La desidia y la falta de control se llevaron la vida de seis obreros por el derrumbe de una obra millonaria. La causa que se sigue tras la tragedia. La Comuna conducida por Juan Pablo de Jesús se presentó como damnificada, pero hay funcionarios complicados.

Las cámaras del Municipio no grabaron el derrumbe por 20 minutos. El 3 de marzo de 2018, Santa Teresita cumplía 72 años, y el intendente del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús, quería celebrarlo con un spot donde se mostrara de fondo la joya arquitectónica de la comuna: el Multiespacio Cultural que se levantaba en el predio de costanera entre calles 43 y 44.

Por eso, el viernes 2 -junto a su equipo de prensa- se decidió a grabar un mensaje para los vecinos. Llegó a la obra antes del mediodía, la recorrió acompañado por parte de su gabinete y luego habló frente a los equipos de filmación, que también incluían un drone sobrevolando esa estructura gigante de hierro y cemento.

Cuando se retiró, el reloj marcaba las 12.30. Minutos después, la imagen era otra: el derrumbe de la losa había cambiado el escenario y debajo de los escombros se perdía la vida de seis obreros, que fueron identificados como Daniel León Calhuara, Estanislao Sosa, Eduardo Gustavo Barreto, Huber Quispe, Grover Edson y Luis Ruiz Camacho.

Rápido de reflejos, el Municipio se presentó ante la Justicia como particular damnificado, pero, fuera del rol que a la gestión que encabeza De Jesús le gustaría encarnar, existen otras miradas que dejan al descubierto las fallas sobre los controles que desde el Ejecutivo local debieron realizarse sobre las etapas de la construcción y, también, sobre la empresa Grupo Perfil SRL, que -en mayo del 2017- ganó la licitación para llevar adelante la obra por un monto que supera los 68 millones de pesos.

Al menos así lo indican una serie de documentos a los que La Tecla tuvo acceso. Uno de ellos es el contrato que delimita las responsabilidades de cada una de las partes. En dicho documento, el articulado N° 9 sostiene que “el municipio no se desprende de la posesión material de la obra y ejercerá la superintendencia de los trabajos”.

En tanto, en el pliego de bases y condiciones se deja establecido que los planos de obra, instalaciones y cálculos de hormigón armado “serán visados y aprobados por la Dirección de Obras Públicas”. Más adelante, en el mismo documento, se deja explícitamente sentado que “no se autorizará la realización de los trabajos sin que haya sido intervenida por la municipalidad toda la documentación técnica correspondiente a la presente obra”.

La falta de control por parte del Municipio era un secreto a voces, la tragedia sólo la expuso. Incluso uno de los obreros que pudo salir con vida, pero prefirió no dar su nombre, aseveró que alrededor de las 11.30 horas de la mañana del derrumbe le avisó al capataz que los puntales que sostenían la estructura “se estaban doblando”.

Germán Jardón y Evangelina Cardone, ediles de Cambiemos, en diálogo con La Tecla aseguraron que “la ausencia del Estado municipal en el control de la obra pública es una constante”. En ese sentido alertaron, además, que “desde el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Mar del Plata, que es la sede a la cual responde nuestra jurisdicción, nos confirmaron que la obra nunca fue visada”.

A priori, Gustavo Mascioli -el fiscal que lleva adelante la investigación de la causa- señala a dos responsables primarios por parte del Municipio: el secretario de Obras Públicas del Partido de La Costa, Juan Pablo García, y el director de esa dependencia, Danilo Taranti. “Lo más lógico es pensar que ellos tengan en prima facie algún tipo de responsabilidad, porque eran los encargados de manejar el área de la construcción municipal”, confió a este medio el representante del Ministerio Público.

El mapa completo de los factores que se conjugaron para que el derrumbe se produjera saldrá a la luz cuando se terminen las instrucciones, pero el propio Jardón -de profesión constructor- tiene sospechas más que fundadas sobre lo que pudo haber salido mal.

“El apuntalamiento falló, la segunda línea de puntales superior a la que venía desde el subsuelo no estaba en línea, hicieron un apuntalamiento y lo continuaron arriba de tablones. El primer puntal apoyaba un tablón; arriba de ese tablón apoyaba un segundo puntal, que era el que sostenía la loza, y ambos estaban en línea, había una separación de 0,80 centímetros y 1,20 metros entre puntales y puntales, de modo que fácilmente se puede quebrar un tablón y ahí se te desmorona todo”, explicó.

