Una presentación ante el Tribunal de Cuentas y otra en la Justicia jaquean al jefe comunal de Cambiemos. Presuntos delitos y despilfarro, en un municipio con un déficit millonario
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Un número significativo de historiadores consideraron que la Vía Romana, la ma-nera de vivir en la Roma antigua, fueron cualidades que le dieron a esa república la fuerza moral para conquistar y civilizar al mundo. Valores asociados, en muchas ocasiones, a la mitología, y teniendo a figuras como el emperador Marco Aurelio como exponente.
Lejos de las divinidades, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, es puesto por estas horas como la antítesis de los virtuosos de la antigüedad. La oposición dispara sobre él sin piedad, acusándolo de despilfarros, bacanales y otros pecados terrenales.
El manto de sospecha lo extendieron los concejales de Unidad Ciudadana en ese distrito, quienes dijeron sentirse sorprendidos por gastos suntuosos, a los que calificaron de “absurdos, innecesarios y reprochables”.
Estas erogaciones y las trabas que impuso el Ejecutivo para el acceso al RAFAM (el sistema de Reforma de Administración Financiera en el Ambito Municipal que busca mejorar el acceso a la información sobre los recursos públicos) fueron los argumentos por los que los ediles kirchneristas hicieron una presentación ante el Tribunal de Cuentas. La misma se realizó en Zárate, ante la jefa de delegación del organismo de control, Mónica Berra. Sin embargo, la tormenta se transformó en un ciclón con una segunda presentación, por la acumulación de varios presuntos delitos, llevada a cabo ante la Justicia por la exconcejal Cecilia Vázquez, ahora enrolada en el massismo. Los denunciados: el intendente Salazar y varios de sus funcionarios, con cargos como “falsedad ideológica de instrumentos públicos, malversación agravada, peculado, dádivas y encubrimiento”.
La demanda apunta a lo que consideran desmesurada salida de dinero hacia “adherentes, encubridores, familiares, amigos, novias, novios, amantes, becarios, lamedores, aplaudidores y alca-huetes”, apuntando al financiamiento de la campaña electoral como motivación. Para ello, asegura la exedil, se ha procedido a “actos falsos y acudido a sistemas de pagos, reintegros o transferencias palmariamente ilícitos”.
La denuncia señala que dichas erogaciones se han justificado por la existencia de una emergencia económica que rigió en 2016, pero que no fue prorrogada, por lo que habrían sido “ilegales”.
Dichos desvíos de fondos fueron realizados en al menos 17 ocasiones, según consta en la denuncia, por un monto estimado en más de 100 millones de pesos.
En diálogo con La Tecla, Salazar descartó las acusaciones y reiteró que todo fue hecho según la legalidad y sin señalamientos por parte del Tribunal de Cuentas. En ese sentido añadió que el Tribunal envía inspecciones, y que él es “uno de los intendentes menos sancionados”.
La oposición denuncia que “se han pagado hasta las viandas de los fiscales partidarios durante las PASO 2017 y las elecciones generales de octubre del mismo año”, aseverando que “no existió reunión política partidaria o de gestión que no estuviese amenizada con delicadezas gastronómicas, mientras algunos funcionarios parece que han gastado viáticos por $1.500 diarios”.
A ello se suma otra presentación del kirchnerismo ante el Tribunal de Cuentas por gastos superfluos, aunque el concejal Rodolfo Trelles reconoce que no observaron actos delictivos.
“Los que nos denuncian hoy son los que destruyeron a San Pedro”
El intendente Salazar fue consultado por La Tecla acerca de las denuncias en contra de su administración. “Es una causa que no tiene ningún tipo de sustentación, pero estamos a disposición de la Justicia. Ya presentamos ante el Tribunal de Cuentas la documentación que se nos requirió. Creemos que la presentación de Unidad Ciudadana tampoco tiene sustento”, aseguró.
