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Contra la evasión: la Provincia pone la mira en la cadena de carne porcina
En línea con el sistema de fiscalización que implementó desde el año pasado en la cadena bovina y bubalina, la Agencia de Recaudación dispuso, a partir del 1 de junio próximo, un régimen de pago a cuenta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para todos los establecimientos de faena, matarifes, consignatarios y demás operadores dedicados a la producción y comercialización de hacienda y carne porcina.
Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que “junto a la AFIP y el Ministerio de Agroindustria nacional estamos avanzando con medidas conjuntas para formalizar la actividad de quienes producen y comercializan carne de cerdo, de manera de reducir la evasión en el sector”, y destacó que “llevamos adelante un trabajo similar al que ya realizamos en toda la cadena vacuna”.
El sistema articulado por los tres organismos prevé la utilización de un registro fiscal en el que deben inscribirse los operadores, el cruce electrónico de datos, la puesta en marcha de distintos mecanismos de control y la inclusión de los contribuyentes del rubro en regímenes tributarios de percepción, pago a cuenta y retención que abarcan tanto al IVA como a Ingresos Brutos.
“Nuestro objetivo es unir esfuerzos para lograr un esquema de fiscalización más eficiente, que otorgue transparencia a todas las operaciones vinculadas con la cadena de la carne porcina. De esa forma, podremos combatir las irregularidades, proteger a los cumplidores y fortalecer la actividad productiva”, resaltó Fossati.
Los resultados favorables de la acción fiscalizadora conjunta desarrollada por la provincia de Buenos Aires y la Nación respecto de los operadores de la cadena de producción y comercialización de carne bovina y bubalina, que mejoró el nivel de cumplimiento tributario de esos contribuyentes, llevó ahora a replicar ese sistema integrado sobre las haciendas y faenas porcinas.
Esa labor coordinada entre ARBA, la Administración de Federal de Ingresos Públicos y el Ministerio de Agroindustria nacional apunta a lograr una mayor eficiencia en la formalización de la economía, lo que implica también ampliar la base de contribuyentes, distribuir equitativamente la carga tributaria y otorgar beneficios a quienes cumplen con sus obligaciones.