El edil agregó que “en el momento de la llenada, la losa se movía mucho, y eso no es normal. Alguien los mandó a estos trabajadores a afirmar los puntales, y ahí, al no estar en línea, donde zafaron un par se vino abajo todo de golpe”.

Un dato clave para la causa, que ya acumula 7 cuerpos y 1.400 fojas de investigación, es conocer si alguno de los obreros sabía de antemano que existía la posibilidad de que la construcción se viniera abajo. Las instrucciones policiales que se realizaron post derrumbe negaron que esa información haya sido ratificada por algunos comerciantes de la zona, pero existen otros que, off the record, aseguran haber tenido trato con Gustavo Barreto, sereno de la construcción y una de las seis víctimas fatales. “Con Gustavo íbamos a la playa a tomar una cerveza, hablábamos de la obra y me comentaba que, si no se derrumbaba, nos íbamos a volver a ver”.

No obstante, la falta de control sobre el andar de la edificación es sólo una de las caras en las que el Municipio dejó mucho que desear. El otro lado lo encarnan las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidos los obreros. La empresa hizo lo que quiso y nadie lo advirtió.

Alejandro Quevedo, hermano por parte de madre de Gustavo Barreto, dio detalles de las condiciones contractuales. “Mi hermano era el sereno. Hay un video que nos envió y que daba cuenta del lugar donde dormía, debajo de la losa, en camas cuchetas, cagado de frío; por 60 pesos la hora, en negro, sin ART, sin seguro, sin nada”, relató a La Tecla.

No es la única arista en offside. Volviendo al pliego de bases y condiciones en torno a la obra en cuestión, el artículo N° 28 daba cuenta de que “el contratista empleará el número necesario y suficiente de empleados idóneos a juicio de la Inspección, debiéndose dar preferencia para ocuparlo en trabajos de igual competencia al radicado en el Partido de La Costa, con una proporción no menor al ochenta por ciento (80%) del total del personal de obra”. Pero -según pudo saber este medio- la mayoría de los trabajadores empleados eran de nacionalidades boliviana y paraguaya y con asentamiento en Villa Gesell.

Más allá de la falta de controles y lo estrictamente legal, lo que molestó a los familiares de las víctimas fue la ausencia de explicaciones por parte del Ejecutivo local Un testimonio refleja y sintetiza el manejo oficial en torno a la tragedia: post derrumbe no hubo ningún tipo de comunicación por parte del Municipio. Incluso algunos se enteraron el día después, cuando los medios de comunicación oficializaron la lista de las víctimas.

“La idea es terminar cuanto antes la investigación para ir al juicio oral”

El fiscal que lleva adelante la investigación, Gustavo Mascioli, en diálogo con La Tecla brindó detalles acerca del curso de la recopilación de datos. En ese sentido señaló que “la causa sigue en plena eta-pa investigativa”, y aseveró que si bien se tienen algunas líneas de lo que podría haber sucedido, “para ser contundentes deberíamos tener los informes técnicos, que no los tenemos a la fecha”.

Sobre los distintos allanamientos realizados, Mascioli apuntó que podría existir otra empresa que actúe en tándem con Grupo Perfil SRL, aunque prefirió evitar dar el nombre de la misma, para no entorpecer el curso de las investigaciones.

Además advirtió que la actual carátula (estrago doloso) podría mutar, y no descartó que existan más responsables. Respecto del rol del Ejecutivo local dijo que “la Municipalidad tiene y debe tener el control de la obra; nosotros estamos delimitando quiénes deberían ejercer ese control, y a partir de ello vendrán las imputaciones correspondientes”.

En ese sentido acotó que “a los funcionarios también podría caberles otro tipo de delito, como incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Por último consideró que la misma suerte podría llegar a correr para el intendente Juan Pablo de Jesús “si notamos que en el estudio del expediente ha incumplido en alguna de sus atribuciones”.

“Claramente, en la empresa son empleados de De Jesús”

El concejal Marcos “Cotoco” García es un histórico denunciante de las maniobras irregulares en materia de obra pública durante las gestiones de la familia De Jesús. En diálogo con La Tecla, el edil resaltó que “el apuro del intendente en llenar la losa era para mostrar un escenario de marketing. No hay un solo profesional de la construcción que te diga que se puede llenar una losa con los obreros abajo”.

