El referente del peronismo marplatense Marco Antonio Leiva analiza para La Tecla.info las implicancias del acuerdo firmado por nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por Marco Antonio Leiva.

Mientras todas las miradas estaban puestas en el Congreso, donde nuestro país hacía historia en materia de derechos, el gobierno hizo pasar a espaldas de los ojos argentinos el elefante más temido: el ajuste que vendrá a partir del acuerdo con el FMI. Todos los detalles están plasmados en una carta de intención que el Ejecutivo envió al organismo multilateral de crédito, que se difundió ayer y que lleva la firma de Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, quien con esa misma la lapicera firmara horas después su renuncia. Es decir, una vez firmado el documento que nos condenaría a todos los trabajadores a, por lo menos, 3 años de un acuerdo “stand-by” con el FMI, Sturzenegger se corría —o era corrido— de la escena para darle una nueva versión de “super poderes” al ministro Dujovne, como los tuviera Cavallo durante la crisis que empezó de igual manera en 2001.

Las 33 páginas de la carta junto a los dos anexos que la acompañan establecen los términos del brutal ajuste que vendrá de la mano de los 50 mil millones de dólares que enviará el FMI. La misma habla de “racionalizar el empleo público”, un eufemismo para luego pasar la tijera y recortar a los empleados del Estado. Según dice la carta, se buscará que el gasto en personal caiga del 3,2 por ciento del PBI en 2017 al 2,7 por ciento hacia el final del programa contemplado en 2020. Las propuestas para lograrlo son:

– No renovar cargos en puestos no prioritarios
– Congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años
– Eliminar las posiciones redundantes

Añadido a esto, habrá recorte de presupuesto para las empresas públicas, donde se habla de “cancelación de contratos existentes”. En otras palabras, los empleados del Estado que no sean funcionales al plan de negocios que está llevando a cabo el gobierno neoliberal serán, básicamente, eliminados del sistema para poder seguir pagando salarios altísimos a funcionarios que defiendan las políticas de ajuste que se están llevando a cabo y que se reforzarán a partir de ahora. Lo que el gobierno necesita en este momento es tener empleados sólo a aquellos que estén dispuestos a negociar en base a la continuidad del modelo de ajuste y represión que se requieren para llegar, por lo menos, a 2019 conteniendo el estallido social.

En este sentido, los recortes en los empleos públicos no se darán en materia de “seguridad”, ya que el ministerio de Patricia Bullrich sigue a contramano de lo que se indica como un plan de ajuste y sigue sumando fuerzas y reforzando armamento de cara a lo que serán las próximas represiones. En los días previos al envío de esta carta de intención, el gobierno de Mauricio Macri estuvo preparando las directivas para las fuerzas represivas ya que en breve se estará tratando nuevamente la reforma laboral en el Congreso y para “contener” el “malestar” social, la ministra Bullrich tiene carta blanca para reprimir con mucho más ahínco a todos quienes vayamos a reclamar por los derechos que nos siguen arrebatando.

“Los ancianos viven demasiado…”

Otro de los capítulos más controvertidos y dolorosos es el que se refiere a los jubilados y los fondos de la ANSES. El memorándum promete “amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas incluidas en la Ley de Reparación Histórica”. De esta forma, se afectaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una reserva que tienen los jubilados y los sectores vulnerables para afrontar frentes de tormenta.

La promesa del gobierno al FMI incluye “introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo”. En otras palabras, el sistema previsional tiene que ser un buen negocio o de lo contrario no puede funcionar. Y para que esto ocurra, los jubilados tienen que ganar lo menos posible para que las ganancias sean mayores. A estos fines, la dolarización de la economía ha sido un factor de depreciación del poder adquisitivo ya que, al estar los precios y las tarifas sujetas al precio de la moneda estadounidense, con un acuerdo previo de paritarias con un techo de 15 por ciento cuando el peso argentino, en lo que va del 2018, ya se devaluó un 40 por ciento es la garantía de que los trabajadores paguemos el costo de tener una administración que nos quiere ahogar definitivamente.

Como resultado, el “problema” de la longevidad empezaría a corregirse, ya que si hoy hay jubilados que no comen para pagar los servicios, lo que seguirá serán los jubilados que no vivan para no endeudarse. Y otro tanto para todos los demás trabajadores que hoy, sin haberse aplicado a fondo lo que resta del plan de negocios, ya estamos teniendo que decidir qué servicios podemos pagar y cuáles no para poder seguir comiendo y pagando el techo que nos cubre las cabezas.

El crecimiento invisible, intangible e imposible

La obra pública también se verá afectada. El gobierno propone anular todos aquellos que no sean “proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país”. Esto, por supuesto, es una forma elegante de decir que no se va a hacer nada que no sea importante para los negociados del mismo gobierno, que en estos términos ya estaría teniendo todo el entramado preparado para finalizar con el plan de saqueo y destrucción de todo el pueblo.

Y para que el golpe a los trabajadores sea fulminante, los tarifazos seguirán siendo la norma para aumentar al máximo la presión sobre las espaldas de las mayorías populares. En su frenética idea de reducción del déficit fiscal, el Ejecutivo se comprometió a reducir subsidios en materia de transporte y energía en 1,1 por ciento del PBI. Según el esquema que establece la carta, buscan que el costo del gas cubierto por los consumidores pase del 80 por ciento en 2017 al 90 por ciento en 2020. Y para la energía la aceleración será mayor: del 60 por ciento en 2017 al 90 por ciento en 2020.

Entonces tenemos que ser observadores y estar atentos, porque mientras estábamos celebrando el principio de una gran transformación social y cultural, nos estaban quitando derechos y posibilidades de cara a un futuro que se ve cada vez más oscuro y complejo. Tenemos que estar unidos y organizados porque así como demostramos que cuando queremos defender una causa podemos copar las calles y militar hasta lograr que se haga ley, es necesario hacerlo ahora en torno a la defensa de nuestras libertades y de nuestro futuro, porque nos están destruyendo y no quedarán más que escombros de lo que con tanto esfuerzo construimos si no hacemos algo pronto. Que no nos gane la resignación.

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