El jefe comunal añadió: “Sabemos que hemos hecho las cosas muy bien, estamos casi primeros en cuanto a certificación de obras en la Provincia, y creo que eso les molesta”. Además expresó que “lo que le pasa a la oposición es que están sufriendo la abstinencia de poder, no pueden aceptar que han perdido y que les va a costar mucho volver a ganar. Por eso recurren a este tipo de cosas”.
Salazar apuntó los cañones contra sus detractores: “Los que nos denuncian hoy, hasta hace poco estaban todos juntos; son los que destruyeron a San Pedro, que nos dejaron una situación económica muy complicada, con más de 100 millones de dólares de deuda”. El mandamás sanpedrino agregó: “Nos dejaron una situación social terrible, con el hospital cerrado, barrios enteros totalmente abandonados, y hoy, eso lo hemos reconstruido”. El alcalde recordó que la emergencia de la que se habla “fue en 2016, y el Tribunal de Cuentas no nos observó nada”.
“Creo que los que denuncian se ven lejos del poder, que tuvieron durante años. Tienen abstinencia de poder”, cerró.
Una denuncia que alcanza a Salazar y a varios funcionarios
Entre los denunciados por la exconcejal Vázquez ante la UFI N° 11 de San Pedro se encuentran, además del intendente Cecilio Salazar, el secretario de Gobierno, Silvio Corti; el secretario de Economía y Hacienda, Mario Sánchez Negrete; el presidente del Consejo Escolar, Gustavo Liloff; y el exsecretario Privado y de Prensa del intendente, Jonathan Galván, ahora director administrativo del Concejo Deliberante de San Pedro.
“Se enviaron al bolsillo de varios funcionarios 3 millones de pesos”
La exconcejal Cecilia Vázquez aseguró a La Tecla que un punto sospechoso tuvo que ver con dineros para Educación. “Un grupo de padres de una cooperadora pedía ayuda para arreglar el jardín, que cumplía años, cuando yo había visto partidas del Fondo Educativo para hacer obras”, afirmó.
Tras la aprobación de la Rendición de Cuentas por parte de la mayoría oficialista, que incluyó una deuda de 102 millones de pesos (“el mayor déficit de San Pedro en su historia”, según la edil), siguió sumando hechos y datos.
Entre ellos menciona que se destinó un millón de pesos para proveer de internet a todos los establecimientos educativos de San Pedro, pero una “pesquisa personal” le indicó que eso nunca sucedió, y los que lo tuvieron fueron gracias al aporte de asociaciones cooperadoras o asociaciones de padres.
También refiere la existencia de dos decretos vigentes, mediante los cuales habrían asfaltado 12 cuadras dos veces, con 40 días de diferencia. “Muestra un posible peculado, ya que el monto de uno de los asfaltados fue sustraído del presupuesto sin causa o con una causa falsa. Este monto resulta de los afectados por ley provincial (fondo sojero)”, señaló.
Según la denuncia, la emergencia fue utilizada para disponer de unos 100 millones de pesos, de los cuales, alrededor de 3 millones habrían ido a parar al bolsillo de funcionarios vía reintegros.
El caso del “rey del palito” y el “príncipe de los retornos”
Según consta en el texto de la denuncia, un caso particular lo constituye el de Jonathan Galván, alias “El príncipe de los retornos”, y su suegro, Pablo Quiroga, conocido como “El rey del palito” (siempre de acuerdo al texto), por su afición a tomar fotos al intendente con su stick selfie. El primero acumula cobros por gastos en sushi, bombones, lechones a precio de oro; mientras que Quiroga cobraría miles de pesos por cada imagen.
Además cobra desde hace varios meses por el alquiler de un local destinado a un centro cultural, que aún no fue puesto en funcionamiento. Vázquez también denuncia que el Ejecutivo de Salazar jamás cumplió con la obligación de informar sobre el destino de los casi 21 millones enviados por la Provincia por Emergencia en Seguridad.