Para el concejal de Cambiemos, más allá de la calidad de la construcción, el proceso licitatorio -previo a la puesta en marcha de la obra- es por sí sospechoso. “Si la empresa no tiene competencia, la obra debe pasar por el Concejo Deliberante.

Entonces fabrican una competencia ficticia que pasa un presupuesto más alto, para que gane la licitación la otra compañía”, dijo. “Este es el histórico manejo de la obra pública en La Costa. Desde las ‘Casitas Voladoras’ a esto”, recordó, con relación a la investigación publicada por este medio en 2007 y que tiene como principales implicados a Amado Boudou, Juan de Jesús y Juan Pablo de Jesús.

Además puso eje en los siete clientes de la constructora, de los cuales dos son la Municipalidad de La Costa y la Universidad Atlántida Argentina.

“El secretario de Obras Públicas, Juan Pablo García, es el secretario de la Universidad, y De Jesús padre es el vicepresidente. Qué casualidad que el día del derrumbe, el secretario de Obras Públicas estaba inaugurando una obra de la Universidad, a cargo de Perfil, en la localidad de Dolores. Claramente, en la empresa son empleados de De Jesús”.

Sospechosos antecedentes y el dinero del FIM bajo la lupa

En 2017, el Gobierno bonaerense le giró al partido de La Costa la suma de 120.176.432 pesos en concepto del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Tal como se estableció en el decreto de reglamentación del mismo, el Municipio presentó ante el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos la solicitud de los diversos planes de obra a realizar con el presupuesto. En aquel entonces, según supo La Tecla, Juan Pablo de Jesús solicitó los fondos para, entre otros proyectos, el Natatorio Santa Teresita, la Terminal Pesquera, el Boulevard de Mar de Ajó y el Centro Cultural de Santa Teresita.

En agosto de aquel año, el intendente inauguró el mencionado natatorio. Meses más tarde, el fondo de la pileta se rajó y la flamante obra quedó en el olvido, con paredes llenas de hongos y el techo a punto de derrumbarse.

En septiembre, otro hecho similar casi termina con la vida de un obrero cuando se le vino abajo la losa de la Oficina de Turismo, que iba a ser desmantelada para darle vía libre a la puesta en valor del Boulevard de Mar de Ajó.

En octubre, en tanto, luego de ser presentada por el jefe comunal, la Terminal Pesquera nunca fue puesta en funcionamiento. Mientras que en marzo de este año, por último, se derrumbó la obra del Centro Cultural de Santa Teresita y mató a seis personas.

Todas estas obras fueron financiadas por el FIM, que, según denunciaron desde la oposición, ni siquiera fue utilizado en su totalidad. Llama la atención, al menos, el desenlace de cada uno de los planes de obra.

Consultados por La Tecla al respecto, desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia rechazaron cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos, puesto que, tal como reza el decreto, “la inspección de los proyectos y certificación de los mismos” están a cargo de la Municipalidad.

La postura del Municipio y un comunicado que lo deja en offside

Horas después de la tragedia, la Municipalidad emitió un comunicado por el que se desliga de toda responsabilidad. “El intendente Juan Pablo de Jesús decretó tres días de duelo y confirmó que se presentará ante la Justicia como particular damnificado junto a las familias de las víctimas, iniciando una demanda inmediata contra la empresa constructora”, reza la gacetilla de prensa, en la que además se señaló que “Grupo Perfil, que salió adjudicada en la licitación y llevaba adelante la obra, deberá explicar este trágico hecho. Es nuestro compromiso con todos los vecinos”.

Con el pasar de los días, no obstante, se dieron a conocer ciertos hechos por los que el Municipio quedó más comprometido. Por caso, el Colegio de Arquitectos reveló que no registró antecedentes de la construcción ya sea por el ingreso de legajo, planos, contratos o datos de los profesionales responsables de las tareas de proyecto y dirección técnica, representante técnico de la empresa constructora, ni responsable del servicio de seguridad e higiene en el trabajo, “siendo todas esas figuras profesionales con las que debería la obra cumplir, de acuerdo a la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires”.

En esta línea señalaron que “el Colegio no cuenta con atribuciones suficientes para ingresar a las obras en construcción, a fin de realizar inspecciones y constataciones. Tales atribuciones corresponden a las autoridades municipales, en el ejercicio del poder de policía que las leyes les otorgan”.

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