16 de julio de 2018
DENUNCIAS
Municipio peronista declara la emergencia educativa
Un proyecto del bloque FPV-PJ alerta sobre las restricciones en políticas públicas y en el financiamiento educativo. En sus fundamentos, señalan la paralización de obras de infraestructura, deficiencias del SAE, la reforma del Bachillerato de Adultos o el recorte de equipos de Orientación, entre otras preocupaciones.
El Concejo Deliberante de Hurlingham declaró la emergencia educativa en el distrito, rechazando lo que consideran una política de desfinanciación del área por parte de los gobiernos nacional y provincial.
El proyecto de resolución, presentando por el bloque del FPV-PJ junto con gremios docentes, incluye un relevamiento de la situación en el municipio, tras lo cual expresaron su solidaridad con los reclamos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).
En la iniciativa, los ediles consideran que “este año son mayores las restricciones en las políticas públicas y en el financiamiento educativo, siendo cada vez más notorio el proceso de desfinanciamiento de la Educación Pública, impactando en la cotidianeidad de las escuelas y en el desarrollo social del proyecto educativo”.
El informe realizado advierte acerca de la "paralización de las obras de infraestructura escolar en el distrito; la crítica situación del Servicio Alimentario Escolar que requiere 3.000 nuevos cupos y más fondos para cubrir la necesidad alimenticia; la ampliación de cobertura para los cargos; la reforma unilateral en el Bachillerato de Adultos, que cercenó el derecho a la educación a más de 400 estudiantes; la reforma del rol de los Equipos de Orientación Escolar; la disminución de horas del plan de estudios de la currícula de educación técnica y la inequidad del sistema de licencias establecido", entre otras.
Con apoyo del Frente Renovador y Unidad Ciudadana y el rechazo del bloque de Cambiemos, el proyecto asegura en sus fundamentos que “tanto el Estado provincial como el nacional tienen responsabilidades indelegables como garantes de la educación pública gratuita y de calidad, el derecho social a la educación y el resguardo de los derechos de los docentes”.