palabra. Incluso, fuentes vinculadas a la bancada del Frente para la Victoria confirmaron a La Tecla que en una reunión mantenida entre Macha y Conte Grand, éste se había comprometido a trabajar en conjunto la iniciativa, pero luego se desayunaron con su opinión en el informe, donde resolvió unilateralmente no avanzar con el proyecto.
Otro de los aspectos en los que encontraron contradicción fue en la obstrucción para que el Poder Legislativo se meta en la regulación de las fiscalías; y le recordaron a Conte Grand que la cámara ya creó unidades especializadas en violencia institucional y fiscalías especializadas en violencia en el deporte.
“Con esta postura, pretendidamente exclusiva del Procurador, quedaría sin control interpoderes, y sujeta a las definiciones discrecionales de cada gestión al frente del Ministerio Público, la existencia o no de fiscalías especializadas en violencia de género en cada departamento judicial”, supo señalar la legisladora del FpV-PJ Mónica Macha en respuesta a Conte Grand.
Por fuera de los alcances y limitaciones que tanto la estructura legislativa como la judicial pretenden imponerse, la puja entre oficialismo y oposición dejó al descubierto que la lucha contra la violencia de género no escapa a las arbitrariedades políticas. En el medio, los datos fríos son alarmantes: el último informe del Observatorio de Violencia de Género dio cuenta de que cada cuatro días, en la provincia de Buenos Aires una mujer es asesinada.
De esta manera, en plena lucha contra la violencia de género y en el día Internacional de las Mujeres, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand vuelven a quedar en el centro de puja por política/judicial.
Es que fines del 2017 fue el kirchnerismo, por medio de la por entonces senadora bonaerense Mónica Macha quien presionó por una iniciativa similar.
En aquel momento, incluso, el tema llegó a colar en la agenda prelectoral. La diferencia de miradas entre oficialismo y oposición en la forma de abarcar este flagelo evidenció algo más que dos formas distintas de concebir un mismo problema, ya que dejó al descubierto la guerra fría que subyace detrás de la discusión central: quién capitaliza y lidera políticamente la lucha contra la violencia de género en la Provincia.
La discordia se inició en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial, que presidía la legisladora de Cambiemos Nidia Moirano, donde descansaba -desde noviembre del año pasado- el proyecto enviado por la bancada kirchnerista para crear las unidades de investigación. El pressing de asociaciones feministas vinculadas a la redacción de la iniciativa y de diversos operadores judiciales obligó a Moirano a desempolvar el expediente y pedirle a Conte Grand que se pronuncie y emita su opinión. Pero la respuesta del jefe de los fiscales, ya en aquel entonces, no había dejado conforme a la oposición y sólo avivó la polémica.
En el informe de 16 páginas que firma el funcionario no hacía falta llegar hasta el punto final para advertir la intención del gobierno de ser, mediante la Procuración, el que defina dónde deben estar esas fiscalías. “Estimo oportuno revindicar las facultades del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires -emanadas de la Consti-tución provincial- a los fines de definir la política criminal en el diseño institucional de la Provincia y, en su consecuencia, decidir respecto de la estructura operativa y unidades funcionales idóneas para cumplir con los objetivos determinados”, rezaba el párrafo en cuestión.
Por aquel entonces, la respuesta generó malestar en el bloque kirchnerista, no sólo por contradecir sus intenciones, sino también porque consideran que el Procurador faltó a su palabra. Incluso, fuentes vinculadas a la bancada del Frente para la Victoria confirmaron a La Tecla que en una reunión mantenida entre Macha y Conte Grand, éste se había comprometido a trabajar en conjunto la iniciativa, pero luego se desayunaron con su opinión en el informe, donde resolvió unilateralmente no avanzar con el proyecto.
Otro de los aspectos en los que encontraron contradicción fue en la obstrucción para que el Poder Legislativo se meta en la regulación de las fiscalías; y le recordaron a Conte Grand que la cámara ya creó unidades especializadas en violencia institucional y fiscalías especializadas en violencia en el deporte.
“Con esta postura, pretendidamente exclusiva del Procurador, quedaría sin control interpoderes, y sujeta a las definiciones discrecionales de cada gestión al frente del Ministerio Público, la existencia o no de fiscalías especializadas en violencia de género en cada departamento judicial”, supo señalar la legisladora del FpV-PJ Mónica Macha en respuesta a Conte Grand.
Por fuera de los alcances y limitaciones que tanto la estructura legislativa como la judicial pretenden imponerse, la puja entre oficialismo y oposición dejó al descubierto que la lucha contra la violencia de género no escapa a las arbitrariedades políticas. En el medio, los datos fríos son alarmantes: el último informe del Observatorio de Violencia de Género dio cuenta de que cada cuatro días, en la provincia de Buenos Aires una mujer es asesinada.